Carta abierta, para bien de todos y para mal de ninguno

Por Isidoro Aramburu (*)

Como ciudadano argentino y fueguino, sin representación partidaria, en esta hora difícil de nuestra amada provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un reclamo cívico y espiritual me exige, expresar públicamente mi sincero pensamiento.

Hoy constamos como nunca que las naciones desarrolladas e inteligentes del mundo, en función de la salvaje competencia del mercado internacional, suben aranceles aduaneros y cargas impositivas respecto de la manufactura extranjera en el marco de una economía proteccionista de la propia industria nacional. Las mueve el interés nacional, el bien común y el bienestar general del Pueblo que representan, objetivos que se alcanzan mediante el estímulo estatal del desarrollo, el trabajo y la producción.

A contrapelo de esa política racional e inteligente, el poder ejecutivo nacional emulando las retrogradas políticas de Martínez de Hoz en la dictadura militar, firma los decretos 333 y 334/25 beneficiando el trabajo y la manufactura extranjera, facilitando el ingreso y la comercialización en nuestro país de celulares, televisores y equipos de refrigeración importados, en desmedro de la propia industria nacional, como es el caso de la industria electrónica de Tierra del Fuego, que se ve ampliamente perjudicada ya que produce los mismos productos favorecidos arbitrariamente por aquellas medidas estatales.

El ataque gratuito hacia nuestra Provincia, se hace con desprecio del sistema federal argentino y al Estado social y democrático de Derecho, porque las normas cuestionadas son contrarias a las responsabilidades y objetivos que delinea la Constitución Nacional como una obligación del gobierno federal y de todas las instituciones de la democracia (promover la generación de empleo, la prosperidad del país, el bienestar, desarrollo y progreso social y económico equilibrado de todas las provincias etc. art. 77 incs. 18 y 19 CN.)

Con esas finalidades fue establecida la ley de promoción industrial fueguina, justamente para poblar la Patagonia y en especial el extremo austral de la Patria para –con ese estimulo- arraigar aquí industrias y familias argentinas en estas condiciones climáticas hostiles y adversas, distintas al resto de las regiones del país.

Las medidas que critico se producen en el marco de una política general de timba y especulación financiera y lo más triste es que responden a una exigencia del FMI, que desde hace años viene presionando a toda la partidocracia argentina (liberalismo o progresismo social demócrata), para derogar la ley 19.640 de promoción industrial fueguina, lo que de conseguirlo, finalmente ha de provocar el desempleo masivo, la miseria y la migración de miles de argentinos, despoblando a la Tierra del Fuego, de manera funcional a las pretensiones del Reino Unido de Gran Bretaña que usurpa nuestra Provincia.

Las medidas que se cuestionan buscan perjudicar la producción y el trabajo en nuestra provincia, la más austral de la Nación Argentina, justamente donde debemos fortalecer y consolidar la soberanía nacional mediante el arraigo de ciudadanos argentinos, frente a las potencias imperialistas que codician y usurpan nuestros recursos, mares y territorios, y se expanden ilícita y arbitrariamente hacia el continente blanco.

No debe soslayarse que nos estamos refiriendo a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más austral, más extensa y quizás la más rica de la República Argentina, con una importancia geopolítica extraordinaria porque en su jurisdicción se encuentra el paso interoceánico del Mar de Hoces al Sur del Cabo de Hornos y la proyección hacia el Sector Antártico Argentino que también codician otras naciones.

Esas circunstancias excepcionales, obligan a fortalecer los intereses soberanos argentinos aquí en nuestra Provincia, y por lo tanto necesitamos que la presencia del Pueblo fueguino y su desarrollo, fortalezcan la ocupación física efectiva del territorio y los espacios marítimos.

(*) Isidoro Aramburu, abogado y ex Juez Electoral de la provincia de Tierra del Fuego.