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Será el domingo 23 de noviembre y partirá desde Río Grande y Ushuaia. Luís Santacruz volvió a cuestionar la falta de información oficial sobre el funcionamiento del sistema tecnológico instalado en la estancia El Relincho y reclamó que la provincia y la Nación brinden explicaciones sobre su autorización y actual operatividad. Dicha movilización, que partirá al unísono desde Ushuaia y Río Grande, se enmarca en el Día de la Tradición.

Ushuaia.- La organización Caravana de los Pueblos volverá a movilizarse hacia la zona de la estancia El Relincho, en Tolhuin, donde se encuentra emplazado el sistema de radarización de origen británico cuya instalación generó —desde 2023— un persistente reclamo social y político en Tierra del Fuego.

Luís Santacruz, referente del espacio, confirmó en diálogo con ‘La mañana de la Tecno’ en Radio Universidad 93.5 MHz, que la sexta caravana será el domingo 23 de noviembre, feriado largo por el Día de la Soberanía. La convocatoria saldrá a las 10 de la mañana desde la rotonda del Indio en Río Grande y desde La Trucha —en la salida norte de la ciudad— a cargo de Raúl Méndez, mientras que en Ushuaia se organizará otra columna para confluir al mediodía en el punto central frente al predio donde se erige el radar.

Un reclamo que se mantiene activo

Santacruz sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, “el interrogante principal sigue sin respuesta”: si el radar está operativo, para qué se utiliza y quién es su responsable técnico y jurídico. “Hay vecinos que aún preguntan qué función cumple y bajo qué acuerdos fue instalado”, señaló.

Durante la entrevista, recordó que el periodista Sebastián Salgado logró registrar imágenes dentro del predio, lo que reactivó la discusión pública sobre el sistema. “Las imágenes circularon a nivel internacional. A mí mismo me consultaron desde medios radiales de Estados Unidos preocupados por el tema”, afirmó.

Según Santacruz, la persistencia del reclamo se debe a “la ausencia de información oficial clara” y a la necesidad de que la Legislatura provincial y el Gobierno nacional “expongan quién autorizó cada etapa del proyecto, desde el traslado de los contenedores en pandemia hasta la puesta en funcionamiento del equipamiento”.

Críticas al rol político e institucional

El dirigente cuestionó a distintos actores políticos que, según dijo, “no impulsaron los controles necesarios ni dieron explicaciones a la ciudadanía”. En ese sentido, señaló que su organización pidió “tres comisiones investigadoras” sobre el tema y reclamó nuevamente que se active una instancia legislativa que permita acceder a documentación y precisiones técnicas.

“Desde el primer día pedimos saber qué se instaló, con qué permisos y para qué fines. Nadie debería oponerse a transparentar información vinculada a soberanía y seguridad”, afirmó.

También reiteró su llamado a las asociaciones de veteranos de guerra de Río Grande y Ushuaia para que participen de la movilización: “Los vamos a invitar personalmente porque creemos que este tema toca la sensibilidad de toda la sociedad”.

Una caravana con documento público

Como en las ediciones anteriores, la movilización concluirá con la lectura de un documento. Santacruz adelantó que incluirá referencias “tanto nacionales como internacionales sobre la importancia de resguardar la soberanía tecnológica y territorial” y que se insistirá en el pedido de “garantizar transparencia” respecto del equipamiento ubicado en la zona centro de la isla.

“Queremos que la ciudadanía tenga información certera. El radar está ahí y necesitamos que se aclare su situación”, expresó.

Otro frente de reclamo: educación y justicia

En el cierre de la entrevista, Santacruz también se refirió al conflicto educativo provincial y aseguró que un grupo de padres presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando celeridad en un amparo vinculado al funcionamiento de la Escuela 32. “Pedimos que se garantice el derecho a la educación de los chicos y que se agilicen las decisiones judiciales”, explicó.

Un debate que vuelve al centro de la agenda

La nueva caravana reactivará una discusión instalada desde hace más de un año: la presencia y el estatus legal de un sistema de radarización operado por una empresa con vínculos en el Reino Unido en una provincia estratégicamente vinculada al Atlántico Sur, la Antártida y la Cuestión Malvinas. La marcha del 23 de noviembre volverá a poner el tema en la agenda pública, mientras crece la expectativa por una respuesta institucional más detallada y formal.