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La inversión silenciosa de la familia Reyes que abrió una ventana científica en Tierra del Fuego y hoy espera una definición de la Corte Suprema. La historia de las Termas del Río Valdez combina inversión privada, investigación científica internacional y una larga disputa judicial. En 1994, la familia Reyes financió la instalación de un sismógrafo estratégico en el lugar, que hoy integra la red de monitoreo sísmico de Tierra del Fuego. Tres décadas después, el predio está en litigio y el caso espera una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Desde la construcción del camino en los años ochenta hasta la instalación de un sismógrafo que hoy forma parte del monitoreo sísmico del extremo austral, la historia de las Termas del Río Valdez atraviesa inversiones privadas, estudios científicos internacionales y decisiones políticas que terminaron en una disputa judicial que ahora analiza la Corte Suprema.

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto turístico y científico en las Termas del Río Valdez terminó transformándose en uno de los litigios territoriales más complejos de Tierra del Fuego. Inversiones privadas, estudios geotérmicos internacionales y la instalación de un sismógrafo estratégico forman parte de una historia que hoy espera resolución en la Corte Suprema.

Mucho antes de que en Tierra del Fuego se hablara con mayor frecuencia de riesgo sísmico, cooperación binacional, monitoreo geodésico o prevención frente a un eventual gran terremoto en la falla Magallanes-Fagnano, hubo una apuesta privada, silenciosa y costosa, que colocó a las Termas del Río Valdez en un lugar inesperado: el del interés científico internacional.

En el corazón de esa historia aparece la familia Reyes, al frente de Transportes Roanmat S.R.L., que no solo abrió camino hacia un paraje remoto con una inversión monumental para la época, sino que además financió la llegada e instalación de un sismógrafo permanente en 1994, un equipo cuyo costo rondó los 110 mil dólares, a los que se sumó el alquiler previo de instrumental en 1993, elevando la inversión vinculada a este aspecto a unos 120 mil dólares estadounidenses.

Hoy, más de tres décadas después, ese mismo sitio que fue pensado como polo turístico, termal, geotérmico y científico se encuentra enredado en una disputa de dominio, ocupación y jurisdicción que atraviesa tribunales provinciales, enfrentamientos administrativos y reclamos patrimoniales, hasta desembocar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el medio, queda una pregunta de fondo: qué hacer con un enclave que no solo posee valor turístico, sino también geológico, energético y estratégico para toda la provincia.

Una visión temprana en un territorio todavía en formación

La historia se remonta a comienzos de la década del ochenta, cuando la familia Reyes, a través de Transportes Roanmat S.R.L., comenzó a proyectar el aprovechamiento del sector conocido hoy como las Termas del Río Valdez. En aquel tiempo, Tierra del Fuego todavía era territorio nacional y la zona estaba lejos de cualquier circuito consolidado de infraestructura.

El primer gran movimiento no fue un hotel ni una piscina, sino algo mucho más elemental y decisivo: el camino. Según la documentación y el relato reunido en la causa, la empresa destinó una suma superior a tres millones de dólares de aquella época para abrir y sostener el acceso al predio termal. Esa obra resultó determinante no solo para el eventual desarrollo turístico, sino también para la llegada posterior de técnicos, geólogos, científicos y equipamiento pesado.

La relación con el Estado territorial quedó formalizada en distintos instrumentos. Uno de los más relevantes fue el decreto 736/1988, firmado por el entonces gobernador territorial Elios Eseverry y el ministro de Economía y Hacienda Mariano Roberto Viaña, mediante el cual se aprobó un contrato de comodato sobre 400 hectáreas de tierra fiscal en la zona de aguas termales del Río Valdez, destinadas a la instalación de un complejo turístico.

Ese contrato no era una cesión vacía ni un gesto declarativo. Por el contrario, reconocía expresamente que la empresa había cumplido con un cronograma de obras previo y establecía nuevas obligaciones de infraestructura e inversión, todo ello sin ocasionar gasto alguno a la gobernación. Más aún, contemplaba un aspecto que con el tiempo sería central en la controversia: si el territorio modificaba su situación jurídica al status de provincia, Roanmat tendría opción de compra sobre el inmueble, conforme a la legislación vigente en ese momento.

