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El contador fueguino analizó el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, la falta de competitividad de la producción nacional, el peso de los impuestos distorsivos y la urgencia de que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su matriz productiva.

Río Grande.- El reciente acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco firmado entre la Argentina y los Estados Unidos abre un escenario de oportunidades y desafíos para la economía nacional y, en particular, para provincias con alto potencial productivo como Tierra del Fuego. Así lo entiende el contador Ramón Gallardo, quien, en un extenso análisis, abordó los alcances del convenio, la histórica falta de competitividad de la producción local, el peso de la carga tributaria y la necesidad urgente de avanzar en reformas estructurales que permitan atraer inversiones.

Gallardo aclaró desde el inicio que su opinión se basa en la información difundida por distintos medios y en declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional, dado que aún no se conoce la letra chica del acuerdo. No obstante, remarcó que existen sectores claramente beneficiados, entre ellos el cárnico, la minería, la energía y otros considerados estratégicos para la atracción de inversiones estadounidenses. También mencionó a la agricultura, con especial énfasis en el sector forestal, la economía del conocimiento, el comercio digital, los suministros industriales y la posible eliminación de aranceles al acero y aluminio argentinos. En el ámbito farmacéutico, destacó el acceso preferencial a insumos no patentados.

En el otro extremo, advirtió que habrá sectores que deberán afrontar un nuevo escenario competitivo, como la industria automotriz, los laboratorios nacionales, el sector textil y diversas ramas de la manufactura. “Este tipo de acuerdos genera satisfacción en quienes ven una oportunidad para exportar, pero también preocupación en quienes deberán competir con productos importados”, señaló.

La competitividad y la presión tributaria, en el centro del debate

Para Gallardo, el acuerdo con Estados Unidos vuelve a poner bajo presión al Gobierno nacional, que deberá revisar las causas estructurales por las cuales gran parte de la producción local se encuentra en desventaja competitiva. En ese marco, recordó un informe elaborado en 2023 por la Unión Industrial Argentina, que analizó la carga fiscal sobre la economía formal argentina comparando siete impuestos en 30 países que representan el 86% del PBI mundial y de la población global.

El estudio incluyó, a nivel nacional, Impuesto a las Ganancias, IVA, Impuesto al Cheque y Bienes Personales, que concentran el 90% de la recaudación nacional; a nivel provincial, Ingresos Brutos y Sellos, con el 84% de la recaudación provincial; y a nivel municipal, la tasa de Seguridad e Higiene, que en promedio representa el 34% de los recursos municipales.

Las conclusiones fueron contundentes: Argentina ocupa el primer lugar en presión tributaria entre los 30 países analizados, con un 50,7% de recaudación sobre el PBI, y es el país con mayor carga en tres de los siete impuestos evaluados: Ganancias a las sociedades, Impuesto al Patrimonio e Impuesto de Sellos. Gallardo subrayó además que impuestos considerados altamente distorsivos —como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales— prácticamente no existen en la mayoría de los países comparados.

Reformas en debate y resistencias políticas

El contador recordó que el propio Gobierno nacional reconoce el impacto negativo de esta presión tributaria sobre la competitividad, razón por la cual incluyó una reforma tributaria dentro de los diez puntos del Pacto de Mayo. En ese proceso se avanzó en la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de algunas retenciones y, en el caso de Tierra del Fuego, la suspensión del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).

En la misma línea, el anteproyecto de modernización laboral incorpora una baja del Impuesto a las Ganancias para las empresas: del 35% al 31,5% para las grandes empresas y del 30% al 27% para el resto. Sin embargo, Gallardo se mostró escéptico respecto de su aprobación. “El principal escollo pasa por el tema de las cajas”, afirmó.

Según explicó, los sindicatos buscan mantener obligatorios los aportes de los trabajadores estén o no afiliados; las cámaras empresariales pretenden conservar los aportes empresariales para capacitación y otros fines; y los gobernadores apoyan la reforma laboral siempre que no se vea afectada la coparticipación, que se resentiría con la baja de Ganancias. “Todos son conscientes de la falta de competitividad, pero cuando llega el momento de mejorarla, nadie quiere resignar lo que viene recibiendo”, sintetizó.

