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Comercios y PyMEs empujan por una moratoria: dos proyectos llegan a la Legislatura con diferencias clave

El contador Ramón Gallardo, confirmó que, tras un pedido formal de los asociados de la Cámara de Comercio de Río Grande, de CAFUFAMA y de la Cámara Metalmecánica, la legisladora Natalia Gracianía (Bloque La Libertad Avanza) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de moratoria para regularizar deudas tributarias de comerciantes. Paralelamente el Poder Ejecutivo provincial también remitió un proyecto sobre la materia, por lo que hoy existen dos iniciativas en tratamiento con puntos de convergencia pero diferencias relevantes en plazos, tasas y condonaciones.

Río Grande.- El asesor económico de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, contador Ramón Gallardo, confirmó que, tras un pedido formal de los asociados, de CAFUFAMA y de la Cámara Metalmecánica, la legisladora Natalia Gracianía (Bloque La Libertad Avanza) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de moratoria para regularizar deudas tributarias de comerciantes, emprendedores y PyMEs. En paralelo, el Poder Ejecutivo provincial también remitió un proyecto sobre la materia, por lo que hoy existen dos iniciativas en tratamiento con puntos de convergencia pero diferencias relevantes en plazos, tasas y condonaciones.

Así lo explicó por ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz el contador Ramón Gallardo, quien indicó que la iniciativa impulsada por Gracianía surgió a partir de las demandas de cámaras sectoriales —Comercio, Madera, Metalmecánica y otros— y de la necesidad “urgente” del sector de contar con una herramienta que permita reencauzar deudas sin asfixiar la actividad productiva.

 

Diferencias técnicas: plazos, condonaciones y tasas

 

Según Gallardo, ambos proyectos distinguen entre grandes contribuyentes y pequeños/medianos contribuyentes; como parámetro orientativo, se habló de un umbral de 2.000 millones de facturación en los últimos 12 meses para identificar a los grandes.

 

Las diferencias más sobresalientes que mencionó el representante sectorial son:

 

Plazos máximos:

Proyecto del Ejecutivo: hasta 60 cuotas.

Proyecto de Gracianía (respaldado por la Cámara): hasta 84 cuotas.

Remisión (condonación) de intereses y multas:

Ambos coinciden en la condonación total cuando la deuda se cancela en una sola cuota.

 

En planes de pago intermedios (por tramos), la iniciativa de Gracianía ofrece porcentajes de condonación superiores a los del Ejecutivo: por ejemplo, en el tramo 2–6 cuotas la condonación llega al 80% en el proyecto de Gracianía frente al 60% del Ejecutivo; en tramos mayores la diferencia se mantiene en favor del proyecto de la legisladora.

 

Tasas de interés aplicables:

 

Gallardo explicó que la Cámara propuso una franja entre 0,5% y 2% mensual, tomando como referencia proyecciones de inflación y fuentes del Banco Central sobre expectativas. “Cuando se habla de expectativas de la inflación, me refiero al Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, que es un informe que emite el Banco Central de la República Argentina en base a la inflación que estiman 30 consultoras de la Argentina y 12 entidades financieras. Esas expectativas de ese informe surge que, a partir de diciembre del 25, la inflación va a seguir disminuyendo y estiman que en abril del 26 la inflación mensual va a estar por debajo del 1,6%. Y de allí va a seguir bajando, estimando que la inflación anual de allí en más va a estar por debajo de un dígito. O sea, con lo cual estamos diciendo que la inflación, si uno saca un plan de pago en 48 cuotas, la inflación después de 20 meses va a estar por debajo o el 0,7 o el 0,5% de inflación y el Gobierno provincial quiere poner una alícuota del 2,25% mensual”.

Agregó que “nosotros le dijimos a Gracianía que tenga en cuenta que la inflación va a seguir en baja. En eso nos basamos. Y en eso se basó la moratoria que presentó la legisladora de La Libertad Avanza, que tiene tasas más bajas que el Gobierno provincial”.

En la práctica, ejemplificó que un plan del Ejecutivo para 49 a 60 cuotas podría implicar una tasa de 2,25% mensual, un nivel que el sector considera “excesivo” si la inflación esperada cae a un dígito como señalan las previsiones.

 

Urgencia y sentido económico

 

Desde la Cámara se insiste en que la moratoria debe entenderse como una herramienta de alivio que permita a los comerciantes concentrarse en producir y preservar fuentes de trabajo, en lugar de destinar recursos a litigar con intimaciones, costos bancarios y cargas tributarias.

“Hoy un empresario no piensa en producir: va al banco a ver su descubierto, paga servicios, cargas sociales y después trata de pagar impuestos. Necesitamos una soga, no una plomada”, dijo Gallardo, quien advirtió sobre la caída de ventas y el riesgo de cierre de comercios.

Gallardo también ofreció datos ilustrativos del costo laboral que enfrentan las empresas locales para argumentar la necesidad de medidas de alivio: ejemplificó los elevados montos indemnizatorios y recordó el peso de las contribuciones patronales en la estructura de costo.

 

Qué sigue

 

Con las dos iniciativas en manos de la Legislatura, la discusión se orientará ahora a comparar impacto fiscal y social, evaluar los plazos y tasas, y decidir una redacción final que pueda conseguir el consenso legislativo. Desde la Cámara adelantaron que acompañarán el debate proponiendo que la estimación de la inflación y las expectativas macroeconómicas jueguen un rol a la hora de fijar tasas.

Mientras tanto, los comerciantes aguardan una resolución “a la mayor brevedad posible” por la situación descripta como “acuciante” por parte de los actores del sector.

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