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La legisladora Natalia Gracianía pidió mirar al gobierno como responsable primario de la debacle de la obra social y advirtió que, con la ley que aprobó la Legislatura, que da herramientas de financiamiento a la OSEF, dependerá del directorio “hacer las cosas bien”, en función de las pautas que se fijaron para mejorar la administración de los fondos. El gobernador “lleva seis años de mandato” y es “quien designa a las autoridades de la obra social”, que han vivido “una fiesta”, con nombramientos de plantas políticas como si no hubiera crisis. Se mostró abierta a discutir un proyecto superador, dado que hay varias iniciativas en la Legislatura que no se debatieron y la ley aprobada no resuelve el problema de fondo. También se refirió a la campaña electoral y a las mediciones que dan a La Libertad Avanza 10 puntos arriba del justicialismo. Aseguró que el partido ha crecido en Tierra del Fuego y en todo el país, porque la gente apuesta al cambio y sabe que el presidente necesita más diputados y senadores.

Río Grande.- La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, puso la mirada en el gobierno a la hora de delimitar responsabilidades por la debacle de la OSEF, y recordó que el gobernador Melella lleva seis años de gestión, es quien nombra a sus representantes en el directorio, y “nunca presentó una solución de fondo”.

Por FM Master’s evaluó el contexto en que se aprobó la ley de financiamiento. “Nosotros trabajamos durante meses escuchando a todos los actores, pero después nos encontramos con que, de los seis proyectos, solamente uno y con muchas modificaciones, era el que se iba a tratar. Se pensaba sacar un dictamen con las modificaciones que había ingresado el bloque oficialista y 48 horas antes de la sesión estuvimos discutiendo esas modificaciones, porque con muchas de ellas no estábamos de acuerdo. No acordábamos con acompañar una emergencia, porque después de seis años de gestión, no podemos hablar de emergencia. La obra social está en emergencia hace años y no se ha tomado una decisión de fondo”, cuestionó.

“El corte de prestaciones se ha venido repitiendo cíclicamente por decisiones no acertadas de los que dirigen la obra social. Las decisiones que se toman con la obra social no son potestad de la Legislatura sino del directorio y el gobierno tiene responsabilidad porque es quien decide quiénes dirigen la obra social”, subrayó.

“Debería haber tomado las decisiones el gobierno de la provincia a través de sus directores y el tema terminó en la mesa de la Legislatura, como terminan otros temas que el gobierno no resuelve”, sostuvo.

“Estamos frente a un proyecto de ley que se votó por unanimidad, pero que no es la solución de fondo. El déficit es cada vez más grande y esta situación ya la encontramos cuando ingresamos a la Legislatura. En 2024 nos encontramos con la misma situación de corte de prestaciones y había que inyectar fondos a la obra social. En 2022 también se inyectaron fondos y se dijo que eso iba a ser la solución porque equilibraba las cuentas. En 2023 nuevamente se inyectaron fondos de la caja de previsión y este año otra vez discutimos lo mismo”, repasó.

Criticó que “en ningún momento el gobierno trajo a la Legislatura la solución de fondo. Sigo convencida de que el problema de la obra social no es solamente económico-financiero, sino que es un problema de gestión y de administración de los recursos. La Legislatura puso algunos parámetros en esta ley, pero la responsabilidad final de que haya una buena administración no está en manos de la Legislatura, como tampoco el control”.

Dentro de los temas que se discutieron y no prosperaron mencionó el aumento de aportes. “Esto era una de las sugerencias del Tribunal de Cuentas; también se hablaba de que la caja de previsión generara contribuciones por los jubilados y pensionados. Se habló de la posibilidad de crear un impuesto para sostener la OSEF y de otras fuentes de financiamiento, además del ingreso directo de fondos del Tesoro. El Tribunal planteó que ninguna de estas medidas iba a solucionar el déficit estructural de OSEF. Nos hubiera gustado que estuvieran presentes otros actores en las últimas reuniones que tuvimos y que se discutiera el proyecto del oficialismo con el directorio de OSEF, el Ministerio de Economía y AREF”, puntualizó.

“Estaba la posibilidad de que aporten los que ganan más, de dos millones para arriba. También se discutió que el personal político temporario, autoridades y electos que ganan sueldos superiores a los dos millones aportaran a un fondo de enfermedades poco frecuente y medicamentos de alto costo. Todo esto estuvo en la mesa de discusión, pero no avanzó porque no estaban los consensos, pero esto se planteó 48 horas antes de la sesión y es muy difícil llegar a los consensos. Cuando hay tan pocas horas para discutir. Es muy difícil lograr más de lo que se logró”, aseguró.

Varios beneficios

Como medidas concretas para cambiar la situación de la obra social, indicó que “esta ley genera recursos que no tenía la OSEF, a través de las contribuciones de un 5% que va a aportar la caja de previsión. Va a haber un fondo para cancelar la deuda cuando se certifique y se conforma de los Ingresos Brutos de las empresas prestadoras de salud. Esto lo recauda AREF y está resguardada la coparticipación a los municipios”.

Reiteró que “el corte de servicios no es responsabilidad de la Legislatura sino del directorio de la obra social, que tiene que sentarse con los prestadores, en este caso la Clínica San Jorge, y llegar a un acuerdo. Lamentablemente se instaló como un relato que toda la responsabilidad de la situación de crisis de la obra social es de la Legislatura, cuando no es la que dirige la obra social. Tienen que mirar para el lado del gobierno de la provincia, que es el responsable de no tomar decisiones en el ámbito de la obra social”, sentenció.

