“Si una llave merece un comunicado, ¿qué merecen 540 familias?”

Dura carta de mujeres de policías retirados reclama al gobernador Gustavo Melella una solución urgente a la deuda previsional que ya supera cinco meses. En su carta, las firmantes destacan “la velocidad, precisión y sensibilidad” con la que Melella intervino públicamente cuando la legisladora nacional denunció dificultades para ingresar a su despacho. Ese episodio motivó un comunicado oficial y declaraciones del Gobernador en defensa del respeto institucional.

Río Grande.- La difusión de una carta pública firmada por Mujeres de Policías Retirados de Tierra del Fuego encendió nuevamente las alarmas sobre la situación previsional que atraviesan 540 familias de la provincia, muchas de ellas sin percibir sus haberes desde hace cinco meses y aún sin cobrar el Sueldo Anual Complementario. El grupo expresó un reclamo directo al gobernador Gustavo Melella y cuestionó —con fuerte ironía— la rápida reacción del mandatario frente al episodio ocurrido en el Congreso de la Nación con la senadora Cristina López, en contraste con lo que describen como un “silencio abrumador” ante su realidad cotidiana.

El contraste que originó el reclamo

En su carta, las firmantes destacan “la velocidad, precisión y sensibilidad” con la que Melella intervino públicamente cuando la legisladora nacional denunció dificultades para ingresar a su despacho. Ese episodio motivó un comunicado oficial y declaraciones del Gobernador en defensa del respeto institucional.

Sin embargo, el colectivo plantea que esa misma atención no ha sido aplicada a las familias de policías retirados y pensionados, que desde mediados de año reclaman la regularización de sus haberes.

“Es realmente reconfortante observar cómo, cuando un representante encuentra dificultades para ingresar a su despacho, su reflejo institucional se activa con tanta premura”, expresan en el texto.

Luego agregan: “Lamentablemente, esa misma energía no la hemos experimentado las 540 familias que esperamos algo mucho más simple e importante que una llave: que nos paguen conforme a la ley”.

Cinco meses sin cobrar: un conflicto que se agrava

La situación no es nueva. Desde el invierno se acumulan retrasos en el pago de haberes previsionales, según denuncian organizaciones de retirados y pensionados de la Policía Provincial.

El problema afecta a quienes dependen exclusivamente de su jubilación policial, muchas veces sin otro ingreso formal.

Los atrasos incluyen:

Más de cinco meses sin cobrar el haber previsional completo.

SAC adeudado.

Demoras en actualizaciones que deberían ser automáticas, de acuerdo con la normativa que equipara los haberes policiales en actividad con los pasivos.

Los reclamos formales se han presentado ante la Caja de Previsión Social y el Ministerio de Economía, pero —según los propios damnificados— no han recibido respuestas claras sobre motivos, plazos ni un cronograma de normalización.

“Tal vez abrir una puerta requiera más atención que abrir los libros”

La carta pública no oculta la indignación acumulada.

Las mujeres plantean un paralelismo entre la preocupación institucional mostrada por el Ejecutivo ante el incidente del Congreso y la falta de señales hacia los hogares que dependen de ingresos hoy inexistentes.

“Tal vez abrir una puerta en el Congreso requiera más atención que abrir los libros para determinar dónde están los aportes previsionales de quienes custodiaron durante años la provincia que usted gobierna”, escriben.

Más adelante, profundizan el contraste: “Si la problemática de una llave merece un comunicado oficial y su profunda preocupación, imagínese lo que merece una deuda que ya roza lo inhumano”.

Impacto real: medicamentos, deudas y familias al límite

Aunque la carta evita caer en el dramatismo explícito, distintas agrupaciones de retirados vienen advirtiendo que el impacto es severo:

Adultos mayores que no pueden pagar alquileres.

Medicamentos diferidos o comprados a crédito en farmacias.

Familias que dependen de ayuda de hijos o vecinos.

Jubilados que vuelven a trabajar informalmente para sostenerse.

“Hay gente que sirvió 30 años y hoy no puede pagar la luz”, expresó semanas atrás un referente del sector en una radio local.

Sin cobrar, todo se transforma en urgencia.

Ausencia de respuesta oficial

Hasta el momento, el Gobierno provincial no emitió comunicados sobre el contenido de la carta ni sobre la situación específica de los policías retirados.

Tampoco se difundió un cronograma oficial de pagos o regularización.

La falta de información alimenta el malestar, especialmente entre quienes advierten que la ley establece con claridad la obligación del Estado provincial de garantizar el pago de haberes previsionales en tiempo y forma.

Un reclamo que crece y se hace público

La decisión de difundir la carta marca un cambio de estrategia: después de meses de pedidos formales, las familias optaron por visibilizar su situación públicamente, apelando directamente al Gobernador.

El texto cierra con una petición firme: “Le solicitamos que arbitre de manera urgente los medios necesarios para intervenir y resolver esta situación. Ya no pedimos discursos: pedimos que nos paguen.”

La publicación circuló rápidamente en redes sociales, grupos comunitarios y espacios vinculados a la seguridad, donde fue recibida con amplio respaldo.

Un conflicto que interpela al Gobierno

El reclamo no sólo pone en evidencia la problemática de un sector vulnerado, sino que abre preguntas más amplias:

¿Qué ocurre con la administración de la Caja de Previsión?

¿Por qué se producen los atrasos?

¿Existe un problema financiero estructural?

¿Qué plan tiene el Ejecutivo para regularizar la situación?

¿Puede sostenerse el silencio oficial cuando hay cientos de hogares afectados?

Mientras tanto, las 540 familias siguen a la espera.

La carta transformó su reclamo en un mensaje político: si una llave en Buenos Aires puede movilizar a la Provincia, también debería hacerlo una deuda que afecta la vida cotidiana de cientos de fueguinos.