radiouniversidad.com.ar

En las últimas horas dejaron sus cargos el ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita; el secretario de Finanzas, Eduardo Almirón Denis; y la directora de Hacienda, María de los Ángeles Vázquez, en medio de un complejo escenario fiscal y financiero en Tierra del Fuego.

Ushuaia.- La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una situación económica delicada tras la renuncia en bloque de los principales funcionarios del área económica del Gobierno que encabeza Gustavo Melella. En las últimas horas dejaron sus cargos el ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita; el secretario de Finanzas, Eduardo Almirón Denis; y la directora de Hacienda, María de los Ángeles Vázquez.

La salida simultánea del equipo encargado de la administración de las finanzas provinciales se produce en un contexto marcado por dificultades de liquidez, caída de la recaudación y limitaciones para acceder a fuentes de financiamiento. En los últimos meses, el Ejecutivo provincial debió afrontar atrasos en pagos y gestionar recursos extraordinarios para cumplir con obligaciones salariales y compromisos corrientes.

A este escenario se suma la falta de aprobación del presupuesto provincial y la creciente presión financiera sobre municipios y organismos descentralizados, que también se ven afectados por la reducción de recursos disponibles.

Por el momento, desde el Gobierno no se informó oficialmente quiénes asumirán la conducción del Ministerio de Economía ni cómo se reorganizará el área para garantizar la continuidad administrativa y el funcionamiento del Estado. Tampoco se precisaron detalles sobre las razones formales de las renuncias ni si existieron diferencias internas en la gestión.

La salida del gabinete económico abre una etapa de incertidumbre en un área clave de la administración provincial, en momentos en que se deben definir estrategias para asegurar el pago de salarios, el cumplimiento de contratos y la atención de los compromisos financieros inmediatos.

Mientras se esperan definiciones oficiales, trabajadores estatales, proveedores y gobiernos municipales siguen de cerca la evolución de la situación y las medidas que pueda anunciar el Ejecutivo en los próximos días.