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Por Pablo Daniel Blanco – Senador de la Nación

Suele decir el Presidente casi como un lema de vida que hay que tener “el menor Estado posible”. Lo único que deja en claro el Presidente es que encarna 1/3 del espíritu alberdiano. De las bases de la Constitución, al parecer, sólo respeta el Poder Ejecutivo Nacional y sólo en la medida que sea ejercido por él.

La arquitectura institucional de un Estado no se destruye solo con la derogación de sus leyes constitutivas. A veces, basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su conducción técnica, retirando su autonomía presupuestaria y reasignando sus funciones hasta volverlos irrelevantes. Esto es lo que ocurre con los decretos 461/25, 462/25 y 351/25, dictados al amparo de la Ley 27.742: bajo el argumento de reorganizar y modernizar, avanzan sobre organismos que la Constitución protege, excediendo los límites de la delegación legislativa, desvirtuando fines legales y debilitando capacidades críticas del Estado.

La Ley 27.742, invocada como plataforma habilitante, declara la emergencia pública en áreas administrativas, económicas y energéticas, y autoriza al Poder Ejecutivo a reorganizar la administración. Pero el art. 76 de la Constitución impone condiciones: la delegación solo puede referirse a materias determinadas de administración o emergencia pública, por tiempo limitado y con bases precisas. Los decretos en cuestión desbordan esos límites: no reordenan para optimizar, sino que reconfiguran de raíz la naturaleza de entes autárquicos, cambiando su finalidad y su estructura de gobierno sin intervención legislativa.

En lugar de disolver formalmente —lo que requeriría ley—, el Ejecutivo opta por una táctica de disolución encubierta: absorción en secretarías ministeriales, supresión de órganos colegiados, pérdida de autarquía, redistribución de personal y patrimonio. Desde el punto de vista jurídico, el resultado es idéntico al de la extinción formal: desaparición de la personalidad institucional y neutralización de su función.

El caso del INTI es paradigmático. Creado para garantizar estándares industriales, calibración metrológica y asistencia a la industria nacional, su credibilidad reside en la independencia técnica. El Decreto 462/25 lo convierte en mera “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, conservando apenas “el personal técnico necesario”. La red federal de laboratorios —muchos de ellos únicos en su especialidad— queda a merced de decisiones presupuestarias centralizadas. Las empresas que dependen de sus certificaciones para exportar o cumplir con normas de seguridad se enfrentan a la incertidumbre y a la posible pérdida de reconocimiento internacional de sus productos.

El INTA sufre un vaciamiento similar: se elimina su Consejo Directivo, órgano donde confluyen universidades, productores y provincias, y se lo reduce a la condición de organismo desconcentrado bajo dependencia de la Secretaría de Agricultura. Se desarticula así la lógica federal y participativa que sostenía su misión de investigación y extensión agropecuaria. La omisión más grave es el silencio respecto de sus proyectos en curso: ensayos sobre resistencia de cultivos, planes de sanidad animal, redes de asistencia técnica. Nada asegura que esas líneas de trabajo continúen o que los convenios vigentes con provincias y municipios se honren.

En el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la reforma implica que una herramienta clave para causas de derechos humanos pierde autonomía y pasa a ser conducida por un director designado discrecionalmente por el Ejecutivo. La cadena de custodia genética, que da valor probatorio a la evidencia, se vuelve más vulnerable a interferencias políticas. El decreto omite toda referencia a cómo se preservará la integridad de muestras, bases de datos y pericias en curso.

La Dirección Nacional de Vialidad es directamente disuelta por el Decreto 461/25. Sus competencias se reparten entre el Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional. El argumento oficial utiliza como justificativo un dato engañoso: 84.000 kilómetros de rutas “a cargo” del Estado, cuando en realidad la red nacional efectiva es de unos 40.000 km. Inflar la cifra permite presentar como inevitable una reestructuración masiva que, en rigor, afecta una red manejable y crítica para la integración territorial. La Gendarmería puede controlar, pero no planificar obras, licitar mantenimientos, ni diseñar ingeniería vial; reemplazar técnicos por policías en estas funciones erosiona la seguridad y la previsión.

