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El máximo tribunal nacional tomó intervención en la causa contra el Municipio de Tolhuin. La empresa Transporte Roanmat S.R.L. denuncia un desalojo inconstitucional, un fallo basado en una norma de la dictadura y un “per saltum” del Superior Tribunal de Justicia. Advierten sobre un posible juicio millonario contra el Estado municipal.

Tolhuin.- La disputa judicial por las Termas del río Valdez dio un giro de alto impacto institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso federal presentado por la firma Transporte Roanmat S.R.L., concesionaria del complejo termal, en la causa “Municipalidad de Tolhuin c/ Transporte Roanmat S.R.L. s/ Lanzamiento”, y giró el expediente a la Secretaría Judicial Nº 4, Vocalía Nº 3, dando continuidad al trámite administrativo en el máximo tribunal del país.

La decisión no implica aún un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, pero sí habilita el análisis de una cuestión federal y constitucional, lo que reabre un expediente que el Municipio de Tolhuin daba por concluido tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, que ordenó el lanzamiento —desalojo— de la empresa del predio termal.

Una ofensiva judicial contra el fallo del STJ

El abogado de Roanmat, Dr. Miguel Ángel Febre, confirmó la presentación de dos recursos: uno federal ante la Corte Suprema y otro de reconsideración ante el propio STJ, cuestionando la legalidad del fallo que habilitó el desalojo. Sostuvo que la resolución del máximo tribunal provincial presenta graves irregularidades jurídicas y constitucionales.

“El Estado puede ordenar un desalojo, pero eso no lo vuelve legal ni constitucional”, afirmó Febre, al tiempo que advirtió que el fallo se apoya en una norma que —según su interpretación— no es aplicable al caso y vulnera derechos fundamentales.

El eje central: bienes públicos y bienes privados del Estado

Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a una confusión jurídica clave: la aplicación de un procedimiento excepcional de “lanzamiento” —un desalojo exprés— previsto para bienes públicos del Estado, como rutas, aeropuertos o cementerios.

Febre sostiene que las Termas del río Valdez no son un bien público, sino un bien privado del Estado, categoría en la cual el Estado actúa como un particular más y debe recurrir a la justicia civil ordinaria para recuperar la posesión.

“No se puede aplicar un decreto pensado para el uso público a un bien privado del Estado. En ese caso, corresponde un juicio de desalojo común, con todas las garantías del debido proceso”, explicó el letrado, citando antecedentes judiciales —incluso de la Corte Suprema— que respaldan esa distinción.

Una ley de la dictadura y la defensa en juicio

Otro de los cuestionamientos centrales apunta al origen de la norma utilizada para ordenar el lanzamiento. Según Febre, se trata de un decreto ley de 1966, firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuya constitucionalidad es discutible desde su origen.

Más allá de ese punto, el abogado remarcó que el procedimiento previsto por esa norma viola el principio de defensa en juicio, al imponer plazos exiguos que impiden una discusión real del derecho invocado.

“Notificar y desalojar en cinco días es incompatible con el artículo 18 de la Constitución Nacional”, sostuvo, al advertir que el derecho a reclamar posteriormente no compensa la pérdida inmediata de la posesión.

La acusación de un “per saltum” indebido

Febre también denunció que el STJ incurrió en un per saltum impropio, al intervenir directamente en el caso sin que existiera una sentencia de primera instancia. Según explicó, el juez local se declaró incompetente y remitió la causa al Superior Tribunal, que asumió el caso y dictó una resolución definitiva.

“Se saltearon todas las instancias del proceso judicial. Si había una discusión sobre propiedad o posesión, debía tramitarse en un proceso completo, no resolverse de manera directa por el máximo tribunal provincial”, afirmó.

Prescripción, posesión y posible usucapión

La defensa de Roanmat también plantea que las acciones del Estado estarían prescriptas, dado que desde 2002 no se habría ejercido de manera efectiva la posesión del predio. En ese contexto, Febre sostuvo que la empresa podría incluso reclamar la prescripción adquisitiva (usucapión) por más de 20 años de ocupación continua.

Sin embargo, denunció que el Municipio de Tolhuin bloqueó el trámite, al negarse a visar el plano necesario para iniciar formalmente el juicio de usucapión, exigiendo —según el abogado— una sentencia previa que resulta jurídicamente imposible.

“Es una contradicción absoluta: me piden una sentencia para visar el plano, cuando el plano es un requisito para iniciar la sentencia”, explicó.

Advertencia por un posible juicio millonario

Más allá de la discusión jurídica, Febre lanzó una advertencia de fuerte impacto político y económico. Aseguró que el Municipio podría enfrentar una demanda millonaria por daños y perjuicios, vinculada a la destrucción de infraestructura, el retiro de maquinaria y el uso de equipos que estaban bajo resguardo estatal.

“Si se persiste en esta ilegalidad, el Municipio deberá responder por los daños actuales y pasados. Como en toda herencia, no solo se hereda el activo, también el pasivo”, advirtió.

Un conflicto que escala y sienta precedente

La admisión del recurso por parte de la Corte Suprema eleva el conflicto a una dimensión nacional y pone bajo la lupa el accionar de la Justicia fueguina y del Municipio de Tolhuin. Para la empresa, el caso no solo involucra un emprendimiento turístico, sino que expone un problema estructural vinculado a la seguridad jurídica, la propiedad privada y los límites del poder estatal.

