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Fernando Oscar Gallo atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida. Afiliado a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) desde hace más de tres décadas, denunció que desde hace casi dos meses no recibe su tratamiento de quimioterapia, una interrupción que atribuye a la mala gestión administrativa de la obra social y a la falta de respuesta del gobierno provincial. Ante esta situación, decidió recurrir a la justicia a través de un recurso de amparo, patrocinado por la abogada Iara González Sardi, con el objetivo de restablecer de manera urgente el acceso a la medicación que le permite continuar con su lucha contra el cáncer.

Río Grande.- Fernando Oscar Gallo, afiliado a la Obra Social del Estado Fueguino desde hace más de 30 años, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Río Grande para garantizar la continuidad de su tratamiento de quimioterapia, suspendido por la obra social. La situación expone las dificultades administrativas de OSEF y el impacto directo en la salud de los pacientes.

“Estoy desesperado. Lo único que falta es que me muera, eso es lo que están esperando”, relató Gallo en diálogo con el programa ‘La mañana de la Tecno” en Radio Universidad 93.5 MHz.

El conflicto se originó cuando la OSEF, bajo la gestión de un nuevo director de compras, exigió el reempadronamiento de los pacientes para poder autorizar la entrega de medicamentos oncológicos. Según explicó Gallo, él había enviado su receta el 5 del mes pasado, pero tras semanas de espera le informaron que debía realizar este trámite administrativo para poder acceder a la quimioterapia.

“Pasó el tiempo, llegó el 29 y me dijeron que si no me empadronaba no me daban la quimioterapia. Ya estoy empadronado hace veinte días, pero no tengo respuesta”, detalló.

El afiliado calificó la situación de desesperante y surrealista, y destacó que este tipo de medidas afectan a pacientes con enfermedades crónicas y graves, como cáncer o VIH, que dependen de los tratamientos de manera inmediata.

“Hay criaturas y familias detrás de todo esto. Esto es cruel, inhumano y no debería pasar nunca más. Yo hablo por los que no tienen fuerza ni recursos para hacerlo”, señaló con contundencia.

Reclamos administrativos y falta de respuestas

Gallo denunció que la gestión de la OSEF carece de coordinación y que los procedimientos internos son poco claros, lo que genera demoras que ponen en riesgo la vida de los afiliados. Además, criticó la falta de información y comunicación con los administrativos, quienes son los encargados de atender a los pacientes, pero que no cuentan con los recursos ni la capacitación para resolver los problemas generados por decisiones superiores.

“Trajeron funcionarios de otros lugares sin conocer nuestra realidad. Nos dicen que tenemos que empadronarnos, pero no saben que hace diez años que tengo este cáncer ni lo que significa para mí y para mi familia”, explicó Gallo.

El paciente señaló que las exigencias administrativas no consideran las particularidades de cada tratamiento ni la urgencia que implica un cáncer avanzado, y denunció que los funcionarios de mayor rango, incluidos miembros del gobierno provincial, no toman medidas para resolver estas situaciones de manera rápida.

“Mientras los funcionarios están en campaña, nosotros estamos esperando la medicación para vivir. No es política, esto es vida”, agregó.

Acción judicial y apoyo de la comunidad

Para recuperar su tratamiento, Gallo presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Río Grande, patrocinado por la Dra. Iara González Sardi, confiando en que la justicia ordene de forma inmediata a OSEF restablecer la provisión de su quimioterapia. Señaló que, si bien este tipo de medidas implica gastos significativos, el costo de no acceder al tratamiento sería mucho mayor, y afecta no solo a su salud, sino a la de todas las personas en situaciones similares.

“Hay gente que no tiene plata para un abogado ni fuerzas para hablar. Yo hablo por ellos”, afirmó, haciendo un llamado a la solidaridad y a la sensibilidad de la comunidad.

El caso de Fernando Gallo expone una problemática estructural en OSEF, donde la combinación de cambios administrativos, falta de comunicación y procedimientos burocráticos rígidos pone en riesgo la salud de los afiliados más vulnerables. Organizaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades graves han manifestado que este tipo de situaciones no son aisladas y que se requiere una revisión integral de los protocolos y la gestión interna de la obra social.

Impacto social y ético

La denuncia de Gallo trasciende lo individual y plantea un debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección del derecho a la salud. Los afiliados aportan mensualmente sus aportes a la obra social, pero cuando requieren atención inmediata se enfrentan a trámites engorrosos y demoras que pueden ser letales.

“Agradezco a todos los que hicieron público este problema. Esto no es por mí, sino por todos los que están sufriendo y no se animan a hablar”, concluyó Gallo, enfatizando la dimensión humana y ética del conflicto.

Hasta el momento, OSEF y las autoridades provinciales no emitieron declaraciones oficiales sobre el caso, aunque la justicia podría ordenar la restitución inmediata del tratamiento en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad espera que esta situación sirva como alerta sobre la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, sin que los trámites administrativos se interpongan entre los pacientes y su derecho a la vida.