La abogada Griselda Engelhard aseguró que al menos 26 personas fueron afectadas por maniobras irregulares. Advirtió además sobre intimidaciones a quienes impulsan la denuncia.
Ushuaia.- La causa por la presunta estafa con tierras fiscales en Ushuaia suma un nuevo capítulo y eleva su nivel de gravedad. A las denuncias por operaciones irregulares se agregaron en los últimos días acusaciones de hostigamiento hacia familias damnificadas.
Según informó la abogada Griselda Engelhard, en declaraciones a FM Aire Libre, al menos 26 personas habrían sido afectadas por un esquema que incluyó publicaciones en redes sociales, pagos sin respaldo formal y promesas de adjudicación de terrenos que nunca se concretaron.
Para la letrada, el caso no puede analizarse de forma aislada. Señaló que la crisis habitacional, la falta de controles y la ausencia de políticas públicas efectivas generan un escenario propicio para este tipo de maniobras.
En ese contexto, advirtió que muchas familias recurren a alternativas informales ante la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario formal.
El punto más sensible surgió recientemente, cuando una de las familias denunció haber sido víctima de hostigamiento. De acuerdo a lo expuesto, se registraron llamados insistentes y pedidos de encuentros en circunstancias sospechosas.
La situación derivó en la solicitud de medidas de protección, lo que encendió alertas sobre las garantías de seguridad para quienes denuncian.
Engelhard también planteó dudas sobre el rol del municipio en el control de las tierras fiscales. Si bien no hay imputaciones directas, remarcó que se trata de bienes públicos cuya supervisión corresponde al Estado.
Además, mencionó la necesidad de investigar posibles vínculos individuales con actores ligados a organizaciones sindicales, en el marco de una pesquisa que —subrayó— debe avanzar con transparencia.
Mientras la investigación judicial continúa, las consecuencias ya son concretas para los damnificados: pérdidas económicas, incertidumbre y la frustración de ver frustrado el acceso a una vivienda.
El caso, concluyó la abogada, expone una problemática más amplia que sigue sin resolverse y que podría derivar en nuevos episodios si no se adoptan medidas de fondo.
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