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El subsecretario Álvarez confirmó el fin de las licencias pagas

“Fue un viva la pepa en el sector gremial”, dijo Álvarez

El subsecretario de Asuntos Gremiales José Luis Álvarez sostuvo que se quitaron los “privilegios” a los gremios estatales con la baja del registro provincial. El fin de las licencias pagas alcanzaría a todos y ahora espera discutir en paritarias la modalidad de los sindicatos con reconocimiento nacional: deberán volver a trabajar o sostener con fondos propios sus licencias. Precisó que hay cien miembros de la comisión directiva del SUTEF, más 238 delegados; otros cien de la comisión de ATE y alrededor de treinta por ATSA y UPCN. Además expuso el descontrol con ejemplos concretos: nueve millones de pesos destinados a docentes por licencias médicas solamente en Río Grande; y el pago del salario a un congresal gremial del hospital que no trabajó en todo 2015.

“Son los privilegios sindicales los que se han querido empezar a poner en normalidad”, sentenció  Álvarez.

“Son los privilegios sindicales los que se han querido empezar a poner en normalidad”, sentenció Álvarez.

Río Grande.- “Son los privilegios sindicales los que se han querido empezar a poner en normalidad”, sentenció al programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por FM Universidad 93.5 el Dr. José Luís Álvarez, subsecretario de Asuntos Gremiales, tras la baja del registro provincial de gremios que había creado Fabiana Ríos.
Aseguró que se sostuvieron “privilegios” hacia algunos sindicatos, y expuso el perjuicio al erario público, no sólo por el monto estimado en 550 millones para las licencias gremiales de 2015, sino por el gasto adicional al tener que tomar personal de reemplazo para los dirigentes.
Tras la baja de los gremios sin reconocimiento nacional, quedan nueve en el ámbito estatal. “Registrados bajo la ley 23.551, están los gremios históricos en el ámbito de la administración central, que son SUTEF, ATSA, ATE y UPCN. En los entes autárquicos tenemos a Energía, Obras Sanitarias, Vialidad, SUTAP en el Puerto, y son gremios que tienen inscripción gremial nacional, de los entes descentralizados”, detalló.
“Son nueve gremios y luego tenemos comisiones normalizadoras como por ejemplo AMET, con dos representantes”, apuntó de los que continuarán siendo reconocidos.

Descontrol de Ríos

Marcó el desmadre de la situación durante los dos períodos de Fabiana Ríos. “Desde el primer mandato en 2007 lo que se generó fue entender la libertad sindical como la proliferación de representantes sindicales. No olvidemos que Fabiana Ríos y el ARI originalmente, luego el PSP, vinieron de extracción gremial. Es como que se olvidaron de reconocer que la libertad sindical tenía un límite y que, como todo derecho, no es absoluto sino relativo y debía estar acotado”, planteó el funcionario.
Además “hubo una negligencia del gobierno para ver cuándo se ha llegado al límite”, a partir de que se habrían seguido pagando las horas de licencia aun cuando se superó el límite de las 1.500 mensuales.
“Desde 1994 se asumió una actitud de reconocer licencias gremiales a las comisiones directivas”, dijo de una decisión previa a Ríos, al tiempo que planteó el agravamiento de esta situación con la proliferación de miembros de comisión directiva y delegados.
Para el caso de los docentes, se paga el salario por todos los cargos que acumula, y hay dirigentes que no trabajan y cobran por tres cargos, afirmó, “si son de la comisión directiva. Esto es así de acuerdo al acta firmada en 2003, y estamos obligados a reconocerles el permiso gremial, siempre que esté dentro de las 1.500 horas, sea la cantidad de cargos que sea”.

Gremios sostenidos por el patrón

Álvarez resaltó un problema de fondo, al margen del costo económico, e instó a ver “cuál fue la intención del sistema: nosotros no podemos subvencionar a las asociaciones gremiales. El Estado está subvencionándolas, pagando con fondos públicos para que hagan actividad sindical y en este momento política, porque estar luchando por el paquete de leyes no es una actividad sindical sino política”, dijo.
“En este momento el Estado está pagando para que ellos puedan estar tranquilamente usando su licencia gremial, y hacer el piquete frente a Casa de Gobierno impidiendo el trabajo”, remarcó.
El uso de las licencias se llevó a la práctica como el canje de un voucher, sin ningún tipo de control. Hoy “quedaron cuatro sindicatos” y aun así superarían los 500 dirigentes, contando los delegados.
“Los docentes tienen una comisión directiva compuesta por cien miembros, porque son cuatro entidades del SUTEF: está la conducción provincial, las seccionales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, pero si se entrelazan se advierte que se superponen cargos. Al ver quién es quién, son cien personas el total de integrantes de la comisión directiva de los docentes”, manifestó Álvarez.
Respecto de ATE, dijo que “tiene la comisión de Ushuaia, el consejo directivo de Ushuaia, el de Tolhuin y Río Grande. La diferencia con los docentes es que está compuesto también por empleados municipales. Son treinta miembros por cada comisión, y rondarían los 70 solamente de comisión directiva”.
“ATSA tiene su comisión provincial y también son treinta, que es provincial. Y tenemos a UPCN, que son otros treinta de comisión directiva. Luego tenemos todos los delegados. Solamente de docentes tenemos 238 informados al 15 de diciembre y el miércoles hacen un nuevo llamado a elecciones de delegados porque van a incorporar otra tanda más”, agregó al listado.

