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Tras años de negociaciones, entra en aplicación el pacto internacional para proteger ecosistemas marinos, con respaldo de economías clave y la exclusión de potencias como Estados Unidos, mientras la ONU subraya su importancia para el desarrollo sostenible y el clima global

Río Grande.- El Tratado sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar) entró oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026. Este acuerdo histórico, adoptado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), establece por primera vez un marco legal para proteger la vida en aguas internacionales, que representan aproximadamente el 64% de la superficie de los océanos.

El respaldo de grandes economías como China, Alemania, Japón, Francia y Brasil consolidó la validez jurídica del Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, cuya entrada en vigor se produce este sábado tras 120 días de la ratificación mínima requerida, según datos de la agencia de comercio de la ONU citados por la prensa internacional. De acuerdo con la información difundida por el medio, la adhesión de 83 países al pacto otorga la obligación legal de incorporar sus disposiciones a las legislaciones nacionales respectivas, mientras organismos de Naciones Unidas destacan el peso especial del respaldo chino, debido a la magnitud de sus industrias vinculadas al océano, entre ellas construcción naval, acuicultura, pesca y explotación de hidrocarburos marinos.

Según detalló la agencia de noticias, el tratado apunta a proteger y garantizar un uso sostenible de más de dos tercios de los océanos, específicamente en las áreas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional y comprenden alrededor del 90% del hábitat del planeta en términos de volumen. El medio reseñó que esta área, antes desprovista de reglas globales precisas, queda ahora regida por un marco jurídico vinculante que limita la explotación indiscriminada y promueve el uso responsable de los bienes marinos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, celebró la entrada en vigor del tratado y afirmó en redes sociales: “Es una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”, planteando que la alta mar dejará de ser un territorio definido por la ausencia de regulación.

El secretario general de la ONU y diversas agencias señalan que el tratado representa un paso significativo para el avance de la Agenda 2030 y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal, al establecer nuevas vías de cooperación internacional en la protección y el desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos. El medio precisó que el tratado se fundamenta en la Convención del Derecho del Mar, pero otorga mayor contundencia al marco legal sobre biodiversidad fuera de jurisdicciones nacionales, involucrando a otros actores y facilitando la colaboración científica y técnica.

La ratificación, según consignó el medio, implica que los estados firmantes deberán implementar las disposiciones en el nivel interno, adecuando leyes y regulaciones conforme al nuevo instrumento legal. El tratado incorpora cuatro elementos centrales. El primero establece un sistema para regular la distribución equitativa y justa de los beneficios económicos y científicos derivados de las actividades sobre recursos genéticos marinos, de modo que puedan aprovecharse para beneficio público global, según informó la fuente.

Otra disposición relevante obliga a la creación de áreas marinas protegidas orientadas a la conservación de ecosistemas vitales, la preservación de especies amenazadas y la protección de áreas del lecho marino con alto valor ecológico. El acuerdo exige la realización de estudios de impacto sobre actividades económicas como la pesca, la extracción de petróleo y gas, o nuevas formas de explotación industrial, con el objetivo de evitar daños ambientales irreversibles y permitir una gestión preventiva, reportó el medio.

Dentro de las obligaciones recogidas figura también la evaluación del impacto de las actividades en la alta mar sobre variables como el cambio climático y la acidificación oceánica, lo que, según la ONU, marca un avance para regular de manera efectiva el efecto de la actividad humana fuera de jurisdicciones estatales. El Tratado de Alta Mar facilita, además, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional enfocada en los países en desarrollo, dotándolos de herramientas legales y técnicas para cumplir los objetivos de sostenibilidad y reducir desigualdades en el uso de los recursos oceánicos, de acuerdo a lo consignado por el medio consultado.

El instrumento internacional incluye un mecanismo financiero destinado a avalar la implementación de las obligaciones contraídas, y establece una vía de resolución de disputas para los países que integren el tratado. Litigios por interpretación o aplicación podrán solucionarse bajo reglas definidas por este marco multilateral.

