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Sólo el representante del Poder Ejecutivo, Jorge Canals, votó por avanzar con el procedimiento impulsado por el abogado Antonio César Petkos. La decisión se adoptó este martes durante una reunión del cuerpo que contó con la participación presencial del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman; y el abogado de Ushuaia, Alejandro Pagano Zavalía. De manera virtual participaron la presidenta del Consejo de la Magistratura y jueza del Superior Tribunal, Edith Miriam Cristiano; el jefe de Gabinete, Jorge Canals; y el abogado riograndense Luís Castelli.

Ushuaia.- El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió por amplia mayoría rechazar la denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler.

La única postura disidente fue la del jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, representante del Poder Ejecutivo dentro del organismo, quien votó por dar continuidad al procedimiento.

La decisión se adoptó este martes durante una reunión del cuerpo que contó con la participación presencial del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman; y el abogado de Ushuaia, Alejandro Pagano Zavalía.

De manera virtual participaron la presidenta del Consejo de la Magistratura y jueza del Superior Tribunal, Edith Miriam Cristiano; el jefe de Gabinete, Jorge Canals; y el abogado riograndense Luis Castelli.

El informe preliminar

Al abordar la denuncia contra Löffler, la jueza Cristiano informó sobre la presentación del dictamen preliminar elaborado en el expediente, en el que concluyó que los hechos expuestos por el denunciante “no satisfacen las exigencias previstas en el artículo 10 de la Ley Provincial 525”.

Según el informe, los elementos aportados “no permiten identificar conductas funcionales concretas, objetivamente verificables y jurídicamente relevantes atribuibles al magistrado denunciado”.

Durante el tratamiento del tema, el abogado Alejandro Pagano Zavalía se excusó de intervenir debido a que ocupa el cargo de fiscal Acusador dentro del propio Consejo.

En tanto, el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre solicitó apartarse del análisis del expediente, aunque su pedido fue rechazado por el resto de los consejeros. Finalmente, al momento de emitir opinión, votó por desestimar la denuncia, postura que también acompañaron los legisladores Jorge Lechman y Victoria Vuoto, además del abogado Luis Castelli.

De esta manera, el único voto favorable a continuar el procedimiento fue el de Jorge Canals.

Los argumentos de la denuncia

En los antecedentes incorporados al expediente, el abogado Antonio César Petkos sostuvo que existiría un “patrón de conducta” en el que confluirían vínculos personales, académicos y decisiones jurisdiccionales que, a su criterio, permitirían inferir una utilización indebida de la función judicial.

Entre los puntos planteados en la presentación, el denunciante hizo referencia a declaraciones públicas de la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora —cuñada del magistrado denunciado—, las cuales, según sostuvo, podrían vincular la actuación jurisdiccional de Löffler con determinados contextos políticos.

Asimismo, mencionó la relación académica entre el juez y el jurista Alfonso Santiago, quien dirigió su tesis doctoral y posteriormente intervino como abogado en causas vinculadas al proceso de reforma electoral.

Otro de los ejes de la denuncia estuvo centrado en la actuación del magistrado en la causa penal seguida contra el gobernador Gustavo Melella. Según Petkos, la falta de resolución del expediente durante un período prolongado habría generado efectos institucionales, señalando además la posterior excusación del juez como un elemento a considerar.

Los fundamentos del rechazo

En su informe preliminar, la jueza Edith Miriam Cristiano descartó que los hechos denunciados configuraran causal de mal desempeño.

Respecto de las declaraciones públicas de Guadalupe Zamora, sostuvo que se trató de “expresiones provenientes del ámbito político” que no refieren a actos propios del magistrado ni resultan aptas para sostener una acusación institucional.

Sobre el vínculo académico con Alfonso Santiago, consideró que no existen elementos que permitan inferir afectación alguna al principio de imparcialidad judicial, al tratarse de “una relación académica ordinaria, sin incidencia funcional” en los procesos mencionados.

Finalmente, en relación con la actuación de Löffler en la causa penal contra el gobernador Melella, el informe remarcó que la estructura colegiada del Superior Tribunal impide atribuir responsabilidad individual por el trámite o el resultado del expediente.

Además, señaló que no se verificó perjuicio concreto ni afectación al plazo razonable del proceso y que la posterior excusación del magistrado “no evidencia inconsistencia”, sino que se ajustó “al criterio institucional previamente fijado por el propio Tribunal”.