Con el Puerto intervenido, ATE cerró su acta: salarios garantizados, sin sanciones y responsabilidades corridas

La intervención sigue en manos de Nación, pero el costo político y económico empieza a recaer sobre la Provincia, que asume compromisos en un Puerto que hoy no administra y espera la firma del gobernador Gustavo Melella.

Ushuaia.- Con el Puerto de Ushuaia bajo intervención nacional y sin señales claras sobre el rumbo de la gestión portuaria, ATE cerró un Acta Acuerdo que sólo aguarda la firma del gobernador para entrar en vigencia. El entendimiento no resuelve el conflicto institucional con el Gobierno nacional, pero ordena —al menos de manera provisoria— el frente laboral en un escenario atravesado por la incertidumbre.

El acuerdo surge como una respuesta pragmática frente a una intervención que avanzó sin un esquema definido para los trabajadores. Salarios garantizados, ausencia de sanciones administrativas y corrimiento de responsabilidades individuales constituyen los pilares del acta. En los hechos, funciona como un dique de contención ante una decisión ya consumada: la intervención del Puerto por un plazo de doce meses.

ATE logró imponer su lógica y blindar a sus afiliados frente a eventuales riesgos administrativos, patrimoniales o disciplinarios mientras dure el proceso. El resto de los gremios acompañó la firma, aunque no sin reservas, conscientes de que el texto fue diseñado principalmente en función del sindicato mayoritario. El resultado es un acuerdo que protege, pero que también expone las asimetrías internas del frente sindical.

Para el Gobierno provincial, la firma del acta aparece como una jugada defensiva. La Provincia asume costos salariales y compromisos jurídicos sobre una estructura que hoy no controla, con el objetivo de evitar un conflicto gremial de mayor escala y ganar margen político en un escenario de alta tensión con Nación. La decisión no es neutra: implica hacerse cargo de la estabilidad laboral sin ejercer la administración efectiva del Puerto.

La intervención nacional tampoco queda al margen del alcance político del acuerdo. El acta deja implícito que quienes hoy ejercen el control operativo deberán responder por lo que ocurra durante este período, una definición que anticipa futuras discusiones administrativas, contables y judiciales. Mientras tanto, el tablero sigue abierto: Nación administra, la Provincia paga y los trabajadores quedan, por ahora, cubiertos.