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Vecinos y organizaciones denuncian avance de intereses privados sobre tierras públicas en Tierra del Fuego. Alertan sobre un modelo que se repite, consistente en el uso de tierras fiscales para emprendimientos privados bajo el relato ambiental. Además cuestionan falta de controles, complicidad política y recursos públicos sin rendición clara.

Ushuaia (InfoFueguina).- Crecen las denuncias de vecinos y organizaciones de Tierra del Fuego por la apropiación de tierras fiscales bajo el argumento de la conservación ambiental, con hechos que van desde el frustrado intento de urbanización del Hípico de Ushuaia en 2015 hasta la actual explotación de Península Mitre.

Además se señala a Adolfo Imbert y Dario Urruty como protagonistas de un esquema que transforma espacios comunitarios en negocios privados, con respaldo político y fondos estatales sin rendición clara.

Según se observó, el antecedente más antiguo se remonta a 2015, cuando el proyecto “Urbanización Barrio Hípico”, impulsado por Imbert, fue frenado por el Concejo Deliberante de Ushuaia ante la falta de documentación que acreditara la propiedad del predio.

La iniciativa buscaba fraccionar un espacio recreativo para convertirlo en un barrio privado, lo que reveló una estrategia de apropiación bajo el discurso del desarrollo urbano.

Los denunciantes recuerdan que, años después, la misma lógica se trasladó a Península Mitre, declarada Área Natural Protegida, cuando la Asociación Civil Conservación Península Mitre, presidida por Imbert, se consolidó como actor relevante.

Sin embargo, caminantes y vecinos denuncian tala de bosque nativo, alambrados que bloquean huellas históricas, retiro de baguales y controles privados que impiden el acceso a tierras fiscales; y, en paralelo, se promociona a la Estancia Policarpo como destino turístico y ganadero “sin contar con un plan de manejo aprobado ni controles ambientales”.

Aparecen fondos públicos

Tras anotarse que el modelo se fortaleció con recursos del fideicomiso FOBOSQUE, creado en 2017 y disuelto en 2024 por el gobierno nacional tras detectar irregularidades en la rendición de fondos; los denunciantes observaron que hasta hoy no se conoce con precisión qué entidades recibieron el dinero ni en qué se invirtió, mientras la provincia carece de brigadistas y bomberos rurales equipados para enfrentar emergencias ambientales.

El comerciante Dario Urruty, señalado como socio operativo de Imbert, también figura en este entramado; y ofrece expediciones ecuestres y turismo aventura tanto en el Hípico como en Península Mitre, en convivencia con denuncias por ganadería sin controles sanitarios y venta informal de carne vacuna proveniente de la reserva.

Por su parte, el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego es señalado por su inacción ante las denuncias, remarcándose que la falta de controles y sanciones permitió que el modelo se consolide, con conservación en los papeles y explotación en los hechos.

La pregunta de fondo que se hacen desde las organizaciones sociales es ¿hasta cuándo se sostendrá un esquema que convierte lo público en privado mientras el Estado permanece ausente?

Fuente: www.infofueguina.com