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La senadora nacional Belén Monte de Oca y los diputados Santiago Pauli y Miguel Rodríguez se reunieron con autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande para analizar el proyecto de Modernización Laboral que será tratado en el Congreso en febrero. Aportes obligatorios, derechos laborales y consensos posibles, en el centro de la discusión.

Río Grande.- La sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP) fue escenario este martes por la mañana de un encuentro político-institucional clave en la antesala del tratamiento parlamentario de la denominada Modernización Laboral, uno de los proyectos centrales que impulsa el Gobierno nacional y que será debatido en el Congreso durante las primeras semanas de febrero.

La senadora nacional Belén Monte de Oca y los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, todos integrantes del bloque La Libertad Avanza, fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP), José Luís “Gigi” Iglesias, junto a miembros de la Comisión Directiva de la entidad, con el objetivo de poner en común los puntos más sensibles de la iniciativa legislativa y recoger aportes desde el sector empresario y sindical.

Tras el encuentro, Monte de Oca explicó que la ronda de reuniones forma parte de una agenda provincial que el bloque viene desarrollando para socializar el contenido del proyecto y generar consensos. “La idea es acercarles el proyecto de modernización laboral y conversar en relación a lo que implica. Entendemos que es un proyecto ambicioso y amplio, que necesita ser conversado para tener el mayor consenso posible y una buena aplicación práctica”, señaló.

La legisladora nacional remarcó que el espíritu de la iniciativa no apunta a la pérdida de derechos laborales, sino a ordenar interpretaciones y generar condiciones para fomentar el empleo. “No es un proyecto que viene a quitar derechos, sino a aclarar cuestiones para que trabajadores, emprendedores y empresarios puedan contratar más gente en buenas condiciones”, afirmó, al tiempo que reconoció que se trata de un tema “sensible” que requiere diálogo y escucha activa para despejar temores.

El artículo 128 será revisado

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el artículo 128 del proyecto, referido a los aportes que realizan los empleadores a las cámaras empresariales. Actualmente obligatorios, la iniciativa propone convertirlos en voluntarios, punto que generó preocupación en la dirigencia comercial. Al respecto, Monte de Oca confirmó que la cuestión será revisada dentro del marco de la modernización laboral. “Las cámaras nos explicaron el rol que cumplen y la importancia de esos aportes para sostener sus actividades. Es un punto que vamos a considerar, porque además es una inquietud que la CAME viene planteando en todo el país”, sostuvo.

El diputado nacional Miguel Rodríguez destacó el carácter plural del encuentro y valoró el intercambio como una instancia de construcción colectiva. “La idea fue poner el proyecto sobre la mesa, escuchar observaciones, evacuar dudas sobre indemnizaciones, despidos y otros temas sensibles, y enriquecer la iniciativa con los aportes de todos los sectores involucrados”, expresó.

Rodríguez recordó que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría en el Senado y que su tratamiento está previsto para la semana del 10 u 11 de febrero. No obstante, aclaró que el texto aún puede sufrir modificaciones tanto en la Cámara Alta como luego en Diputados. “En este proceso se pueden incorporar o quitar observaciones, y estas reuniones sirven justamente para llegar al debate legislativo con una mirada más amplia”, afirmó.

Además de la modernización laboral, Monte de Oca adelantó que durante el período de sesiones extraordinarias también se abordarán otros temas de peso, como la modificación de la Ley de Glaciares, para devolver a las provincias la facultad de identificar aquellos de relevancia hídrica, y el proyecto de baja de imputabilidad penal, que promete generar un fuerte debate político y social.

El encuentro en Río Grande dejó en evidencia la intención del oficialismo nacional de territorializar el debate legislativo, abrir canales de diálogo con actores locales y avanzar con una agenda de reformas que, según sostienen desde La Libertad Avanza, busca “no perder más tiempo” y dotar al país de nuevas herramientas para encarar la transformación económica y productiva.