Impuestos distorsivos y “exportadores de impuestos”

Gallardo definió a los impuestos distorsivos como aquellos que generan costos ajenos a la decisión del productor y se trasladan directamente al precio final, afectando al consumidor, al inversor y a la competitividad. Entre ellos mencionó el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales y retenciones.

Particularmente crítico fue con Ingresos Brutos, al que calificó como el más distorsivo por gravar cada etapa de la cadena productiva sobre el valor total, sin permitir deducciones como ocurre con el IVA. “Esto encarece artificialmente el producto final y explica por qué muchas veces decimos que somos exportadores de impuestos”, sostuvo. Esa misma lógica, agregó, deja en desventaja a la producción nacional frente a productos importados que no cargan con esos costos.

El sector forestal y la oportunidad para Tierra del Fuego

Como presidente de la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA), Gallardo destacó especialmente el potencial del sector forestal dentro del acuerdo con Estados Unidos. Citando al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, indicó que la colocación de madera aparece como uno de los ejes beneficiados.

En Tierra del Fuego, explicó, este acuerdo podría potenciar inversiones orientadas a la producción de celulosa, terciados, viviendas, muebles, pisos, envases y pellets, ampliando la matriz productiva. No obstante, advirtió que para aprovechar esta oportunidad es indispensable mejorar la infraestructura —como la construcción de un puerto en Río Grande y el fortalecimiento energético en Tolhuin— y, sobre todo, adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

RIGI: plazos, beneficios y debates

Gallardo se mostró convencido de que el Gobierno provincial terminará adhiriendo al RIGI, aunque lamentó la falta de un debate profundo sobre sus características y su complementariedad con el régimen fueguino. Señaló que de las 24 provincias, 19 ya adhirieron, y que las que aún no lo hicieron —Buenos Aires, La Rioja, Formosa y La Pampa— responden, a su criterio, más a cuestiones ideológicas que técnicas.

El plazo para presentar proyectos vence el 7 de agosto de 2026, con la posibilidad de una prórroga de un año que aún no fue confirmada. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios se extienden por 30 años, y actualmente existen cerca de 27 proyectos en marcha, con inversiones estimadas en 25.000 millones de dólares.

Gallardo remarcó que la adhesión al RIGI no implica renunciar a otros regímenes promocionales, ni delegar facultades ambientales ni el dominio de los recursos naturales, que siguen siendo provinciales. También rechazó las críticas que califican al régimen como colonialista o contrario al federalismo, y recordó que Argentina históricamente ha recurrido a tribunales extranjeros en materia de deuda.

Otros sectores y la balanza comercial

Además del forestal, Gallardo mencionó a la turba como otro recurso con potencial de industrialización, no solo para fertilizantes sino también para productos farmacéuticos. Sumó a petróleo y gas, y lamentó que la pesca no haya sido incluida en el acuerdo con Estados Unidos, pese a que la provincia exporta productos del mar a ese país.

En cuanto a la balanza comercial, indicó que en 2024 Argentina registró un déficit con China de 4.460 millones de dólares, mientras que con Estados Unidos la balanza estuvo prácticamente equilibrada. A nivel provincial, Tierra del Fuego cerró 2024 con un déficit de 1.492 millones de dólares, con importaciones fuertemente concentradas en insumos provenientes de China, Vietnam y Singapur.

Qué debe hacer la Provincia

Para Gallardo, el camino es claro: adherir de inmediato al RIGI, aprovechar el acuerdo con Estados Unidos, diversificar la economía y salir activamente a mostrar al mundo las oportunidades de inversión que ofrece Tierra del Fuego. Propuso un programa integral de difusión, capacitación y presencia institucional en ferias, congresos y eventos, con un rol central del Banco de Tierra del Fuego.

Finalmente, reconoció que la eliminación del FAMP afecta a la ampliación de la matriz productiva, aunque recordó que la Resolución 20/26 fijó su aporte en 0% mientras persista la falta de competitividad, sin liberar a las empresas de cumplir con los proyectos ya aprobados.

En síntesis, para el contador Ramón Gallardo, el acuerdo con Estados Unidos y el RIGI constituyen una oportunidad histórica que Tierra del Fuego no puede darse el lujo de desaprovechar.