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El abogado Jorge Pintos cuestionó la postura mediática del Dr. Gustavo Ariznavarreta, defensor del magistrado Andrés Leonelli, de quien dijo tenía material alojado en la nube de su cuenta personal vinculado a causas investigadas por él, debido a que el Poder Judicial carece de una cuenta propia para hacerlo. “La tenencia de imágenes de menores desnudos con fines sexuales es un delito grave”, afirmó el letrado ushuaiense.

Ushuaia.- El abogado Jorge Pintos dio detalles al periodista Julio Alday Curioni (JCA Noticias) sobre la situación que podría afrontar el magistrado Andrés Leonelli.

Justamente el Diario Prensa Libre de Ushuaia informó que tras el allanamiento de su vivienda en el exclusivo barrio Terrazas del Fin del Mundo y de su despacho en la Cámara de Apelaciones de Río Pipo, “fue notificado de derechos y garantías en una causa por tenencia de pornografía infantil”.

El magistrado Andrés Leonelli, quien se encuentra en el centro de una investigación relacionada con cibercriminalidad y la tenencia de imágenes de menores de edad. Pintos, con una trayectoria de 20 años en temas penales, abordó las implicaciones legales y éticas que enfrenta el juez en este caso.

Pintos comenzó explicando que la situación de Leonelli es compleja y que, según la información publicada, el magistrado habría tomado imágenes de archivos digitales y las habría almacenado en su nube personal. “Esto, indudablemente, constituye un delito bajo el artículo 128 del Código Penal, que no hace distinción entre un particular, un funcionario público o un juez. La tenencia de imágenes de menores desnudos con fines sexuales es un delito grave”, afirmó el abogado.

El letrado también destacó la naturaleza del delito tipificado en el Código Penal, que considera la mera tenencia de estas imágenes como un acto delictivo. “El artículo 128 es un delito de peligro, lo que significa que la sola posesión de estas imágenes es suficiente para que se configure el delito, independientemente de la intención del poseedor”, explicó Pintos. Esto implica que, incluso si Leonelli argumenta que las imágenes fueron adquiridas por motivos laborales, la ley no permite tal distinción.

Además, Pintos cuestionó la defensa presentada por Leonelli (representado por el ex Juez Gustavo Ariznavarreta), que sugiere que la tenencia de las imágenes podría haber sido por razones laborales. “Hay varias inconsistencias en esa postura. Un juez que se dedica a revisar causas de abuso sexual y cibercriminalidad debería conocer la ley que aplica. No se puede alegar ignorancia en este contexto”, señaló. La defensa del magistrado, según Pintos, no solo es débil, sino que también pone en duda la capacidad de Leonelli para desempeñar su función judicial.

El abogado también hizo hincapié en el procedimiento adecuado para el manejo de evidencia digital en el ámbito judicial. “Las imágenes digitales deben ser extraídas y almacenadas de manera segura por peritos o técnicos, y no pueden ser copiadas ni distribuidas sin la debida autorización del juez. La defensa no puede alegar que se trató de un error laboral cuando el manejo de esta evidencia está tan regulado”, argumentó. Pintos enfatizó que el manejo inadecuado de este tipo de información no solo es ilegal, sino que también puede comprometer la integridad de las investigaciones en curso.

Pintos concluyó su análisis advirtiendo sobre las repercusiones que esta situación podría tener para el Poder Judicial. “Es preocupante que un juez de cámara esté enfrentando acusaciones de este tipo. Esto no solo afecta su carrera, sino que también pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial en su conjunto. La confianza del público en el Poder Judicial se ve comprometida en situaciones como esta”, finalizó.

El abogado también hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de la ética en el ejercicio de la función judicial. “Los jueces deben ser ejemplos de conducta y respeto a la ley. Cuando uno de ellos se ve involucrado en un escándalo de esta magnitud, se erosiona la confianza que la sociedad tiene en el sistema judicial”, expresó.

Con su enfoque crítico y fundamentado, Jorge Pintos ofrece una perspectiva clara sobre la gravedad de la situación que enfrenta el magistrado Andrés Leonelli, subrayando la necesidad de una respuesta adecuada por parte de las autoridades judiciales. La comunidad espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar la justicia y la transparencia en este caso, así como en todos los que involucran la protección de los derechos de los menores.