La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) dejó de ser una discusión administrativa para convertirse en un problema concreto de acceso a la salud. En las últimas semanas, afiliados comenzaron a advertir la interrupción de tratamientos esenciales: personas que viven con HIV llevan casi un mes sin recibir su medicación y pacientes diabéticos atraviesan faltantes de insulina desde hace al menos dos semanas.
El escenario se repite con un patrón definido. Las farmacias propias de OSEF no cuentan con stock y las recetas son derivadas a Autofarma, el prestador privado que mantiene convenio para la provisión de medicamentos de alto costo. Sin embargo, allí la respuesta es uniforme: la medicación no se entrega debido a atrasos en los pagos. Hasta que esa deuda no se regularice, la provisión permanece interrumpida.
En el caso del HIV, el impacto sanitario es particularmente delicado. Especialistas advierten que la discontinuidad de los tratamientos antirretrovirales, incluso por períodos relativamente breves, puede comprometer su eficacia y favorecer la aparición de resistencias. La ausencia de síntomas inmediatos no elimina el riesgo clínico. En el mercado privado, el costo mensual de estos tratamientos supera el millón de pesos, lo que vuelve inviable cualquier alternativa por fuera de la cobertura de la obra social.
El alcance del problema, además, no puede dimensionarse únicamente a partir de cifras oficiales. En Tierra del Fuego no existe un registro público, actualizado y accesible que permita conocer con precisión cuántas personas viven con HIV. Fuentes sanitarias coinciden en que el número real es mayor al reflejado en los diagnósticos formales, producto del subdiagnóstico: personas que conviven con el virus sin saberlo.
El faltante de insulina agrava aún más el escenario. Pacientes con diabetes llevan semanas sin recibir el medicamento, también como consecuencia de la falta de pago a la farmacia conveniada. En estos casos, el riesgo es inmediato: la interrupción del tratamiento puede derivar en descompensaciones severas y situaciones de urgencia médica.
A las dificultades para acceder a medicamentos se suman restricciones en la atención médica. Afiliados a OSEF advierten que en la Clínica San Jorge, uno de los principales prestadores privados de la provincia, la atención para pacientes de la obra social se limita a un turno por hora, sin distinción de especialidad, mientras que otras obras sociales cuentan con mayor disponibilidad de consultas. En la práctica, este esquema reduce la cantidad de turnos, retrasa estudios y limita el seguimiento de patologías crónicas.
El contexto adquiere mayor relevancia tras conocerse el fallecimiento de un paciente oncológico que habría atravesado dificultades para acceder a la medicación indicada. Si bien las circunstancias del caso aún generan interrogantes, el episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de cobertura sanitaria provincial y encendió señales de alerta sobre las consecuencias de la falta de previsibilidad.
Hasta el momento, no se difundieron comunicados oficiales que detallen un plan concreto de regularización de pagos ni plazos definidos para normalizar la provisión de medicamentos y la atención médica. Mientras tanto, los reclamos se multiplican y la incertidumbre persiste entre los afiliados, en un sistema que muestra signos evidentes de saturación.

















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