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Esposas, hijos y pensionadas de efectivos retirados de la Policía de Tierra del Fuego difundieron dos duros documentos en los que cuestionan la legalidad del remate de un inmueble en Ushuaia. Denuncian falta de transparencia sobre la deuda, advierten que el proceso está judicializado y apuntan contra el Gobierno provincial por “mirar para otro lado” durante ocho meses de conflicto.

Río Grande.- Las esposas, hijos, pensionadas y familiares de policías retirados de la Policía Provincial de Tierra del Fuego hicieron público un fuerte pronunciamiento contra la decisión de avanzar con el remate de un terreno perteneciente a la Caja previsional del sector, al que calificaron como “la joya de la abuela, otra vez en remate”.

En dos extensos documentos, las familias cuestionan la legalidad del procedimiento, denuncian la falta de claridad sobre el monto real de la deuda que se pretende cubrir con la venta y apuntan tanto contra el directorio de la Caja como contra el Gobierno provincial por su rol en el conflicto.

“Una resolución no está por encima de la ley”

Uno de los ejes centrales del planteo es el cuestionamiento a las facultades del directorio para disponer la venta de bienes inmuebles en las condiciones actuales.

“Las leyes de la Caja son claras. Los directores no tienen facultades para vender bienes inmuebles en estas condiciones”, sostienen. En ese sentido, remarcan que una resolución del Tribunal de Cuentas no puede ubicarse por encima del marco legal vigente. “Otra vez una resolución pretendiendo estar por encima de la ley. Otra vez el atajo administrativo en lugar del respeto institucional”, afirman.

Para las familias, avanzar con el remate sin un encuadre legal sólido no solo vulnera la normativa vigente, sino que expone a la institución a futuros litigios. Advierten además que la situación ya se encuentra judicializada, lo que podría generar obstáculos al momento de escriturar el inmueble.

“Quienes eventualmente adquieran el terreno deben saber que no todo es tan simple como parece. Una resolución no puede estar por encima de la ley. ¿Quién asumirá esa responsabilidad?”, plantean.

Deuda incierta y riesgo patrimonial

Otro de los puntos más críticos del documento es la falta de precisión sobre el monto real de la deuda que se busca cancelar con la venta del predio.

“No existe claridad respecto del monto real de la deuda. Entonces, ¿se vende por vender?”, se preguntan. Según expresan, liquidar activos sin un diagnóstico preciso no constituye una política de gestión, sino un acto de improvisación.

En esa línea, también advierten que un segundo intento de remate —el primero quedó desierto— podría derivar en la aceptación de un valor inferior al precio base. “Cualquier persona con conocimientos mínimos sabe que cuando un inmueble va a remate por segunda vez, aun manteniendo el precio base, puede terminar aceptándose un valor menor”, señalan.

Para las familias, la operación no solo podría resultar insuficiente para cubrir la deuda, sino que implicaría la pérdida de patrimonio estratégico de la Caja sin garantías de solución estructural.

Ocho meses sin respuestas

El segundo documento, titulado “Cuando la Constitución molesta”, amplía el foco y apunta directamente al Gobierno provincial.

Allí recuerdan que durante ocho meses, 540 familias no habrían percibido lo que legalmente les corresponde, mientras —según denuncian— se permitió que resoluciones internas prevalecieran sobre decretos, leyes provinciales y nacionales e incluso sobre la Constitución Nacional.

En ese marco, citan una frase atribuida al secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossato: “Resuelva quien resuelva, aquí el tema de fondo es la inconstitucionalidad”. Las familias aseguran acompañar esa afirmación, pero se preguntan por qué esa mirada no se sostuvo a lo largo de todo el conflicto.

“¿Dónde estuvieron durante estos ocho meses?”, interpelan.

También cuestionan decisiones del Ejecutivo, como la erogación de 60.000 dólares para una presentación que califican de “equívoca”, en lugar de destinar esos recursos al pago de las obligaciones pendientes con los retirados.

“Si el Gobierno tenía 60.000 dólares disponibles para ese gasto, ¿por qué no los destinó a pagarle a la policía que dice admirar?”, preguntan, y remarcan que durante todo este tiempo no se concedieron entrevistas a las familias afectadas.

Sospechas y advertencias

El tono de los documentos escala hacia el final, donde se habla de una “convivencia peligrosa” entre el Estado provincial y el grupo que hoy administra la Caja. Incluso se menciona el antecedente del Hotel Basse, sugiriendo que podría formar parte de una estrategia más amplia para que el organismo termine bajo control del Gobierno.

“Hoy vinieron por los policías territoriales y sus familias. Mañana, ¿por quiénes irán?”, advierten.

En el cierre, las familias rechazan de plano la venta del terreno en Ushuaia “bajo una mentira” y reiteran que su postura no responde a caprichos ni especulaciones, sino al cumplimiento estricto de la ley.

“No queremos que se venda el terreno. No por obstaculizar. No por especulación. No por capricho. No queremos que se venda porque hacerlo así implica incumplir la ley”, sostienen.

Y concluyen con una frase que sintetiza el eje de su reclamo: “La verdadera responsabilidad no es vender patrimonio. Es cumplir la ley. Aunque eso incomode”.