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Martilleros, escribanos y operadores alertan por mayores costos y demoras en las ventas, mientras Catastro defiende la medida como una herramienta legal para reforzar la seguridad jurídica en las transacciones. El martillero riograndense Fernando Mauricio Allo expresó su sorpresa y preocupación por la resolución, señalando que el contexto actual del mercado inmobiliario ya es complejo y que la nueva exigencia podría agravar la situación.

Río Grande.- La implementación de la verificación de subsistencia del estado parcelario en Tierra del Fuego abrió un fuerte debate entre autoridades catastrales y actores del mercado inmobiliario. La medida —formalizada a través de la Resolución 201/2025— exige revisar la situación parcelaria de inmuebles cuya mensura tenga más de 20 años, condición necesaria para avanzar en operaciones como ventas, donaciones o transferencias.

Mientras desde el organismo provincial sostienen que se trata de una herramienta prevista por la legislación desde hace décadas y orientada a fortalecer la seguridad jurídica, distintos sectores profesionales advierten que la exigencia introduce costos elevados, burocracia adicional y posibles demoras que podrían paralizar operaciones.

La preocupación de los martilleros

El martillero riograndense Fernando Mauricio Allo expresó su sorpresa y preocupación por la resolución, señalando que el contexto actual del mercado inmobiliario ya es complejo y que la nueva exigencia podría agravar la situación.

Según indicó, obligar a realizar nuevas verificaciones parcelarias solo por la antigüedad del inmueble implica gastos no previstos para los propietarios —estimados en alrededor de mil dólares— además de trámites adicionales y demoras administrativas.

Allo sostuvo que la medida, implementada sin consenso previo con los colegios profesionales del sector, podría traducirse en una paralización de numerosas operaciones. Si bien aclaró que apoya toda normativa destinada a fortalecer la seguridad jurídica, cuestionó que se exija una nueva mensura incluso cuando el inmueble no sufrió modificaciones estructurales y posee títulos y planos vigentes.

También advirtió que, según trascendidos del sector, los certificados catastrales podrían emitirse observados o no habilitantes hasta completar la verificación, lo que dejaría muchas ventas en suspenso.

Críticas de operadores y colegios profesionales

El malestar no se limita a los martilleros. Distintos operadores inmobiliarios, escribanos y profesionales vinculados al sector señalaron que la resolución fue dictada a fines de diciembre sin un trabajo previo con las instituciones que intervienen en cada operación, como registros, municipalidades o agrimensores.

Desde algunos ámbitos profesionales incluso se cuestionó la aplicación inmediata de la norma por falta de coordinación técnica, advirtiendo que el mercado ya registra operaciones detenidas y certificados no habilitantes, situación que genera incertidumbre entre compradores y vendedores.

El principal cuestionamiento apunta a que la medida, aunque fundada en objetivos de control y actualización de información catastral, se implementa en un contexto económico delicado y añade costos que podrían desalentar las transacciones.

La defensa oficial: seguridad jurídica y modernización

Desde la Dirección General de Catastro provincial, encabezada por el agrimensor Martín Ibarra, defendieron la implementación de la verificación parcelaria señalando que la herramienta ya estaba contemplada en la normativa territorial desde 1980 y posteriormente reforzada por la Ley Nacional de Catastro.

El funcionario explicó que el objetivo central es asegurar que la parcela que ingresa al tráfico inmobiliario coincida con la realidad física y legal registrada, evitando inconsistencias que puedan derivar en conflictos posteriores.

La disposición fija una vigencia de 20 años para parcelas urbanas y 30 para rurales desde la mensura registrada. Una vez realizada la verificación, el organismo podrá emitir los certificados necesarios para las operaciones.

Ibarra también destacó el proceso de digitalización y modernización del sistema, asegurando que los certificados catastrales actualmente pueden emitirse en plazos de entre 48 y 72 horas, y que los planos de mensura no deberían superar los 30 a 60 días de trámite.

Seguridad jurídica vs. impacto económico

El debate refleja una tensión clásica entre control técnico y dinámica económica. Para Catastro, la verificación es una herramienta legal necesaria para garantizar claridad sobre el objeto territorial que se transacciona, muchas veces la inversión más importante de una familia.

Para operadores del mercado, en cambio, la aplicación inmediata y sin consensos puede generar el efecto contrario: frenar operaciones, encarecer costos y reducir previsibilidad en un sector ya golpeado por la caída de la actividad.

Mientras el organismo provincial prevé continuar reuniones informativas —incluyendo nuevas convocatorias en Ushuaia—, el sector inmobiliario reclama diálogo técnico y ajustes en la implementación para evitar que una norma pensada para dar seguridad termine impactando negativamente en el acceso a la vivienda y el movimiento del mercado.