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La muerte de un paciente oncológico que no recibió tratamiento a tiempo vuelve a poner en el centro del debate la obligación indelegable del Estado de garantizar el derecho a la salud. Señalan omisiones graves, abandono institucional y posibles responsabilidades políticas y administrativas.

La provincia de Tierra del Fuego quedó atravesada por una grave denuncia que excede el plano sanitario y se inscribe de lleno en el terreno de los derechos humanos. Se trata del fallecimiento del ciudadano Oscar Mauricio Ulloa, quien padecía cáncer y no habría recibido en tiempo y forma el tratamiento oncológico que el Estado provincial estaba legal y constitucionalmente obligado a garantizar.

Lejos de tratarse de una fatalidad inevitable, el caso es señalado como una muerte socialmente evitable, producto de una grave omisión estatal. Así lo sostiene el psicólogo social Hugo Adrián Torres, quien realizó una denuncia pública en la que advierte que la falta de asistencia, las demoras injustificadas y la interrupción de tratamientos constituyen una violación directa al derecho a la salud y, en consecuencia, al derecho a la vida.

El derecho a la salud está expresamente protegido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), la Constitución Provincial y la legislación sanitaria vigente. En ese marco, el Estado no solo tiene la obligación de organizar el sistema de salud, sino también de actuar como garante efectivo, especialmente ante patologías graves como el cáncer, donde el tiempo resulta un factor determinante.

Según se denuncia, en el caso de Ulloa el Estado tenía conocimiento del padecimiento, contaba con los medios institucionales para intervenir y, aun así, no garantizó la continuidad del tratamiento. “No estamos ante una simple falla administrativa —advierte Torres— sino ante un verdadero abandono institucional, con consecuencias letales”.

Desde esta perspectiva, el cáncer no atenúa la responsabilidad estatal, sino que la agrava. La dilación de derivaciones, la interrupción de tratamientos y la desprotección de pacientes oncológicos son señaladas como formas de violencia estructural, donde el ajuste presupuestario y la desidia política se traducen, literalmente, en muerte.

La denuncia plantea interrogantes concretos que, hasta el momento, no han tenido respuesta oficial:

¿Quién tomó la decisión de no asistir?

¿Qué funcionario avaló la demora o la negativa?

¿Qué autoridades sanitarias incumplieron su deber de garante?

La jurisprudencia es clara al respecto: los derechos fundamentales no se suspenden por razones económicas. El Estado no puede ampararse en la burocracia, la falta de recursos o las excusas presupuestarias cuando está en juego la vida de una persona.

Para Torres, lo ocurrido expone un modelo de gestión en el que la salud deja de ser un derecho universal y pasa a convertirse en un privilegio condicionado. Un esquema donde los vecinos quedan a merced de decisiones discrecionales, muchas veces arbitrarias e inhumanas, que definen quién accede a la atención y quién es abandonado a su suerte.

La advertencia final es contundente: la naturalización de estas muertes sienta un precedente peligroso. El silencio institucional y social no solo encubre responsabilidades, sino que habilita la repetición de hechos similares. “Hoy fue Ulloa. Mañana puede ser cualquier otro vecino”, señala el texto.

Por ello, se exige el esclarecimiento público de lo sucedido, la determinación de responsabilidades políticas y administrativas y la implementación de garantías efectivas para que ningún paciente oncológico vuelva a quedar desamparado por el Estado.

“No se trata de un reclamo sectorial ni de una consigna ideológica —concluye la denuncia—. Es una acusación por la violación del derecho a la salud y del derecho a la vida. La vida no es una variable de ajuste. La muerte por abandono estatal tiene responsables”.