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Familiares de policías retirados cuestionan los elevados “gastos de representación” del directorio de la Caja de Previsión provincial, mientras 540 beneficiarios continúan sin cobrar. Aseguran que los cargos fueron designados sin remuneración, pero que en los hechos se estarían pagando sueldos encubiertos.

Río Grande.- Esposas, pensionados, hijos y familiares de policías retirados de Tierra del Fuego hicieron público un duro documento en el que denuncian presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Caja de Previsión Social para el personal policial. Bajo el título “Cargos ad honorem, gastos millonarios y 540 familias olvidadas”, el escrito apunta directamente contra el actual directorio del organismo y contra las decisiones del Gobierno provincial.

El origen del reclamo se remonta al Decreto Provincial Nº 1351/24, firmado el 4 de junio de 2024 por la ministra de Obras y Servicios Públicos, María Castillo, y el gobernador Gustavo Melella. Mediante esa norma se designó al Comisario General (R) Bordón como presidente de la Caja, acompañado por los directores Guillermo Morgan, Carlos De Baz, Miguel Morínigo y Claudio Pérez, todos ellos con aval de la Jefatura de Policía.

Según destacan los denunciantes, tanto el presidente como los directores fueron nombrados expresamente con carácter “ad honorem”. Es decir, para desempeñar sus funciones sin percibir remuneración alguna.

“Ad honorem significa trabajar sin cobrar, únicamente por la honra. Sin embargo, pareciera que algunos funcionarios no tienen claro este concepto”, señala el documento, que advierte además sobre una irregularidad formal: el decreto nunca designó a Morgan como vicepresidente, cargo que figura de todos modos en el organigrama oficial.

Si bien la Ley Provincial Nº 1155 establece que los integrantes del directorio no deben recibir sueldo, sí habilita el cobro de “gastos de representación”. Y es precisamente allí donde se centra el cuestionamiento más fuerte.

De acuerdo con los informes elevados a la Legislatura, esos gastos fueron registrados como erogaciones fijas del directorio durante al menos tres trimestres. Pero para los familiares de retirados, los montos consignados resultan “siderales” y carecen de documentación respaldatoria visible.

“No cuestionamos la existencia de gastos de representación. Pero en este caso quizás debería hablarse de gastos de no representación”, ironiza el texto, que reclama que se hagan públicos los comprobantes que justifiquen cuándo, dónde y en qué se gastaron esos recursos.

El reclamo cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta el contexto financiero que atraviesa la Caja. Según los propios argumentos oficiales, el organismo se encontraría en situación de déficit. Aun así, el directorio continuaría presentando elevados gastos, mientras se mantiene una deuda previsional con 540 familias de policías retirados.

sas obligaciones impagas fueron suspendidas a través de la Resolución Nº 148, que dispuso no abonar los haberes bajo el argumento de que los beneficiarios “ya cuentan con otros ingresos”. Una decisión que, para los denunciantes, resulta profundamente injusta.

“Se habla de criterios de pago equitativos, pero se deja afuera justamente a las familias más vulnerables, mientras quienes toman las decisiones siguen cobrando sus haberes, sus retiros y además gastos de representación”, remarcan.

El documento va aún más lejos y plantea una sospecha concreta: que esos gastos de representación no serían otra cosa que “sueldos encubiertos o no declarados” para los integrantes del directorio.

La indignación crece al considerar que muchos de esos funcionarios ya perciben ingresos tanto por su situación de retiro como por funciones en actividad, lo que –según los familiares– vuelve aún más injustificable la existencia de erogaciones millonarias en su favor.

“Resulta preocupante que en ninguno de los informes presentados se contemple la deuda con 540 policías retirados y sus familias”, advierten, y exigen transparencia absoluta en el manejo de los fondos previsionales.

El texto cierra con una pregunta directa y cargada de indignación, dirigida a quienes conducen la Caja de Previsión: “Si un cargo ad honorem implica desempeñarlo sin remuneración y únicamente por la honra, ¿dónde está la honra del directorio de la Caja?”.

Por ahora, desde el organismo no hubo respuestas públicas a estos cuestionamientos. Mientras tanto, más de quinientas familias continúan esperando que se regularicen sus pagos, en medio de un conflicto que amenaza con profundizarse y escalar a nuevos reclamos judiciales y políticos.