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Las obras desaceleran el ritmo por falta de recursos y precios

El presidente de la Cámara de la Construcción expuso una serie de factores directamente relacionados con la inestabilidad económica y la corrida cambiaria posterior a las PASO, que obligan a reducir el ritmo de obras. No hay precios y, cuando los hay, están dolarizados, mientras que las redeterminaciones se dilatan. En el caso de las obras financiadas por el Fondo Fiduciario Federal, no puede suplir la provincia la diferencia. Hubo diálogos con el gobernador electo, que aspira a conseguir financiamiento para un plan de viviendas, pero todo sigue atado a la posibilidad de estabilizar la economía. “Estamos llegando al final del período de este año con muy poca obra. En Río Grande hay 120 viviendas en construcción, en Tolhuin han comenzado 55 viviendas, y en Ushuaia no tenemos casi nada”, dijo.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, hizo un balance del 2019 por Radio Universidad 93.5 y se refirió además a las perspectivas para esta temporada, que hasta ahora no son alentadoras.

“Durante el año 2019 se fueron construyendo obras que ya había en ejecución. Los meses de junio y julio aflojó un poco el ritmo por la veda invernal. Cuando estábamos por comenzar, la temporada no se ha manifestado climatológicamente con toda la fuerza, y además se da la particularidad de la fuerte variación de precios que hemos tenido en los últimos 40 días, a partir de la corrida cambiaria, que impacta directa e indirectamente en los precios”, expresó.

“Algunos, como para cubrir sus inversiones, directamente dolarizan todo aunque los materiales no sean ciento por ciento importados. Durante la gestión de la gobernadora, nosotros tuvimos muchos fondos del FFFIR –Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional-, y eso ayudó mucho. Pero cuando hay necesidad de redeterminar precios, estos fondos son muy acotados y realmente se complica. Estamos en la necesidad de achatar fuertemente el ritmo de las obra, no pararlas, porque no es cuestión de parar un tren en marcha”, dijo de la alternativa que se está manejando para sortear la coyuntura.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, hizo un balance del 2019 por Radio Universidad 93.5 y se refirió además a las perspectivas para esta temporada, que hasta ahora no son alentadoras.

“Hoy la política que sugiere la Cámara a sus asociados es que, sin parar las obras, se vaya a un ritmo tal que permita mantener un cierto grado de inversión, mantener el personal, que es lo más complejo en este momento, y poder esperar a que los índices de redeterminación de precios reflejen lo que ocurrió hace poco más de un mes. Los contratos tienen una fuente de financiamiento y no se puede pasar por encima de ella. Si el FFFIR dice que va a financiar una obra, el comitente, que es el intermediario entre el FFFIR y nosotros, no puede suplir los fondos que no se remiten, porque estaría incumpliendo su propio contrato”, explicó sobre las limitaciones en este caso para que el gobierno de la provincia compense las diferencias.

“Es realmente complejo esto. Lo que estamos haciendo es bajar un poco el ritmo hasta que se acomode la carga financiera. El problema es, si la masa monetaria que alcanza, cómo hacemos para suplir el remanente del nuevo precio que surge de la redeterminación. Además la redeterminación es engorrosa, compleja. Dicen que van a cumplir con los certificados básicos, pero si esos certificados eran a un dólar a 25 pesos, y hoy el dólar es de 60 pesos, estamos cobrando la mitad”, subrayó.

Consultado acerca de qué implicancias tiene “achatar” el ritmo de obras, dijo que “es bajar el ritmo para mantener las obras con lo poco que se está cobrando. Si el compromiso de un mes era certificar dos, tres o cuatro millones de pesos, es a lo mejor llevarlo a la mitad o un poco menos. Esto obviamente implica reducir personal o hacer tareas que no requieran inversión monetaria. Claramente hay que modificar los planes de trabajo, se extiende el plazo de obra, y esto lo tiene que aprobar el comitente, que tiene que reconocer esta realidad. El contrato de obra pública es muy rígido, requiere mucha tramitación, hay auditorías previas y posteriores, y el funcionario puede sentirse bajo presión de hacer o no estas modificaciones que estamos proponiendo. Por eso hemos hablado con el presidente a cargo del IPV, el señor Fabio Escobar; el delegado en Río Grande está conversando con las autoridades de la municipalidad. Esta semana vamos a elevar esta propuesta al gobierno de la provincia”, adelantó.