Mensuras, obras y presencia efectiva en el lugar

A lo largo de las décadas, la familia Reyes no solo mantuvo su pretensión sobre el predio, sino que dejó rastros materiales y administrativos de ocupación, inversión y delimitación.

Entre esos antecedentes aparece la primera mensura de 1986, y luego una larga secuencia que, según señalan desde la empresa, llevó a pagar cuatro mensuras en total, culminando en una mensura de usucapión prescriptiva en 2023.

También existe un acta de constatación de 2001 de la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento Territorial de la Provincia que describe construcciones ya asentadas en el lugar: sectores de administración, alojamiento de personal, depósitos, baños públicos, piletas cubiertas y descubiertas, vestuarios, sanitarios, una pileta de barro y un área de camping con aproximadamente treinta refugios.

Es decir, lejos de la idea de un terreno improductivo o abandonado, la documentación refleja que en las Termas del Río Valdez hubo ocupación efectiva, mejoras, obras y un tratamiento del entorno natural.

Ese punto no es menor. Buena parte del reclamo empresario actual se apoya justamente en esa continuidad de inversiones, en la existencia de mejoras adheridas al suelo y en la convicción de que el Estado fue modificando reglas, límites y criterios administrativos sobre un emprendimiento ya instalado.

Cuando el interés científico encontró un aliado privado

Pero el capítulo que vuelve singular a esta historia no se agota en la puja inmobiliaria ni en la proyección turística.

Las Termas del Río Valdez comenzaron a despertar un interés creciente por sus condiciones geotérmicas, por su ubicación en un área tectónicamente activa y por el potencial científico de la región.

En 1993, la Secretaría de Minería de la Nación, a través de la Dirección Nacional del Servicio Geológico y su Departamento de Geotermia, avanzó en un Informe de Avance sobre el Estudio de Reconocimiento de Recursos Geotérmicos de Baja Entalpía de la zona centro-sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Ese trabajo dividía el análisis en etapas cada vez más precisas: una primera fase de foto interpretación, topografía, geología, tectónica y geoquímica; una segunda fase de estudios gravimétricos y magnetotelúricos; y una tercera centrada en microtectónica y petrología de deformaciones.

La lógica era clara: pasar de una visión regional a la definición de un “sector más promisorio”, de un “área de mayor interés económico” y, finalmente, de la localización exacta para futuros pozos exploratorios.

En esa estructura técnica aparece un dato revelador: dentro del equipo de trabajo de la tercera etapa, el “apoyo logístico” figura expresamente a nombre de Rolando Reyes, Roanmat S.R.L..

Es decir, el proyecto científico estatal no pensaba el área termal al margen de la presencia de la empresa, sino con ella como sostén logístico en terreno.

México quiso invertir, pero la familia Reyes defendió su proyecto

El interés por el potencial geotérmico y turístico del Río Valdez no se limitó al ámbito argentino.

En enero de 1994, el Dr. Manuel Guerrero Legarreta, director de la División de Promoción Tecnológica del Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, dirigió una nota al ingeniero Alfredo Mosse, por entonces Director General de Recursos Naturales de la provincia, en la que aludía a conversaciones con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) sobre un posible involucramiento en el proyecto Termas de Río Valdez.

La cifra que se manejaba era elocuente: cinco millones de dólares como costo global del proyecto, “solamente para fijar un orden de magnitud”.

La documentación agrega incluso detalles del posible esquema crediticio y financiero bajo convenios de pagos y créditos recíprocos, lo que revela que el emprendimiento había logrado ser observado fuera del país como una posibilidad real de inversión.

Sin embargo, según la reconstrucción que hoy sostienen desde Roanmat, la familia Reyes rechazó ese avance mexicano, convencida de que ya había asumido por cuenta propia una inversión decisiva y de que el desarrollo debía mantenerse bajo su órbita y en continuidad con lo ya realizado.

