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El gobierno profundiza el ahogo al Municipio de Río Grande.

Río Grande.- El Dr. Federico Runín, secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, dio a conocer el descuento de más de seis millones de fondos municipales por parte de gobierno y la respuesta recibida cuando pidieron explicaciones, mientras la gestión Bertone mantiene una deuda “cercana a los cien millones”, dijo.
Por Radio Provincia, explicó que “en el transcurso del mes de julio hubo una retención de aproximadamente seis millones doscientos mil pesos al Municipio de Río Grande. No teníamos elementos para saber en virtud de qué se había realizado esta retención y se solicitó por carta documento que se aclare la situación. Hemos tenido como respuesta de Contaduría de provincia que el descuento obedece a la aplicación del artículo 25 de la ley 1.070, que es la ley sancionada a principios de año y crea la caja de previsión social de Tierra del Fuego, el ente que continuaría al IPAUSS”.
“Entendemos que esta retención de fondos, basada en la aplicación de esta norma, no se condice con lo que la ley autoriza. La ley habla de la retención cuando existen importes adeudados por aportes, contribuciones e intereses; no así cuando se trata del fondo solidario, creado por la ley 1.068”, diferenció.
Aparentemente, el gobierno habría retenido dinero del aporte solidario al cual no adhirió la Municipalidad tras decidir no descontar dinero a los trabajadores, y habrían invocando una ley distinta de la emergencia: “La ley 1068 fue la que declaró la emergencia previsional a principios de año, y creó un fondo solidario para el pago de jubilaciones. Aparentemente tuvo que ver con eso”, dijo Runín.
“Nosotros vamos a contestar nuevamente esta carta documento, siguiendo los carriles administrativos que corresponden, porque el fondo solidario que se creó en el marco de la emergencia previsional no puede ser retenido invocando el artículo 25 de la ley 1070”, reiteró.
“Esto no se ha ajustado a las leyes sancionadas a principios de año. Hay mecanismos administrativos y judiciales sobre los que tenemos que avanzar, porque son recursos de la ciudad y está en juego la autonomía de los municipios”, enfatizó el funcionario.
“Todo lo que tenga que ver con remuneraciones y retenciones es potestad del Municipio de Río Grande, por Carta Orgánica. En su momento el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que reafirmó la autonomía frente al fondo solidario que se creó oportunamente para el pago de jubilaciones”, apuntó, en referencia a la herramienta legal que rechazó los descuentos salariales.
“Hablamos de recursos públicos, estamos en un estado de derecho, esto no se condice con las normas y hay mecanismos constitucionales y legales que se deben seguir para realizar una retención de este tipo”, aseveró Runín.
“Seis millones de pesos es una suma importante para los municipios, a nosotros nos perjudica y no ha sido el marco correcto”, sentenció.

De la deuda, nada

Consultado sobre el monto de deuda de coparticipación que mantiene la gestión Bertone con la administración Melella, dijo que “incluida la deuda de coparticipación, los saldos definitivos vencidos y la deuda por tasas y tributos municipales adeudados a Río Grande por períodos anteriores, estamos hablando de cerca de cien millones de pesos”.
Mientras se descuenta, no se transfieren los fondos de la ciudad como corresponde y “este es dinero que corresponde al Municipio, pero hacen una retención que no se condice con lo que establece la ley”, cuestionó el funcionario.

Vía judicial

Con la retención realizada y el cruce de cartas documento, habrá un nuevo paso administrativo y seguiría la vía judicial.
“El reclamo de esta retención comenzó a fines de julio por carta documento y es una suma importante para nosotros, porque se puede hacer frente a muchas obligaciones con ese dinero. Si a cualquier trabajador le aparece una retención de golpe por un concepto que no es el adecuado, tiene que hacer el reclamo y es lo que hicimos. Reclamamos directamente a la Contaduría y en base a la contestación que se dio, vamos a evaluar las acciones a seguir, porque no encuadra en absoluto en la justificación que se intenta dar”, concluyó Runín.