Se puso en marcha la Comisión Investigadora por el radar inglés instalado en Tierra del Fuego

Bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas, el parlamento fueguino inició el proceso investigativo para auditar la cadena de responsabilidades políticas y técnicas en torno al radar de Leolabs instalado en Tolhuin.

Ushuaia (25 de junio).- El pasado jueves 18 de junio, a las 14:00 horas, la sala de sesiones de la Legislatura de Tierra del Fuego de San Martín 1431; fue el escenario de un paso institucional decisivo para la provincia. En ese horario y lugar, se puso en marcha de manera operativa la Comisión Especial Investigadora por el caso LeoLabs, dando inicio formal al plazo de 90 días hábiles estipulado para analizar el andamiaje administrativo que permitió el despliegue del sensor de capitales británicos en el corazón de la isla.

La sesión, que tuvo carácter público, sirvió para ratificar el Reglamento Interno y dar curso a la planificación de las primeras e inmediatas medidas de prueba orientadas a romper el cerco de silencio que rodeó al proyecto desde el año 2022.

Un exhaustivo requisitorio sobre la mesa

En este marco fundacional, el Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia —que integra el cuerpo en calidad de asesor ad honorem con derecho a voz— presentó formalmente como moción, un extenso y minucioso requisitorio. El documento está diseñado para transformarse en una de las principales hojas de ruta del trabajo indagatorio.

Dicha presentación técnica y legal, involucra la solicitud inmediata de copias certificadas de expedientes, notas oficiales, registros informáticos y comunicaciones cruzadas ante un sinnúmero de ministerios, secretarías, entes descentralizados de la provincia, organismos del Gobierno Nacional y la Municipalidad de Tolhuin. Asimismo, el pliego que acercaron los veteranos contempla un severo esquema de comparecencias para que testimonien ante el Parlamento fueguino, tanto personal técnico de planta, como funcionarios de distintas líneas de mando, incluyendo un pedido específico para la citación del propio Gobernador de la provincia.

Con la puesta en marcha de este proceso, la Legislatura fueguina activa un mecanismo constitucional clave. La recopilación de pruebas y el control sobre el entramado interinstitucional que convalidó un instrumento con capacidad militar extranjera en nuestro suelo entran, finalmente, en una cuenta regresiva pública y obligatoria.

Fuente: Agenda Malvinas.