No era un capricho: para entonces ya existían el camino, los primeros trabajos, la presencia física en el lugar y una relación contractual previa con el Estado.

La carta clave de junio de 1994

Uno de los documentos más significativos en esta historia es la nota 643/94 de la Dirección General de Recursos Naturales, fechada el 9 de junio de 1994 y firmada por el Ing. Alfredo Mosse.

En ella se dirige expresamente a Rolando Reyes para consultarle sobre las “posibilidades de cooperación” de su parte en la concreción de nuevas actividades necesarias para definir el modelo geotérmico del recurso.

La nota es muy importante por dos razones.

La primera: reconoce que ya se habían realizado distintas etapas de estudio y que restaban tareas para determinar los sitios de perforación y medir la potencialidad del yacimiento.

La segunda: admite que el organismo provincial estaba buscando financiamiento, pero que no resultaba sencillo obtener recursos en ese momento del ejercicio económico.

En otras palabras, el propio Estado provincial dejaba asentado que necesitaba colaboración privada para avanzar con los estudios sobre el recurso termal.

Junto con esa nota se adjuntó la propuesta técnica denominada “Síntesis Geocientífica del Recurso Geotérmico Termas de Río Valdez, Tierra del Fuego”, elaborada por el Departamento de Geotermia de la Secretaría de Minería. Allí se detallaban disciplinas a integrar —geología estructural, análisis microestructural, geoquímica de aguas, geotermometría, isótopos estables, gravimetría y relevamiento magnetotelúrico—, una duración de trece semanas laborales y un presupuesto preciso: 110.000 dólares.

Ese monto coincide con el valor que Reyes atribuye a la inversión realizada para traer e instalar el equipamiento que permitiría sostener las mediciones y profundizar el conocimiento del área. En el relato de la familia, ese desembolso fue cubierto de manera privada, sin aporte estatal.

El sismógrafo: una apuesta cara, pero estratégica

En la crónica íntima del emprendimiento, el sismógrafo ocupa un lugar casi simbólico. No se trataba de una mejora visible para el turista ni de una obra destinada al consumo inmediato. Era una inversión técnica, costosa, sofisticada y de retorno incierto.

Y precisamente por eso revela la magnitud de la apuesta.

Según sostiene Rolando Reyes, primero hubo en 1993 un alquiler de instrumental para trabajos preliminares y luego, en 1994, la instalación permanente del equipo, con una erogación del orden de 110 mil dólares.

A ello debieron sumarse traslados, logística, alojamiento de especialistas y asistencia de campo. El camino de acceso construido años antes resultó clave: sin esa obra previa, el ingreso del equipamiento pesado al área de termas habría sido mucho más complejo.

Con el paso del tiempo, aquel aparato dejó de ser solo una pieza técnica incrustada en un litigio patrimonial para transformarse en parte de una infraestructura científica de enorme valor para la provincia.

Todavía hoy —según se ha explicado desde ámbitos especializados— el predio de las Termas del Río Valdez alberga una de las estaciones utilizadas para el monitoreo de la sismicidad en Tierra del Fuego.

De la geotermia a la geodesia internacional

El desarrollo científico posterior confirma que el interés por la zona no fue pasajero.

En 1998, el entonces SEGEMAR produjo el informe “Estudio del potencial geotérmico en el área termal Río Valdéz, para el desarrollo de un complejo múltiple: hotelería, balneoterapia, invernaderos y deshielo de rutas”, lo que muestra que el proyecto seguía siendo observado no solo como balneario, sino como plataforma de usos múltiples vinculados al calor geotérmico.

A su vez, en diciembre de 1998, el científico Bob Smalley, del Center for Earthquake Research and Information (CERI), University of Memphis, escribió a la familia Reyes para informar el avance del proyecto de medición de movimientos de placas en Tierra del Fuego y anticipar una nueva campaña de campo con participación de CADIC, Instituto Geográfico Militar, Universidad de Buenos Aires y la propia Universidad de Memphis.

