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Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación, expresó su profunda preocupación por el cierre de Vialidad Nacional, calificándolo como una “catástrofe”. Aleñá enfatizó la falta de claridad en el decreto que ordena este cierre, señalando que no se especifica quién se encargará de la conservación de las rutas no concesionadas ni qué sucederá con los fondos recaudados del impuesto al combustible. Por otra parte la Justicia Federal de San Martín ordenó suspender por seis meses el decreto del gobierno de Javier Milei para impedir que avance con el cierre del organismo. La decisión judicial frena el desguace hasta que se determine la constitucionalidad del decreto que disponía su disolución.

Río Grande.- En una entrevista con FM Del Pueblo, Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación, expresó su profunda preocupación por el cierre de Vialidad Nacional, calificándolo como una “catástrofe”. Aleñá enfatizó la falta de claridad en el decreto que ordena este cierre, señalando que no se especifica quién se encargará de la conservación de las rutas no concesionadas ni qué sucederá con los fondos recaudados del impuesto al combustible.

La entrevistada destacó que el decreto no menciona cómo se gestionarán los recursos del fideicomiso del combustible, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y la operatividad de los servicios viales. “Hoy estamos en stand-by, nuestra operatividad depende de los fondos que manda Nación, que indudablemente no lo están mandando”, afirmó Aleñá, quien también reveló que el año pasado se retuvieron casi 400.000 millones de pesos solo del impuesto al combustible.

Aleñá también hizo un llamado a la acción, mencionando que están trabajando con el Congreso para presentar proyectos que rechacen el decreto. “Hemos ido a la justicia pidiendo un amparo y una cautelar suspensiva para que no se ponga en vigencia ese decreto”, explicó, añadiendo que la situación actual es insostenible para los trabajadores, quienes no reciben sus adicionales desde hace meses.

La secretaria general no escatimó en críticas hacia el Gobierno nacional, señalando que la falta de atención a la seguridad vial es una falta de respeto hacia el pueblo argentino. “No les importa la vida de la gente”, dijo, refiriéndose a la indiferencia de los funcionarios ante la situación de las rutas, que se encuentran en condiciones deplorables.

Aleñá también destacó la importancia de la conectividad en el país, afirmando que “soberanía es poder comunicarnos”. Criticó a los funcionarios que, según ella, no comprenden la realidad del interior del país y la necesidad de mantener las rutas en condiciones adecuadas para el transporte de mercaderías y la seguridad de los ciudadanos.

En cuanto a la situación judicial, Aleñá mencionó que están apelando la decisión de la jueza que declaró incompetente el caso, y que están acelerando los trámites para obtener una respuesta rápida. “La incertidumbre te mata, te estresa tanto, sobre todo porque no hay definición”, concluyó.

La entrevista dejó en claro que la situación de Vialidad Nacional es crítica y que los trabajadores, junto con la comunidad, deben unirse para exigir respuestas y soluciones inmediatas.

Graciela Aleñá presentó una acción judicial para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto 461/25

La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, actuando con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, reclamó hoy vía acción de amparo, “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el Presidente, Javier Milei, para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”. El expediente quedó radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la Dra. Marta Rey, como Expte. Nº 27.651/2025.

“Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la C.N.”, indicaron en un comunicado de prensa difundido este jueves.

La fundamentación se centra en que el apresuramiento en imponer este desguace del aparato estatal, “genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial”, según señala el documento.

Además, tanto Aleñá como Barcesat argumentaron: “La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países”.

“En definitiva, existe un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional”, señalaron la sindicalista y el letrado en forma conjunta. Así, agregaron que se trata de “las mismas y fracasadas políticas económicas e institucionales del Estado terrorista, entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, proseguidas bajo la gestión macrista, al tiempo que endeudaron al país en cifras astronómicas, comprometiendo la titularidad del pueblo argentino y de las provincias sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio”.

Finalmente, el Amparo es una acción que “se les recuerda a los jueces del Poder Judicial de la Nación, que su deber primero es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 C.N. y art. 3º, Ley 27), a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas y actos que emanan de los otros poderes que conforman el Gobierno Federal”, concluyeron Aleñá y Barcesat.

La Justicia suspendió el cierre de Vialidad Nacional

Por otra parte, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo de la Juez Federal Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), impidiendo que el gobierno de Javier Milei avance con el cierre del organismo. La decisión judicial frena el desguace hasta que se determine la constitucionalidad del decreto que disponía su disolución.

En este sentido, el Gobierno nacional sufrió un nuevo revés judicial en su plan de reestructuración del Estado. Este jueves, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín aceptó una medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), frenando así la disolución del organismo. Esta resolución significa que la administración de Javier Milei no podrá avanzar sobre Vialidad Nacional hasta que un juez se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto emitido por el presidente y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial.

La aceptación del amparo fue confirmada por Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, quien precisó que a partir de ahora rige una medida de «no innovar», lo que implica que «por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad».

McNamara explicó que “Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”. Por este motivo, agregó la dirigente, la Ley Bases, legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar el organismo, no tiene efecto sobre Vialidad Nacional. “Esto es inconstitucional”, sentenció.

De esta forma, el organismo encargado de planificar y ejecutar obras viales debería continuar existiendo como tal, al menos hasta que un juzgado resuelva la cuestión de fondo, es decir, la legalidad del cierre orquestado por Sturzenegger. Mcnamara subrayó además que el objetivo principal es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”.

La presentación de SEVINA no fue la única acción legal recibida por la Justicia en contra del cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también había presentado una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, lo que indica un frente judicial amplio contra las medidas de desregulación.