En Tierra del Fuego, estos cambios adquieren un matiz particular. La provincia depende de la RN3 para abastecerse, mover su producción y sostener su turismo. El Paso Garibaldi, por su geografía y clima, requiere mantenimiento experto y continuo, sobre todo en invierno. La DNV tenía protocolos, flotas y contratos específicos para despejar nieve y hielo, coordinar emergencias y garantizar la transitabilidad. Sin esa planificación, el riesgo de cierres prolongados —y con ellos, desabastecimiento e incomunicación— aumenta de forma sustantiva.

El cruce por barcaza en territorio chileno añade otra capa de vulnerabilidad: cualquier interrupción requiere coordinación binacional, algo que un Estado sin organismo técnico fuerte pierde capacidad de negociar y gestionar. En temporadas invernales, la conjunción de Paso Garibaldi, barcaza y condiciones climáticas extremas puede aislar a la isla, con costos humanos y económicos inmediatos.

En el plano doctrinario libertario, la contradicción es evidente: la reducción del Estado no puede traducirse en la eliminación de sus funciones esenciales. Un Estado mínimo —en la teoría liberal clásica— sigue necesitando árbitros neutrales para certificar calidad, instituciones que garanticen seguridad vial, y organismos que preserven evidencia judicial. Estos decretos, en cambio, producen un Estado impotente para cumplir esas funciones, dejando un vacío que no llena el mercado y que, en contextos como Tierra del Fuego, el sector privado no podría cubrir ni con eficiencia ni con neutralidad.

Lejos de robustecer la libertad económica, las medidas crean nuevas dependencias: de laboratorios extranjeros para certificar productos; de operadores privados sin control técnico para mantener rutas; de decisiones políticas para sostener investigaciones agropecuarias; y de la buena voluntad de otras jurisdicciones para asegurar la conectividad. Se trata, en suma, de una transferencia de riesgos y costos al conjunto de la sociedad, sin contrapartida ni compensación.

En términos jurídicos, la inconstitucionalidad de estas medidas no reside únicamente en la violación formal del art. 76 CN, sino en su efecto material: la pérdida de garantías institucionales que el Congreso, al crear estos entes, quiso blindar. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha recordado que los fines legales no pueden ser desvirtuados bajo pretexto de reorganización administrativa.

Por todo ello, el rechazo de estos decretos no es una cuestión de resistencia política coyuntural: es la defensa de un mínimo institucional indispensable para que la República funcione como tal, y para que territorios periféricos como Tierra del Fuego no queden librados a su suerte cada invierno.

Impacto específico en Tierra del Fuego que tendrían los decretos de haber sido aprobados

• Conectividad y seguridad en la RN3: La RN3 es el eje vital de abastecimiento, turismo y servicios para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. La disolución de DNV y el corrimiento de ANSV generan incertidumbre sobre estándares de mantenimiento invernal, gestión de emergencias y coordinación con Chile para el corredor bioceánico. El enfoque policial para controles no sustituye capacidades civiles técnicas de planificación y conservación, críticas en climas extremos.
• Seguridad vial y gestión vial requieren líneas claras de responsabilidad, métricas públicas y control profesional especializado. Al desarmar agencias técnicas civiles y fragmentar funciones entre carteras que no son del sector, se diluye quién responde por siniestralidad, mantenimiento, auditorías de concesión y políticas multimodales.

Cuando la autoridad que debe controlar termina respondiendo a los intereses del sector controlado o a incentivos políticos/fiscales que desvían su misión. Si el control de concesiones y decisiones técnicas se reubica en áreas con objetivos presupuestarios (p. ej., Economía) o se “policializa” el control en ruta, aumenta el riesgo de priorizar recaudación/flujo financiero sobre seguridad, mantenimiento y estándares técnicos.

El resultado: más opacidad, menos trazabilidad de decisiones y menor control parlamentario y social específico.

Ciencia, tecnología y producción (Decreto rechazado 462/25)

Pretendía una reconfiguración estructural: el decreto habilita transformaciones profundas bajo la Ley 27.742 (fusión, escisión, disolución, centralización), alegando eficiencia y control interno; usa informes de dotaciones y autoridades para justificar una reorganización amplia del sector, incluyendo INTI e INTA dentro de un proceso de centralización y reasignación de competencias y fondos hacia el Ministerio de Economía.