Mientras la Corte analiza el planteo, el futuro de las Termas del río Valdez queda nuevamente en suspenso, en un conflicto que promete seguir generando repercusiones judiciales, políticas y económicas en la provincia.

Una carta al gobernador Gustavo Melella

El 7 de agosto del 2023, Alejandro Reyes y Angélica del Carmen Mancilla, titulares de la empresa Transporte Roanmat S.R.L. denunciaron en una carta al gobernador Gustavo Melella el despojo, corrupción y violaciones al Estado de Derecho en torno al complejo Termas Río Valdez

Acusaron a funcionarios provinciales y municipales de haber confiscado maquinaria, destruido instalaciones y bloquear la regularización dominial de un emprendimiento turístico clave en Tolhuin.

Esta grave denuncia por presuntas violaciones al estado de derecho, saqueo de bienes privados y abuso de poder, fue contra funcionarios provinciales y municipales está vinculada al desarrollo del Complejo Turístico Termas Río Valdez, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, a 16 kilómetros de Tolhuin y que la familia Reyes poseía desde 1985.

Ambos firmantes exponen una sucesión de hechos que —según afirman— se extienden por décadas y atraviesan distintas gestiones de gobierno en Tierra del Fuego.

Acusaciones contra Vialidad Provincial

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta directamente a la Dirección Provincial de Vialidad, organismo en cuyo predio habría sido depositada maquinaria perteneciente a la empresa. Según relatan, ese patrimonio fue desmantelado, saqueado y finalmente desaparecido, sin que hasta hoy se haya determinado responsabilidad alguna.

Los denunciantes aseguran que incluso se les impidió el ingreso al predio para constatar el estado de sus bienes, aun cuando intentaron hacerlo acompañados por un escribano. En ese contexto, señalan a ex funcionarios del organismo y denuncian que, pese a existir presentaciones judiciales y pruebas —incluidos registros audiovisuales—, las causas no avanzaron y los responsables evitaron sanciones.

“Todo fue a parar al patrimonio de funcionarios”, sostienen, al tiempo que cuestionan la falta de respuestas del sistema judicial fueguino.

Obstáculos municipales y conflictos dominiales

La denuncia también alcanza al Municipio de Tolhuin, particularmente al área de Catastro, al que acusan de bloquear de manera sistemática la aprobación de planos de mensura, requisito indispensable para avanzar con la usucapión del predio donde se emplaza el complejo termal. Ellos habían hecho tres mensuras a través de los años.

Según explican, tras más de 20 años de ocupación ininterrumpida con ánimo de dueño (animus domini), se encuentran en condiciones legales de acceder al título de propiedad tras 40 años de permanencia del predio. Sin embargo, el proceso estaría paralizado por exigencias administrativas que califican de “absurdas e ilegales”, como la solicitud de una sentencia judicial previa a la aprobación de la mensura.

En paralelo, denuncian un trato desigual frente a otros emprendimientos, como el caso de Aguas Patagónicas, empresa a la que —afirman— se le otorgaron permisos y tierras para la explotación de un recurso hídrico que ellos mismos habían estudiado junto a organismos nacionales.

Un proyecto turístico truncado

El Complejo Termas Río Valdez es presentado por la familia denunciante como un proyecto estratégico para el turismo fueguino, desarrollado íntegramente con inversión privada y enorme esfuerzo logístico: apertura de picadas, construcción de más de 16 kilómetros de caminos y puentes, estudios de suelos y aguas, instalación de tecnología y servicios básicos en condiciones climáticas extremas.

Recuerdan además que durante la gestión de Gustavo Melella como intendente de Río Grande, el lugar fue utilizado para colonias de vacaciones, permitiendo que cientos de niños y adultos mayores accedieran a las aguas termales, con acompañamiento del Estado municipal. Esto fue reflejado por distintos medios de comunicación.

Ese vínculo, aseguran, se fue deteriorando con el tiempo hasta llegar a la situación actual de paralización, destrucción de instalaciones y pérdida total de equipamiento.

Críticas al sistema judicial y al poder político

El texto no ahorra cuestionamientos al sistema judicial fueguino, al que acusan de desestimar denuncias, garantizar impunidad y carecer de independencia frente al poder político. En ese marco, mencionan a distintos ex gobernadores y sostienen que el complejo termal y las obras viales asociadas fueron expropiadas sin indemnización, en abierta violación al artículo 17 de la Constitución Nacional.

También incorporan una dimensión política más amplia, vinculando su caso con lo que consideran una doble vara del Estado: “fuerte con los ciudadanos que trabajan y dócil frente a intereses concentrados”, e incluso mencionan la instalación de infraestructura sensible en la provincia sin controles adecuados.

Un pedido directo al Gobernador

Si bien aclaran que no responsabilizan personalmente al gobernador Gustavo Melella por todos los hechos denunciados, sí le reclamaron en esa oportunidad una intervención directa para que se esclarezca lo ocurrido, se restituyan derechos y se respete la legalidad.

“Hoy le pedimos a Dios que nos ayude, porque justicia no tenemos”, expresan, apelando a la trayectoria y a la “altura moral” que, según afirman, supieron reconocer en el actual mandatario.

La denuncia deja planteado un conflicto profundo que combina derechos de propiedad, desarrollo turístico, funcionamiento institucional y credibilidad del Estado, y que, a cuarenta años del inicio del emprendimiento (1985), continúa sin una resolución definitiva, si bien hoy la Corte Suprema de Justicia tomó intervención de este hecho.