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Gallardo redobla la presión por el RIGI: “Tierra del Fuego no puede quedarse afuera de la mayor ventana de inversiones en décadas”

El contador Ramón Gallardo volvió a insistir en que la Legislatura fueguina debe adherir al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones. Sostiene que el esquema garantiza estabilidad jurídica por 30 años, habilita arbitraje internacional, fija beneficios fiscales claros y abre oportunidades en siete de los ocho sectores estratégicos contemplados. “Si 19 provincias ya adhirieron, nosotros no podemos mirar desde afuera”, advirtió.

Río Grande.- A horas del inicio del período de sesiones ordinarias del parlamento provincial, el contador Ramón Gallardo volvió a instalar con fuerza el debate sobre la adhesión de Tierra del Fuego al RIGI —Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones— y planteó que la provincia se encuentra ante una “decisión estratégica” que definirá su perfil productivo en los próximos años.

“El principal atributo del RIGI es la estabilidad. Le garantiza al inversor que durante 30 años no le van a modificar los beneficios adquiridos. Y ante cualquier controversia, no interviene la justicia argentina sino un tribunal arbitral internacional. Eso da previsibilidad”, explicó en diálogo con Info3Noticias.

 

Estabilidad, arbitraje y reglas claras por tres décadas

 

El régimen —creado a nivel nacional y recientemente prorrogado hasta el 8 de julio de 2027 mediante el Decreto 105/26— amplió el plazo para la presentación de nuevos proyectos. Originalmente, la ventana vencía el 8 de julio de 2026, a dos años de su entrada en vigencia (8 de julio de 2024).

Gallardo remarcó que el corazón del esquema radica en la garantía de estabilidad fiscal y normativa por 30 años. “Si se alteran los beneficios, el inversor puede recurrir a arbitraje internacional. Eso es una garantía superior a cualquier otro régimen que haya tenido la provincia”, subrayó.

El contador también destacó que el impuesto a las Ganancias se reduce del 35% al 25%, tributo que además es coparticipable con las provincias. “Eso significa ingresos para Tierra del Fuego”, enfatizó.

 

Siete de ocho sectores estratégicos están en la isla

San Juan lidera la radicación de los proyectos presentados al RIGI, con la minería como estandarte y USD 25.029 MM. Le siguen Río Negro, con el proyecto de GNL y USD 18.289 MM. Catamarca cierra el podio con USD 8.654 MM.

El RIGI está orientado a ocho sectores, con una inversión mínima de 200 millones de dólares:

 

*- Foresto-industria

*- Turismo

*- Infraestructura

*- Minería

*- Tecnología

*- Siderurgia

*- Energía

*- Hidrocarburos (Petróleo y Gas).

 

El estancamiento del subrégimen industrial

 

Gallardo fue particularmente crítico respecto del presente del subrégimen industrial amparado en la Ley 19.640.

Recordó que, si bien el Decreto 727/21 prorrogó por 30 años el esquema para la industria electrónica y otros sectores, y el Decreto 594/23 extendió el textil por diez años, desde 2003 no se aprueban nuevas radicaciones industriales bajo ese paraguas.

“El último decreto que permitió nuevas industrias fue el 490 de 2003. Después nunca más. Cualquiera puede venir a fabricar televisores, pero sin beneficios no va a venir nadie”, explicó.

También evocó el caso de Informática Fueguina S.A., instalada bajo el Decreto 916/2010 para producir netbooks, que llegó a emplear 123 trabajadores y cerró tras la eliminación de aranceles del 35% a la importación durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Hoy el subrégimen no tiene margen de crecimiento y enfrenta una apertura importadora que exige mayor competitividad”, advirtió.

 

Petróleo y gas: beneficios intermitentes y desigualdades

 

“Salvo la siderurgia, tenemos potencial en todos los demás”, sostuvo Gallardo.

En materia hidrocarburífera, explicó que el nuevo decreto incorporó la posibilidad de inversiones “costa adentro” con un piso de 600 millones de dólares, ampliando el alcance que antes estaba más concentrado en offshore.