• Pérdida de autarquía y dependencia jerárquica: el propio discurso oficial expone que INTI pasa a ser una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, con eliminación de estructuras administrativas y reducción de personal, manteniendo funciones básicas de metrología y estándares; se critica su “sobredimensión” y su rol en certificaciones como “obstáculo” a la industria.
• Menor calidad regulatoria: El vaciamiento de autarquía y órganos colegiados de INTI/INTA compromete certificaciones, asistencia tecnológica y transferencia al sistema productivo, afectando calidad, seguridad del consumidor e innovación. La reforma del INTA disolvió el Consejo Directivo para reemplazarlo por uno técnico y puso la conducción bajo un secretario designado por el PE.
• Impacto laboral y territorial: Se advirtió sobre recortes de puestos y debilitamiento de redes federales de sedes y laboratorios, con efectos sobre cadenas agroindustriales y manufactureras regionales
• Controversia y litigiosidad: se promovieron acciones de inconstitucionalidad y cautelares desde el INTI para frenar la pérdida de autonomía, alegando afectación a la seguridad y calidad de productos y a la función de transferencia tecnológica. También ingresaron proyectos legislativos de derogación por exceso en la delegación y “disolución encubierta” de organismos con fines legales específicos y gobernanza colegiada.

No sólo hay un exceso en la delegación por transformar entes autárquicos creados por norma con rango legal (INTA/INTI) en dependencias sin autarquía y sin directorios colegiados, sino que también se desnaturalizan sus fines legales:  INTI/INTA no son meras oficinas administrativas; proveen bienes públicos tecnológicos: metrología, evaluación de conformidad, transferencia y extensión agropecuaria. Convertirlos en unidades jerárquicamente subordinadas al ciclo político reduce su independencia técnica y su rol de árbitro neutral entre mercado, consumidor y productor, contrario a los fines por los que fueron instituidos4.

Riesgos para el Sistema Nacional de la Calidad y el comercio exterior: la metrología legal y las certificaciones sostienen la trazabilidad y el reconocimiento internacional (p. ej., acuerdos de reconocimiento mutuo, participación en el sistema de calidad nacional). Vaciar capacidades y gobernanza erosiona la confianza de contrapartes y puede generar costos de cumplimiento y barreras no arancelarias para pymes exportadoras. El propio texto oficial habla de “preservar la denominación para reconocimiento internacional”, lo que admite el riesgo de perder estatus si se altera la sustancia institucional.

Impacto federal y productivo: INTI/INTA operan redes territoriales de laboratorios y estaciones experimentales. La reducción de estructuras y personal, junto con la recentralización, debilita el soporte a cadenas regionales y a pymes, aumentando asimetrías tecnológicas y de calidad. La litigiosidad y protestas son un indicador de disrupción operativa que compromete servicios esenciales al sector productivo.

Impacto específico para Tierra del Fuego

• PyMEs y cadenas locales: la Patagonia austral depende de ensayos, calibraciones, buenas prácticas, sanidad y certificaciones para electrónica, metalmecánica, alimentarias, agropecuarias y logística en clima extremo.

Debilitar INTI implica demoras, mayores costos (traslados a otras plazas), y más rechazos en abastecimiento y exportación.

• Agro y ambiente subantártico: la extensión, la investigación y desarrollo del INTA en manejo de suelos fríos, pasturas y sanidad bajo condiciones australes sostienen productividad y resiliencia. Menos autonomía y recursos compromete asistencia en tiempo real ante plagas, eventos climáticos y adaptación productiva.
• Efecto adicional: En un contexto de revisión del régimen promocional fueguino y cambios arancelarios, donde las cadenas logísticas son muy largas, quitar capacidades técnicas públicas multiplica el riesgo operacional de empresas fueguinas y agrava la volatilidad para inversiones y empleo local.

Derechos humanos y evidencia forense (351/25)

Datos Genéticos (BNDG)

El BNDG fue creado en 1987 como respuesta institucional a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Su marco actual está dado por la Ley 26.548, que le otorga:

Autarquía y autonomía técnica: para evitar injerencias políticas y asegurar la neutralidad en la producción de prueba genética.