Muy poco en marcha

Respecto de las obras en marcha actualmente, indicó que “estamos llegando al final del período de este año con muy poca obra. En Río Grande hay 120 viviendas en construcción, que tienen un avance del 20 ó 30%; en Tolhuin han comenzado 55 viviendas que están recién iniciadas, y en Ushuaia no tenemos casi nada de obras en el orden público”.

“Hay algunos pliegos de licitación, la semana pasada se abrieron dos jardines de infantes para Ushuaia, que son obras medianas, de 500 metros cuadrados, de 40 ó 45 millones de pesos; está la ampliación de un jardín de infantes en Río Grande, pero no hay recursos y tampoco hay precios”, alertó.

“El comercio local está muy competitivo con los precios de Buenos Aires y nos está acompañando en esta gestión. Hay algunas cosas muy puntuales que no venden, como algunos revestimientos, carpintería de vidrio, porque la materia prima se consigue en Buenos Aires y en algunos casos es importada. Esto directamente hace que el proveedor cotice en dólares, con el cambio al momento del pago. Algunos piden hasta un 60% de anticipo, depende del material, y en otros casos es el 20 ó el 25%. Lo que es en pesos, va en pesos pero con una cláusula de ajuste en dólares, y eso es muy peligroso para nosotros, porque no ajustamos en dólares nuestros contratos”, sostuvo.

Asimismo, dio cuenta de la dificultad para las empresas que no tienen espalda para sostener el ritmo de trabajo sin cobrar: “Si no hay recursos propios, muchas veces las obras se paralizan, porque tenemos atrasos de 60 días de cobranza, y no hay forma de avanzar. Cuando se rompe la ecuación económico-financiera, es muy difícil. Esto es cíclico y cada cuatro o cinco años se produce este fenómeno”.

Consultado sobre el costo del metro cuadrado, dijo que “en el caso de la vivienda social, está alrededor de los 45 mil pesos. Los jardines de infantes, que son obras especiales, porque incluyen equipamiento, tienen un sistema de calefacción muy moderno, están alrededor de los 80 mil pesos el metro cuadrado. Es prácticamente el doble porque son obras de alta infraestructura. Además los suelos son bastante malos y eso también encarece. Puede darse la posibilidad de que haya roca, o material de mala calidad, como turba o tierra negra”, detalló.

Pese a la cifra que parece muy alta, en términos relativos ha caído el precio, dado que en Ushuaia el metro cuadrado superaba los dos mil dólares y, al cambio actual, está muy lejos de valores anteriores.

Perspectivas complicadas

En cuanto a lo que esperan con el cambio de gobierno, informó que “nuestros colegas de la delegación Río Grande han tenido una reunión con el gobernador electo y parte de su equipo, y la preocupación es buscar financiamiento para desarrollar las obras que están haciendo falta. Como primera solución, se planteó conseguir un financiamiento fuerte para construir viviendas en la provincia en los próximos cuatro años de gestión. Eso da mucha movilidad, porque genera mano de obra directa e indirecta. El punto es que consiga la financiación y que el país se pueda acomodar para conseguirla”, remarcó.

También se le preguntó si se agilizaron la redeterminaciones en el caso del municipio, que había dictado una resolución específica con el fin de no parar las obras. “Tuvieron la inmensa visión de sacar una resolución para redeterminar rápidamente el 90% de las obras, pero se encontraron con una serie de inconvenientes con los órganos de contralor. Esto no se pudo poner en práctica”, lamentó.

“Cuando se dé una nueva reunión con los asesores del gobernador electo, vamos a ver si se puede hacer una oficina o departamento único de redeterminación de precios, para que no esté todo tan disperso. Hoy redetermina el IPV con un funcionario, el FFFIR tiene su propia tecnología, la DPOSS tiene su tecnología, las municipalidades tienen su propio sistema, y realmente es muy complejo”, planteó.

Finalmente se le preguntó sin la modalidad de participación público-privada –PPP-, tan publicitada por el actual gobierno nacional, tuvo éxito en Tierra del Fuego.

“En la provincia no se llevaron a cabo. El Banco Nación había tenido una participación para desarrollar esto, pero no instrumentaron los mecanismos, y las tasas hacían muy difícil el recupero. A nivel nación, muchas obras se hicieron con la modalidad PPP y tienen que ver con autopistas, que tienen peaje y eso permite recuperar los fondos. En esos casos está funcionando, pero acá todavía no”. Si bien no descartó que en el futuro se pueda avanzar con los PPP, remarcó que “se puede llevar adelante cualquier cosa, en tanto y en cuanto haya estabilidad económica”, y las perspectivas son al menos “dos años muy difíciles” por venir.

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