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Con avances normativos largamente esperados, tensiones con el Estado nacional y una advertencia sobre la criminalización persistente, el productor y asesor de la Federación Cannábica fueguina, Franco Guereta, trazó un extenso balance del 2025, dando un cierre de año con más certezas que dudas. La reglamentación de la ley provincial aparece como un hito clave, pero el camino hacia una política integral de salud aún enfrenta obstáculos burocráticos y judiciales.

Río Grande.– En diálogo con “La mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, el productor y asesor especial de la Federación Cannábica de Tierra del Fuego, Franco Guereta, realizó un balance exhaustivo de un año marcado por avances normativos, tensiones regulatorias y una constante sensación de incertidumbre para quienes trabajan en el ámbito del cannabis medicinal.

El punto más destacado del 2025 fue, sin dudas, la reglamentación de la ley provincial de cannabis medicinal (Ley 1277), una norma sancionada por unanimidad antes de la pandemia y que, tras años de espera, finalmente comienza a tener herramientas concretas para su implementación. “Era el objetivo primordial. Cuando las cosas se logran, también hay que festejar”, resumió Guereta, sin dejar de advertir que ahora empieza una etapa igualmente compleja: poner el sistema en funcionamiento real.

El laberinto nacional: semillas, licencias y prórrogas

Para entender el escenario actual, Guereta propuso un recorrido desde el plano nacional hacia el provincial. Allí, uno de los focos de mayor conflicto fue el accionar del Instituto Nacional de la Semilla (INASE), organismo encargado de regular la producción y comercialización de semillas, incluidas las de cannabis.

En marzo de 2025, al momento de renovar las licencias anuales, los productores se encontraron con un bloqueo inesperado: el INASE exigía una licencia de la agencia reguladora del cannabis (ARICCAME) que, en los hechos, no existe para semillas de cannabis medicinal. El resultado fue un sistema de prórrogas sucesivas —de 30 y 60 días— que mantuvo a los productores en vilo durante meses, trabajando bajo una amenaza latente de caer en la ilegalidad.

Recién a comienzos de noviembre llegó algo de alivio: se habilitó la renovación plena de las licencias hasta marzo de 2026. “Hoy podemos decirle a la comunidad que es legal comprar y producir semillas y plantines de cannabis en los comercios habilitados”, subrayó Guereta. Sin embargo, la incertidumbre no desaparece: en marzo del próximo año, la exigencia de la licencia de ARICCAME volverá a estar sobre la mesa.

REPROCANN: más controles, menos claridad

Otro de los ejes centrales del balance fue el REPROCANN, el registro nacional que habilita el acceso al cannabis medicinal. Durante 2025, el Ministerio de Salud introdujo cambios significativos, especialmente en la figura del “cultivador solidario”, que pasó a denominarse “tercero cultivador” y quedó limitado a un máximo de dos pacientes.

A esto se sumaron nuevos requisitos: análisis de laboratorio por lote, antecedentes penales, declaraciones juradas, informes de cultivo y el uso obligatorio de genéticas registradas. “Regular sin conocer el tema genera confusión”, cuestionó Guereta, al señalar que muchas de estas exigencias fueron impuestas sin respuestas claras a las consultas formales de los productores.

Pese a los temores iniciales, el vencimiento del plazo de readecuación no trajo bajas masivas. Para Guereta, esto indica que las restricciones más duras apuntarán a los nuevos inscriptos, mientras que quienes ya están en actividad podrán continuar, al menos hasta que venzan las autorizaciones actuales. “No es el escenario ideal, pero da un poco de calma después de meses de incertidumbre”, explicó.

ONG, profesionales y el desafío de jerarquizar

Las organizaciones civiles también debieron enfrentar un proceso de readecuación. Entre los nuevos requisitos aparece la figura del responsable técnico de cultivo y la obligación de contar con un director médico, medidas que, si bien apuntan a jerarquizar el trabajo, implican mayores costos y complejidades administrativas.

En paralelo, se destaca un avance clave a nivel local: la capacitación de profesionales de la salud. En Río Grande finalizó una diplomatura en cannabis medicinal impulsada por el Municipio, la UTN y organizaciones civiles, que permitió formar a médicos de toda la provincia. “Hoy tenemos muchos más profesionales capacitados y motivados para trabajar con cannabis medicinal”, celebró Guereta, señalando que esto será fundamental para la implementación efectiva del programa provincial.

Tierra del Fuego en el mapa internacional

El 2025 también tuvo hitos en materia de difusión y posicionamiento. Ushuaia fue sede del Primer Foro Internacional de Cannabis, Salud, Turismo y Producción, que reunió a especialistas de Argentina, América y Europa, y colocó a la provincia en el radar global del sector. A esto se sumaron encuentros en Tolhuin, festivales culturales, charlas educativas y la participación de referentes fueguinos en congresos nacionales e internacionales.

En el plano normativo municipal, se destacó además la aprobación en Ushuaia de la ordenanza que regula los grow shops, una deuda histórica para el sector que ya estaba saldada en Río Grande.

El punto más oscuro: allanamientos y criminalización

A pesar de los avances, Guereta cerró el balance con una advertencia contundente: la criminalización persiste. Durante el año se registraron allanamientos a cultivadores que contaban con autorizaciones vigentes, impulsados por denuncias anónimas y con consecuencias graves: secuestro de plantas, equipos, vehículos y hasta el bloqueo de cuentas bancarias.

“Primero te sacan todo y después preguntan si estabas en regla”, lamentó, al tiempo que llamó a extremar cuidados y a fomentar el diálogo vecinal para evitar denuncias por olores u otras molestias. También planteó la necesidad de articular con la Justicia Federal y el Ministerio Público para que conozcan el marco legal y el trabajo sanitario que se desarrolla en la provincia.

Un año bisagra, con desafíos abiertos

El balance de Franco Guereta deja una conclusión clara: 2025 fue un año bisagra para el cannabis medicinal en Tierra del Fuego. Con la ley provincial reglamentada, más profesionales capacitados y una comunidad organizada, el escenario es más sólido que en años anteriores. Sin embargo, la falta de coordinación nacional, la burocracia y la mirada punitiva de algunos sectores judiciales siguen siendo obstáculos de peso.

“El desafío del 2026 será poner todo en marcha, sentarnos en el Consejo Consultivo y construir reglas claras, consensuadas y humanas”, afirmó. Porque, como recordó, detrás de cada planta y cada trámite hay personas que dependen de una medicina que, aun legal, sigue caminando por una cornisa.