Objeto específico: obtención, almacenamiento y análisis de información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983.

Funciones clave:

Custodiar el Archivo Nacional de Datos Genéticos.

Actuar como perito oficial exclusivo en causas judiciales vinculadas.

Garantizar la cadena de custodia y la reserva de la información.

Coordinar protocolos con organismos nacionales e internacionales.

Este diseño institucional buscó blindar al BNDG frente a los vaivenes políticos y garantizar que su misión —la restitución de identidades— no quedara sujeta a criterios coyunturales.

Cambios introducidos por el Decreto 351/25

El decreto que rechacé transforma al BNDG de organismo descentralizado a organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Esto implica:

Pérdida de autarquía: ya no administra recursos propios; depende de la asignación y autorización de la Secretaría para gastos operativos.

Subordinación jerárquica directa: la dirección técnica queda bajo la órbita política de la Jefatura de Gabinete.

Modificación de la estructura de conducción:

Supresión del cargo de subdirector administrativo.

Limitación de la representación legal de la directora técnica.

Todo movimiento de personal requiere aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

Centralización de compras y logística: insumos críticos (reactivos, equipamiento, traslados para toma de muestras) ya no pueden adquirirse directamente, sino que deben pasar por circuitos administrativos ajenos al organismo.

Impacto jurídico y probatorio

El BNDG no es un laboratorio cualquiera: sus pericias tienen valor probatorio pleno en causas judiciales de altísima sensibilidad. La cadena de custodia genética es un requisito indispensable para que las pruebas sean válidas. La pérdida de autonomía y la dependencia de autorizaciones externas pueden:

Demorar pericias: si faltan insumos o se retrasa un traslado, se afecta la oportunidad de la prueba.

Comprometer la cadena de custodia: cualquier manipulación o traslado no controlado por el propio organismo puede ser cuestionado judicialmente.

Debilitar la independencia técnica: la subordinación política erosiona la percepción de imparcialidad, clave para la confianza de víctimas, familiares y jueces.

Impacto operativo y simbólico

Operativo: el BNDG trabaja con muestras biológicas únicas e irrepetibles. Un retraso o error en su procesamiento puede significar la pérdida definitiva de una oportunidad de identificación.

Simbólico: el BNDG es un emblema internacional en materia de derechos humanos y justicia transicional. Su debilitamiento envía un mensaje de retroceso en políticas de memoria, verdad y justicia.

Confianza social: las familias que aportan su material genético lo hacen confiando en la neutralidad y seguridad del organismo. Cualquier percepción de control político puede desalentar nuevas presentaciones.

Contradicción con principios libertarios invocados

Incluso desde la óptica de un Estado mínimo, el BNDG cumple una función esencial: garantizar un derecho humano básico (identidad) y proveer prueba judicial en delitos imprescriptibles. Vaciarlo de autonomía:

No reduce burocracia: la aumenta, al obligar a pasar por más instancias para cada decisión operativa.

No mejora eficiencia: la compromete, al introducir cuellos de botella administrativos.

No respeta derechos adquiridos: afecta expectativas legítimas de familiares y víctimas que confiaron en un marco institucional estable.

Riesgos a corto y mediano plazo

Riesgo de dependencia política: La nueva subordinación del BNDG a Jefatura y su conducción unipersonal afectan la confianza pública y la cadena de custodia probatoria, deteriorando una institución clave para verdad y justicia. La Cámara de Diputados rechazó el decreto por estos fundamentos.

Corto plazo: demoras en pericias, interrupción de proyectos de identificación, pérdida de insumos críticos.

Mediano plazo: cuestionamientos judiciales a la validez de pruebas, pérdida de reconocimiento internacional, disminución de la cooperación con organismos extranjeros.

CONCLUSIÓN:

No sólo son inconstitucionales estos decretos por los argumentos expuestos, sino que además revelan una severa inconsistencia con los principios de libertad económica: estándares claros, instituciones técnicas independientes y reglas estables son infraestructura de mercados libres. La reforma, al introducir incertidumbre institucional y discrecionalidad, erosiona seguridad jurídica y competencia leal. Liberalizar no equivale a desmantelar las garantías de calidad y seguridad que evitan costos de transacción y seleccionan buen desempeño.