Doble gasto

El subsecretario dio cuenta de la doble erogación que implica la licencia paga y además el reemplazo del dirigente que no trabaja. “El problema del delegado es que muchas veces utilizan al que está en carácter de suplente y, cuando se termina la suplencia, igual siguen cumpliendo funciones porque por la tutela sindical solamente se los puede excluir del cargo mediante una exclusión de tutela. Se genera toda una distorsión del sistema que no solamente afecta el pago del permiso gremial, sino que no se lo puede remover cuando se terminó su suplencia, con lo cual tenemos un titular que no cumple sus funciones, un delegado que es suplente de licencia y hay que incorporar un tercer docente”, expresó de los casos en que hay tres personas nombradas para un solo cargo docente.

Licencias médicas sin control

Por otra parte, expuso otra vía por la que se fugan fondos públicos, vinculada con la falta de control de las licencias médicas, y habiendo una gran cantidad de empleados públicos con licencia psiquiátrica que les permite períodos prolongados sin trabajar.
“Tenemos un problema grave de control del ausentismo. Cuando yo asumí el cargo, en el mes de febrero estábamos cargando los certificados médicos de noviembre de 2015. Si quiero mandar una visita médica al domicilio y me entero dos meses después, la persona ya volvió a su trabajo. El día está justificado, pero si estuvo o no enfermo, no lo sabremos nunca porque no podemos ejercer el contralor”, señaló.
“Hay un déficit en la carga del sistema” puntualizó como falla administrativa, que se suma a las deficiencias de fiscalización sanitaria.
Y aportó un ejemplo paradigmático del dispendio: “Desde Recursos Humanos me informaron que solamente de un solo profesional había licencias que equivalían a nueve millones de pesos, sólo de Río Grande”, dijo de los casos de licencias a docentes, “teniendo en cuenta que hay 6.999 docentes en la provincia”, precisó si bien llegan a once mil con la sumatoria de cargos.
“Necesitamos poder tener la información y en los últimos cuatro años hubo un abandono de parte del Estado, de asumir su rol de empleador. Fue un ‘viva la pepa’ en el sector gremial y no es un problema del chancho sino del que le da de comer, con perdón de la expresión”, dijo.
“Si llega la información de tres o cuatro certificados del mismo profesional, tengo que mandar un médico a ver qué está pasando. No es solamente responsabilidad de los docentes. No sé si son o no reales esas enfermedades, y es una responsabilidad mía como empleador”, subrayó, asumiendo la “falla del control del Estado”.
Atribuyó “la actitud que estamos teniendo de belicosidad, de resistencia” a que “el gobierno como empleador está tomando medidas que tienden a normalizar, a encauzar los fondos donde tienen que ir”.

Barajar y dar de nuevo

El subsecretario aspira a acordar en paritarias cómo continuará el régimen de licencias de ahora en adelante. “Carlos Córdoba –dirigente de ATE- se enoja porque decimos que vamos a dejar de darle privilegios a los que tenían privilegios, y que les estamos pidiendo que vayan a trabajar. En su tiempo libre pueden hacer actividad sindical, pero que trabajen, porque de esa manera los fondos que dejamos de destinar a licencias gremiales de las comisiones directivas van a permitir que construyamos, que hagamos ampliación del hospital, que paguemos más guardias, que hagamos más escuelas, que esté la infraestructura del hospital, porque nos piden infraestructura, insumos, y tenemos un gasto muy excedido”, enfatizó.
De paso, mencionó que “en el hospital hay un congresal que hace un año no trabaja. No trabajó en todo 2015 y fue el congreso más largo de la historia. El estado le pagó y el congresal nunca vino a prestar tareas. Si esa persona hubiese trabajado ese año, quizás no hubiéramos tenido que dar tantas guardias, porque ahí está el desfasaje: no es solamente lo que se le paga por la licencia gremial, sino que también debemos afectar el trabajo de otra persona para que cubra el turno de la que no está. Nos falta personal y tenemos personas que van a un congreso que dura un año y no prestan tareas en su lugar de trabajo. Luego se recarga a otra persona y después vienen los planteos del sector de salud, de los que están cansados por la sobrecarga de guardias”.
La propuesta planteará dos alternativas: “Una es que los miembros de las comisiones directivas vuelvan a su puesto de trabajo y en sus horas libres cumplan funciones en el sindicato. En este caso trabajarían, cobrarían su sueldo legítimamente y después hacen actividad gremial. O bien, se toman la licencia gremial sin goce de haberes, y que se los pague el sindicato de los fondos que recibe de los afiliados. El Estado se ahorra ese dinero y podemos tomar otra persona o reincorporar a los que están solicitando el reingreso”, planteó.
Consideró “un absurdo” que “hoy se discute que no quieren volver a trabajar, y quieren que se les siga pagando la licencia gremial. Es absurdo y en este momento estamos fomentando nosotros este conflicto, manteniendo el pago de las licencias gremiales. Necesitamos reencauzar esta situación, sentarlos en paritarias, sincerar el sistema y que, si quieren hacer política sindical, que asuman su parte. Nosotros vamos a tomar las responsabilidades de nuestra parte. Hasta ahora fue así, pero podemos rever el sistema. Y si ellos acusan a los funcionarios de ñoquis, veamos quiénes están cobrando sin ir a trabajar”, agregó, dispuesto a mirar también lo que ocurre con los cargos políticos.
Finalmente informó que esta semana seguirán las negociaciones con distintos sectores. “Con ATSA estamos profundizando la discusión, se están armando las mesas técnicas; seguimos con ATE discutiendo el decreto 1428 y seguimos el diálogo con los actores que quieren sentarse a discutir”, concluyó.

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