La carta es contundente: el equipo necesitaba autorización para ingresar a los sitios ubicados en propiedad de la familia y solicitaba que, en ausencia de sus titulares, se informara a los encargados para permitir el acceso.

La importancia de ese proceso se vería consolidada años más tarde, cuando en 2003 se publicó en la revista científica Geochemistry Geophysics Geosystems el artículo “Geodetic determination of relative plate motion and crustal deformation across the Scotia-South America plate boundary in eastern Tierra del Fuego”, con participación de investigadores de Estados Unidos, Argentina y Chile.

Ese trabajo aportó mediciones directas sobre el movimiento relativo entre placas y la deformación cortical a través del sistema de fallas Magallanes-Fagnano, uno de los ejes tectónicos más relevantes del extremo austral.

Aunque la nota científica no es una pieza judicial, sí muestra que la región del río Valdez y su entorno formaron parte de un proceso mayor de producción de conocimiento sobre la dinámica sísmica fueguina. En ese entramado, la familia Reyes aparece reiteradamente como facilitadora de acceso y presencia en un espacio clave para la investigación.

Una colaboración que se sostuvo en el tiempo

El vínculo entre el predio y la ciencia no terminó en los noventa.

En 2016, la doctora Andrea Coronato, del CADIC-CONICET, dirigió una nota a Transportes Roanmat S.R.L. para solicitar tránsito por las instalaciones de las Termas del Río Valdez con el fin de realizar trabajos de campo en un proyecto de investigación sobre variaciones paleoseculares del campo magnético terrestre y propiedades magnéticas en depósitos glaciogénicos del extremo austral.

La carta agradecía expresamente la buena predisposición de la empresa, lo que refuerza la idea de que durante años el predio funcionó como un ámbito donde coexistieron inversión privada e interés académico, con cooperación concreta para desarrollar estudios científicos de diverso tipo.

El reverso de la historia: decomisos, ocupación y conflicto

Pero mientras el valor científico del lugar crecía, la situación legal y política del predio se fue tensando.

Desde la mirada de la familia Reyes, el conflicto adquirió gravedad cuando distintos actos estatales comenzaron a desconocer su presencia histórica, sus inversiones y su pretensión jurídica sobre el lugar.

Entre las denuncias más delicadas figura el decomiso de máquinas viales y otros elementos pertenecientes a Transportes Roanmat por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, situación que, según la empresa, derivó en una causa por daños y perjuicios.

A ello se sumó la irrupción del Municipio de Tolhuin, que tomó las instalaciones de las Termas del Río Valdez invocando la ampliación del ejido urbano.

Para Roanmat, ese argumento es jurídicamente improcedente: la ampliación del ejido puede redefinir competencias urbanas o administrativas, pero no importaría por sí misma una transferencia automática del dominio sobre un bien cuya situación debía analizarse en función de contratos anteriores, ocupación efectiva, mejoras introducidas y derechos adquiridos.

Ese es uno de los nudos más sensibles del litigio.

Porque ya no se discute solamente quién administra un espacio turístico, sino si el Estado puede desplazar décadas de inversiones privadas realizadas bajo una relación jurídica previa, reconfigurando a posteriori el encuadre del predio y apropiándose de instalaciones y mejoras.

Usucapión, mensura y defensa del derecho reclamado

La respuesta de la empresa fue sostener la defensa por múltiples vías.

Una de ellas es la acción basada en la usucapión, reforzada por la mensura prescriptiva de 2023, donde figura que la Provincia es la propietaria registral y que Transportes Roanmat S.R.L. pretende prescribir.

Otra vía es la reivindicación de la cláusula de opción de compra contemplada en el contrato original, vinculada al pasaje de territorio a provincia.

En el plano discursivo y político, la familia insiste en que nunca hubo abandono, que las obras existieron, que los estudios se hicieron con apoyo logístico propio y que, si alguien convirtió a las Termas del Río Valdez en un punto de interés estratégico, fue precisamente esa combinación de visión empresaria y persistencia material en un lugar inhóspito.