La fiesta

La legisladora calificó como “una fiesta” lo que ha venido decidiendo el directorio, como si no hubiera crisis. “El directorio siguió en la fiesta de la contratación de plantas políticas como si no hubiera crisis, porque OSEF tiene más del 40% de planta política. Cuando preguntamos por esto nos dijeron que era absolutamente necesario tener ese personal porque, si no, la obra social no funcionaba. Uno se pregunta si el directorio se dio cuenta de que estaba en crisis y evidentemente el gobierno instruyó para que esas decisiones se tomaran”, advirtió.0

“Esos son problemas de gestión y de administración de los recursos. Con estos recursos que se están inyectando el directorio deberá ver cómo los distribuye y hay pautas para ordenar la gestión. Hay varias cosas en la ley que ayudan a que la obra social pueda ser más ordenada, pero las decisiones finalmente las tiene que tomar el directorio”, manifestó.

“El 75% de los fondos de la caja se puso en la discusión y en un principio se pretendía que fuera el 90%. Nuevamente se autorizó por ley que la obra social cuente con este dinero, que tiene que ir a un fondo específico para atender erogaciones en medicamentos, insumos y tratamientos de alto costo. Esto tiene un plazo de dos años prorrogable, y todo lo que planteamos tiene plazos”, apuntó.

“Esto tiene que ser monitoreado porque no podemos generarle recursos a la obra social todo el tiempo y encontrarnos dentro de unos meses discutiendo lo mismo. Lo que se aprobó no es una solución definitiva pero esto tiene que encauzar el manejo de la obra social. Es una inyección de fondos que no tenía, pero hay muchas decisiones que tiene que tomar el directorio, que tiene que hacer una revisión exhaustiva de sus prioridades, de su estructura de gastos, y ajustarse al dinero que ingresa”, reclamó.

Agregó que “en la ley se estableció un tope del 20% para la planta política, nosotros habíamos solicitado un tope del 10%, pero se consensuó el 20%, y se consensuó también que el 90% de los fondos de Ingresos Brutos tienen que ir a las prestaciones, es decir que cuentan con un 10% para gastos corrientes y se tienen que manejar dentro de estos parámetros. Tienen que ordenarse y buscar los mejores precios en medicamentos e insumos. Hay mucho por revisar y hay que tratar de restringir al máximo cualquier tipo de gasto”, consideró.

La legisladora reconoció que estas pautas son “algo obvio, porque si están en crisis tiene que ser así, pero frente a todo lo que hemos sabido de la obra social, no parece que estuviera sucediendo de esta manera. Ahora el directorio tiene que tomar el rol preponderante de las decisiones que se tomen dentro de la obra social”.

“También va a contar con el superávit de la Dirección Provincial de Puertos, para ponerse al día con las deudas que tienen. Veremos cómo se manejan frente a esta herramienta y qué sucede después”, planteó.

Controles internos

Respecto de la posibilidad de que la Legislatura controle el cumplimiento de las pautas fijadas, observó que “la Legislatura podrá controlar, pero después de que se toman las decisiones, porque se van a pedir informes y se habla de la posibilidad de hacer auditorías. Es muy poco lo que puede hacer la Legislatura con un control sobre hechos consumados. El directorio tiene que hacer las cosas como corresponde”, remarcó.

Nuevo debate

Ante la intención del oficialismo de volver a debatir la ley, reconoció que “quedaron varios proyectos sin debatir, porque jamás ingresamos en el debate del resto de los proyectos, solamente se debatió el proyecto del oficialismo y si hay alguna propuesta superadora, la debatiremos”.

“El oficialismo quiere volver a discutir después de noviembre esta situación en el marco del presupuesto y dijeron que se comprometieron a esto con los gremios, pero nosotros no participamos de esa reunión”, señaló.

Vialidad Nacional

Por otra parte, se la consultó sobre la disolución de Vialidad Nacional y el futuro de las obras. “La obra que estaba prevista para el Garibaldi no se pudo realizar todavía por razones climáticas y seguramente se va a realizar cuando mejoren las condiciones, según está previsto. Estamos viendo cuál es el proceso de reestructuración de Vialidad y por ahora no puedo brindar otra información. Lo que podemos asegurar es que el mantenimiento de rutas y los trabajos que ya estaban comprometidos como el Garibaldi, están asegurados”, aseveró.

Diez puntos arriba

También se refirió a la encuesta nacional que arroja que La Libertad Avanza estaría 10 puntos por encima del PJ. “Nos alegra mucho la medición, pero sabemos que los votos se cuentan de a uno y octubre está un poco lejos. Por supuesto como fuerza política estamos muy felices de cómo ha crecido La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y en todas las provincias argentinas. Los cuatro electos y quienes están al frente de las delegaciones nacionales estamos trabajando en la gestión, pero también con vistas a octubre. Tenemos las mejores expectativas y sabemos que esto es una foto del momento, pero vemos que hay mucha gente esperanzada en el cambio que ha iniciado Javier Milei. Con mucho esfuerzo y con muy pocos diputados y senadores se han logrado muchas cosas”, destacó.

“Creemos que la gente nos va a acompañar en este proceso electoral porque entiende que el presidente necesita más diputados y senadores para sostener este cambio y profundizarlo. Hay muchas cosas que falta hacer y para esto el presidente necesita contar con más diputados y senadores”, dijo.

Con respecto a las alianzas, dijo que está en análisis. “Estamos viendo la posibilidad de alianzas, pero todavía no hay nada para contar. El cierre es el 7 de agosto y falta un poco para eso”, concluyó.