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El empleado del puerto de Ushuaia afirmó que los interventores del Gobierno nacional “se mueven custodiados por patovicas”. También indicó que “el disparador de la intervención fue la ley aprobada por la Legislatura fueguina para tapar el hueco de OSEF con fondos del puerto” y denunció que solo 14 de los 164 empleados del organismo pueden ingresar a trabajar.

Ushuaia.- La intervención del Puerto de Ushuaia continúa sumando graves denuncias, como es el testimonio de Juan Carlos Segovia. El trabajador portuario describió el escenario de incertidumbre que atraviesan alrededor de 164 personas vinculadas laboralmente de modo directo al organismo, de las cuales apenas unas 14 estarían pudiendo ingresar a las instalaciones para cumplir funciones, a las órdenes de la nueva conducción.

Según relató Segovia a la periodista María Cristina Cerda Cañete Vega, el miércoles 21 de enero, durante la madrugada, un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tomó el control de la institución y desplazó no solo a su presidente, Roberto Murcia, y a otros funcionarios provinciales, sino también a cerca del 90% de los trabajadores regulares del puerto. La medida contó con el acompañamiento de efectivos de Prefectura Naval y, de acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, también con la presencia de civiles ajenos al organismo. “Los guardaespaldas de estos muchachos que vinieron a intervenir son patovicas de la 12 de Boca”, afirmó sin dudar.

Segovia sostuvo que el puerto se encuentra intervenido “increíblemente a través de una resolución administrativa y no por una orden judicial”, y aseguró que inclusive la actuación de los efectivos de Prefectura respondió a directivas políticas. “Tenemos entendido que el prefecto a cargo del operativo recibió una orden política, no una orden judicial. Esta es una prueba más de que se hizo todo mal”, expresó.

En cuanto a los argumentos oficiales que justificaron la intervención, el trabajador fue categórico al señalar que no estuvieron vinculados a problemas operativos ni de infraestructura. “Si el muelle estuviera en las condiciones que ellos dicen, no podría estar funcionando como está ahora. A los 15 minutos de que ellos llegaron empezaron a operar. Hay buques cargueros y de pasajeros, la gente sube y baja de los barcos con normalidad, exactamente igual a como se hacía con la Dirección Provincial de Puertos”, explicó.

A criterio de Segovia, el origen del conflicto debe buscarse en la ley sancionada el año pasado por la Legislatura provincial, mediante la cual se habilitaba la transferencia de recursos del puerto para cubrir el déficit de la obra social OSEF. “Todo nace con ese tema. Los legisladores quisieron tapar el hueco de la obra social con recursos del puerto. Se entiende que es necesario ayudar a OSEF, pero no de esa forma”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la normativa vigente establece con claridad que los recursos portuarios deben destinarse exclusivamente al puerto, a su funcionamiento y al desarrollo de la actividad portuaria. “Esa ley era totalmente inservible, porque la ley dice bien claro que los recursos del puerto tienen que ser para el puerto, para y por el puerto, y para el desarrollo portuario”, afirmó, y consideró que esa decisión política fue el verdadero disparador de la intervención.

Mientras tanto, el impacto sobre los trabajadores es inmediato. De los 164 empleados directos del organismo, solo un grupo reducido —alrededor de 14 personas designadas por la intervención— puede ingresar actualmente a prestar servicios, lo que mantiene al resto del personal en una situación de incertidumbre laboral, sin información clara sobre su continuidad ni sobre el futuro del puerto bajo la nueva conducción.

Fuente: Diario Prensa (www.diarioprensa.com.ar).