Legislador Matías Lapadula: “No puede poner más excusas ni el gobierno ni su directorio”

El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula consideró que, con la aprobación de la ley de financiamiento a la OSEF y las pautas de gestión que se fijaron, no hay más excusas para el gobierno ni para el directorio. Ratificó su convencimiento de que el problema no es económico solamente, sino que hay una mala administración, y destacó las herramientas que se aprobaron para reducir la planta política e incorporar controles.

Río Grande.- El legislador de Provincia Grande Matías Lapadula hizo un balance de la sesión en la que fue aprobada la ley de financiamiento de OSEF y también habló sobre la conformación de un frente opositor al gobierno de la provincia y al gobierno nacional.

En principio se definió “satisfecho por haber llegado a un consenso de todos los bloques, si bien esta ley no va a generar una solución de fondo. Hay herramientas que tienen que ver con la mejora en aspectos administrativos y de gestión, sobre todo las contrataciones y compras. No hay solamente un problema de recursos sino de cómo se gasta el dinero”, dijo.

“Esta es una herramienta que tiene que aprovechar el gobierno de la provincia y el directorio de la OSEF para enderezar la situación. Todo depende de cómo se la utilice y, si no se hace nada del punto de vista administrativo, no va a alcanzar esto y la obra social va a seguir con los problemas que tiene ahora”, advirtió al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.

Estimó que la herramienta financiera que se dio “cubre un 35 ó 40% del déficit, que se estima entre 60 y 70 mil millones de pesos. Claramente no alcanza, pero dentro de la ley se incluyeron herramientas para mejorar la gestión de la OSEF, porque no es un tema de recursos solamente. El directorio tiene que aprovechar estas herramientas para hacer los cambios necesarios, controlar en qué se gasta y gastar mejor”, instó.

“Nosotros hemos dado financiamiento y una asignación de recursos para cubrir las deudas, además instruimos a que se creen áreas dentro de la OSEF para mejorar los sistemas de compras. Ahora no tienen excusas porque la Legislatura les dio las herramientas”, subrayó.

“No puede poner más excusas ni el gobierno ni su directorio. Nosotros venimos haciendo pedidos de informe y la OSEF tiene que presentar informes ante la Legislatura, pero nosotros no controlamos. El organismo de control es el Tribunal de Cuentas. En todo caso haremos todos los pedidos de informe que consideremos pertinentes para ver que se cumpla con la ley que sancionamos”, adelantó.

“Por supuesto que hay que estar encima y yo acompañé esta ley, pero la responsabilidad está en el gobierno. Yo no confío en el directorio de la OSEF, porque no está a la altura de las circunstancias, pero no es la Legislatura la que elige a los funcionarios, sino el gobierno. También tiene que hacerse cargo el gobierno y dejar de patear la pelota afuera”, cuestionó.

Consideró que “esta ley es el puntapié inicial y ahora tienen que solucionar el tema de la administración y dejar de invertir mal los fondos públicos”.

No al aumento de aportes

Consultado sobre el aumento de aportes que pretende el gobierno, como señaló el legislador Federico Sciurano, marcó diferencias de criterio. “Yo no coincido, porque el legislador Sciurano cree que es un problema de recursos y no de administración. Si el legislador Sciurano cree que es posible quitarle plata del bolsillo a los trabajadores, con los sueldos atrasados que tienen, es un tema de él. Yo creo que eso no se puede hacer y no me parece el momento propicio para aumentar los aportes”, dijo.

Fondos de la caja

También se le preguntó por los fondos que se le quitan a la caja de previsión nuevamente, y negó que sea así. “Hay una ley que se puso en su momento para fortalecer a la caja de previsión social, porque era deficitaria. Hoy la caja es superavitaria en 9 mil millones de pesos anuales. La deficitaria ahora es la obra social y entendimos que esos recursos se tenían que reasignar a la obra social, pero ese dinero no soluciona ninguno de los problemas. Es un importe que ayuda, porque estamos hablando de 1.200 millones de pesos por mes. Según esta ley eso se va a destinar a un fondo específico para enfermedades de alto requerimiento. Es una herramienta para adquirir medicamentos y contratar las prestaciones en una situación más favorable. Se busca reducir el gasto en este tipo de prestaciones. Este dinero no es para que vaya a un saco roto, sino que va a ir a un fondo específico. Con esta herramienta debiera mejorar mucho la eficiencia en el gasto, pero es el directorio el que la tiene que utilizar como corresponde”, reiteró.

“Además esta ley asigna un fondo específico que viene de Ingresos Brutos, luego de la coparticipación a los municipios, que no tienen por qué arreglar el desastre que hicieron en la OSEF. En Río Grande tenemos un Estado municipal que invierte más de 10 mil millones de pesos en su sistema de salud y el 30% de los pacientes son de la OSEF, por eso me parecía injusto que el municipio tenga que financiar el problema que han generado en la obra social. La deuda se va a pagar con eso, más las utilidades de la Dirección Provincial de Puertos del año 2024, que fueron 8 mil millones de pesos, y las de este año, que se estiman en 10 mil millones de pesos. La deuda hay que consolidarla, certificarla, y se estima que es de 20 mil millones”, expresó.

Una decisión política

Frente al rechazo de los trabajadores del Puerto a que le saquen los fondos que tenían ahorrados, manifestó que fue una decisión política. “Yo no creo que se le saquen fondos al Puerto, porque es un ente del Estado provincial y por decisión del Estado se pueden invertir sus utilidades como lo crean más conveniente. También los empleados de la dirección de Puertos son beneficiarios de la obra social. Cuando se hizo la obra de ampliación, no fue con plata que tenía ahorrado el Puerto, sino con financiamiento que consiguió el gobierno de la provincia”, planteó.

“La verdad es que el Puerto no invertía este superávit que tiene, lo tenía en una inversión financiera. No podemos dejar que la situación de un organismo se agrave cuando tenemos otros que tienen ahorro. Es una decisión política, de lo contrario es dejar que quiebre la OSEF”, aseveró.

Intervención inviable

Dado que todas las críticas apuntan al directorio, se le preguntó por qué la Legislatura no interviene la obra social. “Si sacamos una ley de intervención de la OSEF tenemos que instruir al Ejecutivo a designar un interventor, y estamos en la misma situación. Estoy de acuerdo con que hay un problema serio de gestión, pero es una decisión del gobierno. Elegimos un gobierno cada cuatro años y confío en que en el 2027 optemos por algo que no nos lleve por el camino que nos ha llevado este gobierno”, disparó.