La estructura institucional del tratado prevé la creación de una Conferencia de las Partes, con atribuciones de supervisión, además de un órgano científico y técnico y otras instancias auxiliares. Según publicó la fuente, la Conferencia de las Partes deberá sesionar en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del tratado, aunque existen ya trabajos preparatorios orientados a que esta primera reunión se lleve a cabo antes de fines de 2026.

Mientras tanto, el medio puso de relieve la ausencia entre los firmantes de Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. En particular, la ratificación estadounidense permanece aplazada tras el relevo en el gobierno, pese a que Washington aprobó el tratado en 2023. Este país figura entre los mayores exportadores de bienes relacionados con los océanos, alcanzando ventas por 61.000 millones de dólares el año pasado, según recogió la agencia de comercio de la ONU. El no involucramiento de estas potencias genera interrogantes sobre la cobertura del tratado y sobre las posibilidades de aplicación homogénea de sus disposiciones.

China, en contraste, exportó productos relacionados con el océano por 155.000 millones de dólares en 2023 y, de acuerdo con la ONU, su adhesión reviste especial relevancia, dada su influencia en cadenas globales de suministro y la presión ecológica sobre espacios marinos internacionales. Quitar a la alta mar la categoría de “tierra de nadie” y convertirla en un espacio de responsabilidad compartida figura entre los logros subrayados tanto por organismos internacionales como por gobiernos participantes, según reiteró el medio consultado.

Las autoridades de las Naciones Unidas han destacado que la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar abre la puerta al cumplimiento de metas clave establecidas por la comunidad internacional, entre ellas la protección del 30% de la superficie oceánica global para 2030, un objetivo respaldado por acuerdos como el Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal. La implementación efectiva del tratado dependerá ahora de la actualización de marcos nacionales y del desarrollo de mecanismos comunes para el monitoreo y la gobernanza de los ecosistemas marinos, conforme explican los informes recogidos por la prensa.

Los representantes de los países firmantes y las dependencias técnicas internacionales trabajan ya en la identificación de zonas prioritarias para la creación de nuevas áreas protegidas, el desarrollo de protocolos comunes para la investigación científica en aguas internacionales y la consolidación de fondos para financiar la actividad de conservación. La próxima Conferencia de las Partes deberá definir los procedimientos y calendario para poner en práctica las medidas previstas en el texto, así como el funcionamiento de los órganos establecidos por el tratado, concluye la información publicada por el medio.

Pilares Fundamentales del Tratado

El acuerdo se estructura sobre cuatro áreas clave para la gobernanza oceánica:

Áreas Marinas Protegidas (AMP): Permite la creación de santuarios en alta mar para conservar ecosistemas críticos y especies vulnerables.

Recursos Genéticos Marinos: Regula el acceso y asegura el reparto justo de los beneficios derivados de descubrimientos biológicos (como nuevos medicamentos) realizados en aguas internacionales.

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Establece la obligación de realizar estudios previos antes de iniciar actividades que puedan dañar el medio marino en zonas no reguladas.

Transferencia de Tecnología: Garantiza que los países en desarrollo reciban apoyo técnico y científico para participar en la conservación oceánica.

Estado Actual (febrero 2026)

Entrada en vigor: El tratado se activó tras alcanzar el umbral necesario de 60 ratificaciones en septiembre de 2025.

Participación: Hasta la fecha, más de 80 países han ratificado el acuerdo. Chile fue el segundo país del mundo en ratificarlo, seguido por otros países de la región como México y Perú.

Objetivo 30×30: El tratado es una herramienta esencial para cumplir el objetivo global de proteger el 30% de los océanos para el año 2030.

La primera gran reunión de las partes para asegurar el cumplimiento y ejecución del tratado está programada para el transcurso de 2026.

Fuentes: InfoBae y ONU.