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El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para transformar la Oficina Anticorrupción (OA) en un verdadero organismo de control, dotado de autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal. El objetivo es claro: que la OA pueda prevenir, investigar y denunciar hechos de corrupción con eficacia y sin condicionamientos políticos. Por otra parte, Blanco fue el único senador de Tierra del Fuego que rechazó el aumento de dietas.

Río Garnde.- “La reciente decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad es una prueba irrefutable de cómo la corrupción puede alcanzar los más altos niveles del poder. Y también es un llamado de atención: no basta con que las causas avancen después de años de impunidad. Necesitamos instituciones que funcionen antes, durante y después de cada acto de gobierno. Este proyecto apunta exactamente a eso: a prevenir, investigar y sancionar sin depender de la voluntad política del momento”, sostuvo Blanco.

Hoy la Oficina Anticorrupción está subordinada a un decreto del Poder Ejecutivo. Eso la vuelve vulnerable frente a los mismos actores que debe controlar. “La lucha contra la corrupción no puede depender del humor del gobierno de turno. Este proyecto busca terminar con esa hipocresía institucional”, afirmó el senador.

La iniciativa propone que la nueva OA tenga rango equivalente al de un Ministerio, con independencia del Poder Ejecutivo, y que su titular sea designado por concurso público de oposición y antecedentes. Tendrá un mandato de cinco años y no podrá ser removido arbitrariamente ni recibir instrucciones del gobierno.

Además, se amplían sus atribuciones, otorgándole capacidad real para investigar de oficio, presentar denuncias penales, actuar como querellante, exigir medidas preventivas ante irregularidades y emitir recomendaciones vinculantes. También deberá elaborar un informe final por cada investigación realizada y publicar una memoria anual detallando causas, hallazgos, daño económico al Estado y propuestas de reforma administrativa.

“Esta oficina tendrá dientes. No será más un órgano decorativo. Tendrá herramientas para actuar y sancionar. Queremos que funcione con rigor técnico y valentía institucional”, subrayó Blanco.

En cuanto a la selección de su titular, el proyecto establece requisitos estrictos que excluyen a personas con antecedentes penales, vínculos con contratistas del Estado o cargos partidarios recientes. “No queremos militantes disfrazados de fiscales. Queremos gente con ética pública y formación técnica, no amigos del poder”, advirtió.

La propuesta también incorpora una reforma a la Ley de Ética Pública (25.188), adaptándola al contexto actual de las redes sociales y la comunicación digital. Se prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cuentas personales para promocionar empresas o productos, y se presume oficial toda manifestación realizada en el marco de sus funciones.

“Hoy, un mensaje en redes puede influir más que una resolución oficial. Si no ponemos reglas claras, abrimos la puerta a la manipulación y al uso indebido de la comunicación pública. La ética también debe aplicarse en el mundo digital.”

Finalmente, Blanco fue contundente: “Si queremos reconstruir la confianza ciudadana, necesitamos instituciones que estén a la altura del desafío. La corrupción no se combate con frases bonitas. Se combate con leyes claras, organismos independientes y funcionarios valientes.”

Pablo Blanco, el único senador de Tierra del Fuego que rechazó el aumento de dietas

Solo 35 de los 72 senadores decidieron no percibir el incremento que elevó sus haberes a más de 9,5 millones de pesos. Entre ellos, se destaca Pablo Blanco como el único representante de Tierra del Fuego que renunció al aumento.

A raíz de la última paritaria firmada por los trabajadores legislativos —que automáticamente impacta sobre los salarios de los senadores—, las dietas brutas de los integrantes de la Cámara Alta subieron de 9 a 9,5 millones de pesos. Ante el repudio social generado por estos incrementos, un grupo de legisladores decidió formalizar su rechazo mediante una nota enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Fueron apenas 35 los senadores que optaron por dar un paso al costado respecto a este aumento. El plazo para renunciar venció el viernes 13 de junio y menos de la mitad del cuerpo presentó la solicitud. Pablo Blanco, senador radical por Tierra del Fuego, fue el único representante de la provincia en hacerlo.

El listado de renunciantes incluye a figuras del radicalismo, el PRO, La Libertad Avanza y bloques provinciales, con la particularidad de que ningún integrante del kirchnerismo se sumó a esta decisión. Tampoco lo hicieron algunos senadores dialoguistas, como Lucila Crexell o Natalia Gadano, mientras que Francisco Paoltroni (LLA) está de licencia y sin goce de sueldo.

La posibilidad de rechazar el aumento surgió tras una resolución de la vicepresidenta Villarruel, quien habilitó mediante decreto que cada legislador pudiera “adecuar o no, total o parcialmente” sus dietas. La medida buscó contener el malestar generado por la falta de acción del Senado, que en abril de 2024 aprobó sin debate una cláusula que ataba automáticamente sus salarios a los acuerdos paritarios de los empleados legislativos.

Aunque en agosto se intentó frenar una suba, el congelamiento se prorrogó hasta diciembre, y luego hasta fines de marzo. Pero ya en abril, sin una nueva prórroga, el ajuste se aplicó de forma automática, y los senadores pasaron a cobrar el doble sin objeciones formales.

Mientras tanto, el bloque mayoritario del peronismo, liderado por José Mayans, evitó pronunciarse públicamente sobre el tema. Voceros del espacio alegaron la delicada situación judicial de Cristina Kirchner como razón para no abordar el debate, y algunos incluso desmintieron los montos difundidos por el Gobierno, asegurando que el ingreso neto es considerablemente inferior al bruto.

La polémica sigue abierta, pero el gesto de renunciar al aumento —aunque simbólico en muchos casos— marcó una diferencia en el Senado. Y en Tierra del Fuego, solo Pablo Blanco optó por ese camino.