El sismógrafo que quedó de pie

Hay un detalle con una potencia narrativa especial: mientras parte de la infraestructura privada fue afectada, ocupada, decomisada o deteriorada en medio del conflicto, el sismógrafo siguió allí.

Es una imagen casi paradójica.

El instrumento financiado por privados para estudiar la Tierra permanece activo, prestando servicio para comprender un riesgo natural que afecta a toda la población, mientras alrededor suyo se desarrolla una larga batalla judicial sobre la tierra misma en la que fue instalado.

Ese dato resume buena parte del drama.

Porque el sismógrafo no benefició solo a una empresa; terminó integrándose a una red de valor público, científico y preventivo. La inversión inicial pudo haber sido privada, pero su utilidad desbordó por completo el interés particular.

Una actualidad que resignifica todo

La discusión cobra nueva dimensión en el presente.

En 2026, distintos estudios y declaraciones públicas volvieron a poner el foco en la falla Magallanes-Fagnano, la acumulación de energía sísmica en la región y la necesidad de fortalecer la prevención. También se reactivaron instancias de cooperación argentino-chilena para mejorar protocolos y capacidades de respuesta en la zona austral.

En ese marco, el predio de las Termas del Río Valdez deja de ser apenas una disputa local sobre un complejo turístico o una controversia dominial.

Se convierte en una pieza de una red mayor, donde confluyen ciencia, defensa civil, geodesia, monitoreo sismológico, recursos geotérmicos, planificación territorial y seguridad pública.

Por eso la familia Reyes insiste en rescatar la historia completa: no solo la del juicio, sino también la de la inversión temprana, la de los estudios científicos, la de los convenios, la de las mensuras, la de los técnicos extranjeros que pedían permiso para ingresar, la de los documentos estatales que solicitaban cooperación y la de un sismógrafo que, a pesar de todo, sigue midiendo.

Lo que está en juego en la Corte Suprema

Hoy la controversia se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia a la que llegó tras una queja presentada por la parte empresaria.

Lo que resuelva el máximo tribunal no solo tendrá impacto sobre una familia o un municipio. También podría sentar un precedente sobre varios planos a la vez:

la fuerza de los compromisos asumidos por el viejo Estado territorial, la seguridad jurídica de las inversiones de larga maduración, el valor de la ocupación efectiva y de las mejoras introducidas, el alcance real de la ampliación de ejidos urbanos y la administración futura de enclaves con interés científico y estratégico.

La historia del Río Valdez, mirada en perspectiva, no es una simple pelea por un pedazo de tierra.

Es la historia de una visión privada que quiso convertir una laguna de agua caliente en un centro turístico de escala, de un Estado que reconoció y aprovechó esa presencia cuando necesitó estudiar el recurso, de universidades e institutos que encontraron allí un laboratorio natural excepcional, y de un conflicto posterior que terminó poniendo bajo sospecha o bajo revisión todo lo anterior.

En ese escenario, el sismógrafo emerge como una especie de testigo de acero y silencio.

Fue instalado en 1994 con dinero privado, en una provincia que todavía no dimensionaba del todo la relevancia de contar con datos propios en un territorio atravesado por fallas activas.

Tres décadas más tarde, cuando Tierra del Fuego discute prevención sísmica, cooperación binacional y resiliencia, aquel equipo aparece menos como una anécdota y más como una advertencia: a veces las grandes inversiones no son las más visibles, pero sí las que terminan cambiando el valor de un lugar.

Y acaso allí resida el núcleo más profundo del caso.

Porque más allá de a quién le reconozca finalmente el derecho la Corte, hay algo difícil de borrar del expediente histórico: las Termas del Río Valdez no llegaron solas a convertirse en un punto de interés geotérmico y científico. Hubo una familia que abrió el camino, pagó mensuras, sostuvo obras, financió estudios, colaboró con investigadores y dejó instalado un instrumento que todavía hoy ayuda a entender la Tierra que pisamos.