radiouniversidad.com.ar

El senador por Magallanes sostuvo que el acuerdo fue tramitado con rapidez y sin debate suficiente sobre sus implicancias geopolíticas, jurídicas y soberanas en el extremo sur. Advirtió sobre ambigüedades respecto a los reclamos antárticos y pidió que Chile ordene su política marítima antes de asumir compromisos internacionales.

Punta Arenas.- El senador chileno por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, expresó fuertes cuestionamientos a la reciente aprobación del denominado Tratado de Alta Mar —o Acuerdo BBNJ— y advirtió que su ratificación se realizó de manera apresurada, sin un análisis profundo de sus efectos estratégicos en el mar austral y en el sistema antártico.

En una columna de opinión, el legislador planteó que Chile aún no asume plenamente su condición de país marítimo y sostuvo que decisiones de este tipo, tomadas sin una política de Estado clara, pueden debilitar la posición del país en el extremo sur.

Un espacio marítimo “estratégico” en el escenario global

Kusanovic remarcó que la Región de Magallanes concentra el espacio marítimo más extenso y sensible del país, no sólo por su condición bioceánica sino por su rol en la regulación climática global, su riqueza pesquera y su función como corredor natural hacia la Antártida.

En ese sentido, subrayó que el área constituye un punto clave de conexión entre el Atlántico, el Pacífico y el océano Austral, lo que le otorga una relevancia que trasciende lo regional y la ubica dentro de la arquitectura geopolítica contemporánea.

El senador señaló que, en un contexto internacional marcado por la competencia entre grandes potencias por rutas, recursos y posiciones estratégicas, los territorios australes han dejado de ser periferias para transformarse en piezas centrales del tablero global. Como ejemplo, mencionó el creciente interés internacional en Groenlandia.

Críticas a la tramitación del Tratado de Alta Mar

El legislador cuestionó especialmente la rapidez con la que el tratado fue aprobado en el Congreso chileno, afirmando que no existió un debate suficiente sobre sus efectos específicos en el mar austral ni en la zona antártica, donde confluyen intereses estratégicos de largo plazo y un régimen jurídico excepcional.

Uno de los puntos más sensibles señalados por Kusanovic es que el acuerdo prohíbe formular reservas, lo que —según sostuvo— impidió que Chile pudiera dejar constancia jurídicamente vinculante de su posición respecto de los reclamos territoriales y marítimos en la Antártica.

A su entender, el tratado no reconoce explícitamente dichos reclamos, lo que podría situar a los espacios marítimos adyacentes al Territorio Antártico Chileno en una zona de ambigüedad incompatible con una política exterior responsable.

El Estado chileno recurrió a una declaración interpretativa al momento de la ratificación, pero el senador advirtió que este instrumento tiene un alcance jurídico limitado, ya que no sustituye una reserva formal ni genera obligaciones para terceros países.

Posibles tensiones con el sistema antártico

Kusanovic también señaló que el tratado se aplica a áreas fuera de jurisdicción nacional, pero recordó que en la Antártica no existe consenso pleno sobre cuáles son esas áreas, dado que el Tratado Antártico congeló los reclamos de soberanía sin resolverlos.

Desde su perspectiva, la superposición entre un nuevo régimen global y el sistema jurídico especial antártico —que ha garantizado estabilidad por más de seis décadas— no fue analizada con la claridad ni la prudencia necesarias.

Asimismo, manifestó preocupación por la creación de nuevas instancias institucionales dentro del acuerdo, como la Conferencia de las Partes, que podrían solaparse con organismos centrales del régimen antártico, en particular la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Según indicó, este diseño introduce incertidumbre normativa en un espacio que exige consenso científico, coherencia jurídica y cautela política.

Cuestionamientos a la política marítima chilena

El senador vinculó la aprobación del tratado con lo que definió como una secuencia de decisiones desacertadas en la política marítima chilena durante la última década.

Entre ellas mencionó la reacción frente a la presentación argentina de 2009 sobre la plataforma continental, medidas vinculadas a buques con bandera de Malvinas, la creación de áreas marinas que —según sostuvo— excluyeron espacios estratégicos, y decisiones recientes relacionadas con el principio de neutralidad del Estrecho de Magallanes.

Para el legislador, estos episodios reflejan un problema estructural: la ausencia de una visión marítima integral sostenida como política de Estado.

Pedido al Gobierno chileno

Finalmente, Kusanovic expresó preocupación por que la Cancillería haya presentado el Tratado de Alta Mar como un instrumento meramente técnico y ambiental, sin transparentar —según sostuvo— sus implicancias estratégicas ni las tensiones jurídicas que podría introducir en el sistema antártico.

Como primera señal de corrección, planteó que Chile no debería postular a Valparaíso como sede del tratado hasta ordenar previamente su posición jurídica y definir con claridad su interés estratégico en el mar austral.

El senador concluyó que la soberanía, particularmente en espacios australes y marítimos, no puede administrarse con gestos simbólicos sino mediante visión, coherencia y determinación política.