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La gestión mileísta avanzó con la medida en plena temporada de cruceros para la ciudad fueguina; el mandatario provincial apuntó al diálogo con Diego Santilli y aseguró que el embarcadero “opera con normalidad”.

El Gobierno nacional dispuso la intervención del puerto de Ushuaia durante un período de 12 meses tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones de la ciudad fueguina. Según indicaron, la medida tendrá carácter transitorio y se mantendrá hasta que las autoridades provinciales subsanen las infracciones identificadas.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026 —firmada este martes, aunque recién será publicada este jueves en el Boletín Oficial— a la que tuvo acceso LA NACION. En el texto, el Gobierno señala que el puerto presenta un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización y en el cumplimiento de protocolos, y falta de observancia de los mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.

Estas falencias fueron observadas luego de una serie de inspecciones ordenadas a mediados del año pasado, que también arrojaron, según el Gobierno, que la Dirección Portuaria Provincial carecía de “personal idóneo suficiente en la materia y no daba observancia a los mínimos estándares”.

Además, se advirtió sobre un “desbalance entre los préstamos otorgados” y una baja inversión en infraestructura, lo que —según el diagnóstico oficial— podría comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras, afectando la capacidad operativa y la sostenibilidad del puerto.

La resolución también hace referencia a la Ley provincial N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, recientemente sancionada por la Legislatura fueguina. La norma prevé la creación de un fondo específico para el pago de deudas de la obra social a partir del superávit portuario. Según el Gobierno nacional, su implementación comprometería la autonomía financiera del puerto y podría afectar su funcionamiento, su capacidad de inversión y el cumplimiento de obligaciones contractuales.

Con la entrada en vigencia de la medida, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, asumirá la administración del puerto de Ushuaia por el plazo de un año, contado desde el día siguiente a la publicación de la resolución. Finalizado ese período, se realizará una nueva inspección para evaluar si corresponde levantar o mantener la intervención.

Desde el Gobierno también destacaron la importancia del puerto del extremo sur del territorio nacional. “Resulta de suma importancia como puerta de entrada y salida para el turismo de cruceros antárticos, además de ser un nodo logístico clave para la región y un punto estratégico en la soberanía territorial argentina», expresaron en el documento.

“Su infraestructura multipropósito le permite recibir cruceros de pasajeros, embarcaciones de carga, pesca y buques científicos durante todo el año”, añadieron. De hecho, esto ocurre en plena temporada alta de cruceros en la ciudad, que arranca en septiembre y se extiende hasta marzo o abril, dependiendo del clima.

La respuesta del gobierno fueguino

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional y afirmó que no existen motivos que justifiquen la intervención. En declaraciones a LA NACION, sostuvo que el puerto no presenta problemas de seguridad ni de obras, y que cuenta con un plan de inversiones en marcha. También adelantó que la provincia recurrirá a la Justicia.

“No hay razón para la intervención; es un acto innecesario e irresponsable. Sabemos que a veces estas cosas tienen nombre y apellido. No hay problemas de seguridad en el puerto; no hay problemas de obras porque se han hecho muchas y hay un plan de obras; no hay irregularidades», dijo.

Y siguió: “Es una locura que están haciendo y encima en plena temporada de crecimiento… Deben ver un negocio que quieren hacer, otro motivo no hay”. Apuntó entonces contra el titular de la organización: “Iñaki tiene muchos amigos y socios acá en la provincia, pero con nosotros no quiere hablar. Apelaremos a la Justicia y a todos los que tengamos que hacer”.

Melella señaló además que la medida podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo y cuestionó el proceso de designación de nuevas autoridades. “Hicieron pasar una lista de 22 encabezada con gremialistas cercanos a Vías Navegables y ellos quedaron… Son los nuevos Moyano del kirchnerismo”, consideró.

No obstante, a través de su cuenta en la red social X, indicó que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una solución que garantice el funcionamiento del puerto y previsibilidad a los sectores involucrados.

“El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante», dijo y cerró: “Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.

Fuente: Diario LA NACIÓN.