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Con un discurso cargado de advertencias, Moisés Solorza sostuvo que Tierra del Fuego se encuentra en “el momento político más delicado desde el retorno de la democracia”, marcado por la presión del Gobierno nacional para redefinir la matriz productiva y limitar las autonomías provinciales. Señaló que la respuesta debe ser política y colectiva: fortalecer la defensa del régimen fueguino, avanzar hacia una industrialización con valor agregado y blindar los recursos energéticos del avance de intereses externos. “La provincia no puede ir a contramano de su propia historia: está obligada a defender lo que le pertenece”, planteó el ex secretario de Energía provincial y observó que “o queremos que se lleven las riquezas de todos los fueguinos y solo nos dejen los pasivos ambientales”.

Río Grande.- En una larga entrevista con ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz, Moisés Solorza —ex secretario de Energía provincial, referente de la UISE en Río Grande y titular del portal especializado Boca de Pozo— describió el proceso como un “desmembramiento encubierto” de YPF que, según su lectura, favorece la concentración de inversiones en Vaca Muerta y deja a las áreas convencionales en manos de terceros con baja capacidad técnica y financiera. Solorza cuestiona la opacidad de los acuerdos, la falta de auditorías públicas sobre pasivos ambientales y la capacidad de los nuevos actores (menciona a Terra Ignis) para garantizar seguridad operativa y empleo local.

La reciente cesión por parte de YPF de siete áreas convencionales a la empresa provincial Terra Ignis reavivó un debate central sobre la soberanía energética, la preservación de puestos de trabajo y el manejo de pasivos ambientales en Tierra del Fuego. Voces técnicas y gremiales que siguieron de cerca la operación —entre ellas la del exsecretario provincial de Energía y director del portal Boca de Pozo, Moisés Solorza— describen la maniobra como parte de una estrategia más amplia de desmembramiento de la petrolera de bandera que prioriza la inversión en Vaca Muerta, y reclaman mayores garantías y claridad para la provincia.

“No hay plan público ni datos suficientes”: la crítica técnica

Moisés Solorza, quien siguió el tema desde la órbita pública y desde medios especializados, advirtió en una entrevista que la decisión evidencia “una entrega encubierta” del patrimonio energético provincial. Según Solorza, la política de YPF y del Gobierno nacional ha ido concentrando recursos y esfuerzos en la explotación no convencional (Vaca Muerta), dejando las áreas convencionales —las llamadas “maduras”— susceptibles de transferencia o tercerización sin que exista un plan estratégico transparente para su manejo, reparación de pasivos y continuidad operativa.

El argumento técnico que repitió Solorza en la charla con la radio local se resume en dos puntos: 1) poca información pública sobre condiciones, cláusulas y auditorías que avalen la transferencia; 2) incertidumbre operativa sobre si la empresa provincial Terra Ignis —recién conformada y con limitada trayectoria— tendrá la capacidad técnica y financiera para sostener la operación, invertir en rehabilitación de pozos y mantener la infraestructura crítica. Esa preocupación se acentúa ante referencias públicas que muestran la estrategia de YPF de salir de campos maduros para concentrar su inversión en no convencionales.

¿Qué se transfirió y cuándo entra en vigencia?

YPF formalizó la cesión de siete áreas convencionales hacia Terra Ignis y que la transición operativa está prevista para comenzar a partir del 1° de enero de 2026. El anuncio incluye la promesa de medidas para la reubicación del personal y un cronograma de transferencia, pero los detalles finos sobre obligaciones contractuales, inversiones comprometidas y auditorías técnicas aparecen escasos en la documentación pública disponible hasta ahora. Esos vacíos alimentan el reclamo de técnicos y sectores de la sociedad sobre la necesidad de mayor transparencia.

Riesgos operativos y ambientales: la alarma sobre plantas e instalaciones

En su intervención, Solorza puso el foco en la planta de proceso San Sebastián y en la infraestructura del sector norte: advirtió sobre caídas de producción, equipos subutilizados y la necesidad de auditorías técnicas y de seguridad. Si bien los números exactos de rendimiento varían según fuente —y dependen de inspecciones técnicas— el reclamo principal es que no basta con firmar una cesión: debe existir un plan público y verificable sobre cómo se mantendrá la continuidad de suministro, la seguridad industrial y el control ambiental.

Planteo político y social: empleo, pasivos y soberanía

Más allá del componente técnico, la discusión adquiere una dimensión política y social sensible: los sindicatos y autoridades locales han enfatizado que la prioridad debe ser la preservación del empleo local y la prevención de la transferencia de pasivos ambientales a la provincia. Solorza alertó sobre la posibilidad de que la provincia asuma pasivos sin recibir contraprestaciones suficientes en términos de inversión productiva y valor agregado (petroquímica, hidrógeno verde, agregación industrial). Para él, las cartas firmadas con empresas y la celeridad en algunos acuerdos privan a la ciudadanía del debate público necesario sobre el futuro estratégico de los recursos hidrocarburíferos fueguinos.

Qué dicen los antecedentes nacionales: la estrategia de YPF y los campos maduros

El movimiento de YPF no es aislado: fuentes económicas y la propia compañía han comunicado en 2025 su intención de desinvertir en campos maduros —bajo el argumento de concentrar capital en áreas de mayor crecimiento como Vaca Muerta— como parte de una estrategia para mejorar eficiencia y reorientar inversiones. Analistas internacionales y locales han señalado que la salida de YPF de campos convencionales plantea riesgos si no se garantiza un marco regulatorio y de control que proteja a las provincias frente a pasivos y vacíos de inversión.

Solorza reclamó un debate más amplio: “los legisladores deben pedir explicaciones”

Solorza emplazó a los legisladores provinciales a pedir información y elaborar mecanismos de control: auditar los pasivos ambientales, exigir planes de inversión y garantizar que la transferencia no signifique una mera “cesión de problemas”. También subrayó la necesidad de que las regalías y beneficios económicos que surjan de futuros desarrollos queden plasmas en mecanismos de largo plazo para el territorio fueguino, y no en medidas coyunturales de corto plazo.

¿Qué se puede esperar ahora?

En los próximos días y semanas, las señales claves a observar serán:

• La publicación del convenio completo entre YPF y Terra Ignis;
• La presentación de auditorías técnicas y ambientales independientes sobre las áreas transferidas;
• El plan de inversiones detallado que garantice la continuidad operativa y la seguridad industrial;
• Las respuestas del Estado provincial y de la Legislatura ante los pedidos de información pública y las eventuales comisiones de seguimiento.

Si no se transparentan esos elementos, los actores técnicos, sociales y políticos anticipan conflictividad —desde reclamos gremiales hasta acciones judiciales— y el riesgo de que la provincia asuma responsabilidades sin claras contrapartidas de inversión productiva.

En síntesis

La transferencia de áreas convencionales de YPF hacia Terra Ignis abrió una discusión que va más allá de un cambio de titulares operativos: interpela la estrategia energética nacional, la capacidad de las provincias para gestionar recursos estratégicos, la preservación de empleos locales y el manejo de pasivos ambientales. Especialistas como Moisés Solorza piden no sólo cautela técnica sino transparencia y planificación: que los acuerdos sean visibles, auditables y orientados al desarrollo industrial con valor agregado para Tierra del Fuego, no a una simple relocalización de pasivos.