El asalto administrativo del Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia sumó un capítulo de peso técnico que deja al desnudo la fragilidad legal del movimiento. El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que la medida no solo carece de sustento, sino que representa una “desnaturalización” de la intervención federal, utilizada aquí como un garrote administrativo sin pasar por el Congreso.
Ushuaia.- La trama real indica que Nación intentó disfrazar de “resolución” lo que en la práctica es una ocupación territorial. Sabsay fue tajante al explicar que para intervenir una provincia se requiere una ley aprobada por dos tercios de ambas cámaras, y no un simple reglamento de oficina que pretenda confiscar competencias de Tierra del Fuego.
Lo cierto es que el procedimiento es “increíble e irracional”.
Al utilizar fuerzas federales para ejecutar un acto administrativo, el Ejecutivo central saltó todas las vallas republicanas. Para el vecino de la isla, esto no es solo un debate de abogados: es el precedente de que cualquier recurso local puede ser manoteado desde Buenos Aires con una firma solitaria.
Al estar involucrada una provincia, el conflicto escala directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según Daniel Sabsay, es el máximo tribunal quien debe frenar este avance, ya que la carga de probar una “excepcionalidad” que justifique semejante atropello recae exclusivamente sobre quien acciona.
Si la Constitución Nacional establece que la intervención solo procede ante la pérdida de la forma republicana o invasión extranjera, el uso de esta figura para un conflicto de gestión portuaria vacía de contenido el federalismo y deja a las provincias a merced del humor del puerto porteño.
(Agencia OPI Tierra del Fuego).

















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