Justamente en el sector hidrocarburífero, Gallardo repasó el vaivén normativo: el Decreto 751/2012 eliminó beneficios; el 1079/18 los restituyó pero dejó pendiente reglamentación; recién en 2022, con la Resolución 625/22 de la Secretaría de Energía definió qué se consideraba “nuevo emprendimiento”.

“Así se instaló el proyecto Fénix, mientras otras empresas quedaron con el régimen anterior y pagan todos los tributos. Esa incertidumbre es permanente”, señaló.

A su juicio, con el RIGI vigente a nivel nacional, resulta improbable que el Ejecutivo apruebe proyectos bajo esquemas anteriores.

 

 

19 provincias ya adhirieron

 

De las 24 jurisdicciones argentinas, 19 ya se adhirieron al régimen. Solo restan Formosa, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires y Tierra del Fuego.

“Seríamos la provincia número 20. Y muchas compiten por las mismas inversiones que nosotros”, planteó.

Además, señaló que existen proyectos aprobados por casi 25.000 millones de dólares y otros en evaluación por más de 62.000 millones.

 

Divisas, dividendos y previsibilidad

 

Uno de los puntos que Gallardo considera centrales es la libre disponibilidad de divisas. Bajo el RIGI, los inversores pueden girar dividendos al exterior sin las restricciones que hoy rigen bajo control del Banco Central.

“Empresas radicadas en la isla recibieron bonos BOPREAL para cancelar dividendos retenidos. Recién con balances cerrados al 31 de diciembre de 2025 podrán disponer plenamente. El RIGI elimina esa incertidumbre”, afirmó.

También aclaró que las provincias adheridas no podrán crear nuevos tributos para esos proyectos, salvo los vigentes al 31 de diciembre de 2023.

 

Respuesta a las críticas

 

Gallardo rechazó las objeciones más frecuentes:

 

*- Dominio de recursos naturales: el RIGI no modifica el artículo 124 de la Constitución; el dominio sigue siendo provincial.

 

*- Impacto ambiental: las competencias ambientales continúan en manos de las provincias; la Nación fija solo presupuestos mínimos.

 

*- Reinversión de utilidades: si los dividendos se distribuyen luego de siete años, la alícuota se reduce a la mitad (3,5% en lugar de 7%).

 

“Se le teme por desconocimiento. Nunca se llamó a debatirlo en profundidad”, lamentó.

 

Infraestructura, energía y turismo: la matriz pendiente

 

De las 24 jurisdicciones argentinas, 19 ya se adhirieron al régimen. Solo restan Formosa, La Pampa, La Rioja, Buenos Aires y Tierra del Fuego. “Seríamos la provincia número 20. Y muchas compiten por las mismas inversiones que nosotros”, planteó Gallardo.

Gallardo visualiza oportunidades en infraestructura portuaria, petroquímica, procesamiento de gas y petróleo, energías renovables y desarrollos turísticos de gran escala.

“Si el proyecto se realiza dentro de la isla y no exporta, está exento por la Ley 19.640. Pero si exporta, debe encuadrarse en el RIGI. Y ningún proyecto grande viene solo para abastecer a 185 mil habitantes”, razonó.

También recordó que resoluciones como la 47/2018 —que impulsó valor agregado en madera y agua— carecen de la estabilidad jurídica de una ley y pueden modificarse con facilidad.

 

La decisión política

 

Según el contador, el Poder Ejecutivo fueguino ha dado señales favorables tras la aprobación de la ley de acuicultura y analiza una eventual adhesión con beneficios adicionales, al estilo de Córdoba, que premia mayor empleo local y valor agregado.

“La provincia deberá salir a ofrecer lo que tiene. Foresto-industria, turismo, petróleo y gas. No podemos quedarnos afuera mientras el resto pelea por esas inversiones”, observó.

Para Gallardo, la discusión no es ideológica sino estratégica: “Siempre nos tocaron los beneficios. El RIGI da estabilidad por 30 años. Esa es la diferencia. Tierra del Fuego tiene que decidir si quiere ser protagonista o espectadora”, finalizó diciendo.

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