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Ante el piquete gremial que bloqueó el ingreso al Puerto de Ushuaia y generó serias complicaciones en una jornada de intensa actividad portuaria, la vicegobernadora Mónica Urquiza se hizo presente en el lugar junto a autoridades de la Dirección Provincial de Puertos para dialogar con los manifestantes y buscar una salida que permita normalizar el funcionamiento de la terminal.

Durante la mañana de este miércoles se registró una protesta con corte en el ingreso al Puerto de Ushuaia, protagonizada por entidades gremiales que se manifestaron en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la intervención administrativa del puerto, medida dispuesta a través del ANDIS.

La acción sindical incluyó un piquete en el acceso al muelle principal, lo que generó serias dificultades en el normal funcionamiento de la terminal portuaria, en una jornada particularmente sensible por el intenso movimiento de cruceros turísticos y otras embarcaciones que arriban a la ciudad en plena temporada alta.

El corte impactó de manera directa en el ingreso y egreso de vehículos, afectando tanto a trabajadores como a operadores vinculados a la actividad portuaria, logística y turística. La protesta provocó demoras, reprogramaciones y complicaciones operativas, en un contexto donde el puerto cumple un rol clave como puerta de entrada de miles de turistas que llegan a Ushuaia por vía marítima.

Ante este escenario de creciente tensión, la vicegobernadora Mónica Urquiza, a cargo del Poder Ejecutivo provincial por la ausencia del gobernador Gustavo Melella, se hizo presente en el lugar junto al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, con el objetivo de intervenir directamente y destrabar el conflicto.

La presencia de las autoridades provinciales buscó abrir canales de diálogo que permitan normalizar la actividad portuaria, teniendo en cuenta que el puerto afronta este miércoles una jornada especialmente agitada, con múltiples operaciones previstas y un flujo constante de cruceros internacionales.

El conflicto se enmarca en el rechazo gremial a la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional, una decisión que generó un fuerte impacto político, institucional y laboral en Tierra del Fuego, y que continúa sumando capítulos tanto en el plano sindical como en el debate público.

Mientras avanzan las gestiones para restablecer la operatoria plena del puerto, la situación mantiene en alerta a los sectores vinculados al turismo, el comercio y la actividad marítima, que observan con preocupación las consecuencias de un conflicto que se da en uno de los momentos más importantes del año para la economía fueguina.

ATE denunció un “atropello” durante la intervención del Puerto de Ushuaia

11:14 |El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, denunció este miércoles un grave atropello a los trabajadores del Puerto de Ushuaia, luego de que durante la madrugada fuerzas federales impidieran el ingreso de personal afiliado al gremio, en el marco de la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional.

Según explicó el dirigente sindical en declaraciones radiales (en AIRE LIBRE), la medida se ejecutó sin garantizar la continuidad laboral de los empleados y dejó a numerosos trabajadores “a la deriva”, pese a que la discusión por la administración del puerto es de carácter político y judicial, y no debería afectar el normal cumplimiento de las tareas.

“Que la intervención sea del Gobierno Nacional no significa que los compañeros no tengan que estar en sus puestos de trabajo. La acción política se tiene que discutir por otro lado”, remarcó Córdoba.

Desde ATE señalaron que la situación no fue sorpresiva, ya que en los días previos se habían advertido movimientos y reuniones entre representantes del Gobierno Nacional y sectores gremiales ajenos a la actividad portuaria. En ese sentido, Córdoba cuestionó la presencia de un gremio ferroviario —sin competencia directa en el puerto— que habría acompañado el proceso de intervención.

“Vinieron, se juntaron con gente del Gobierno Nacional, hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Esto se parece demasiado a prácticas de otras épocas, donde se desplazaba a los trabajadores y después se avanzaba sin controles”, denunció el dirigente.

ATE sostiene que en el Puerto de Ushuaia se desempeñan alrededor de 163 trabajadores, de los cuales entre 120 y 130 pertenecen al gremio, y advirtió que la decisión de impedir el ingreso laboral vulnera derechos básicos y pone en riesgo la estabilidad de las familias que dependen de esa fuente de trabajo.

Desde el sindicato anticiparon que no permanecerán pasivos ante esta situación. Córdoba confirmó que ATE ya inició gestiones ante el Ministerio de Trabajo, mantiene contacto con la conducción nacional del gremio y analiza acciones legales junto a sus abogados.

“ATE está decidida a pelear en todos los campos. Vamos a defender a los trabajadores y su derecho a trabajar. No vamos a aceptar que se los saque del puerto como si fueran un problema”, afirmó.

La intervención del Puerto de Ushuaia abre así un nuevo frente de conflicto político, institucional y gremial, con fuerte impacto en los trabajadores y en una infraestructura estratégica para la provincia, mientras se esperan definiciones oficiales y posibles medidas de fuerza en las próximas horas.