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Bertone advirtió a Melella que recurrirán a la justicia si hay trabas burocráticas

La gobernadora Rosana Bertone efectuó serias advertencias ayer al intendente Gustavo Melella, tras dar a conocer un ambicioso plan de urbanización, una del fideicomiso Cabo de Mar, adquirido por el gobierno hace casi dos años y otro en la zona del Pipo en Ushuaia. La mandataria desvinculó el anuncio de la campaña electoral y sostuvo que desde hace mucho tiempo hay obras frenadas por el Municipio de Río Grande. En caso de haber trabas burocráticas, adelantó que recurrirán a la justicia. Son 1.260 nuevas soluciones habitacionales las anunciadas por la primer mandataria provincial.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone anunció ayer planes de urbanizaciones tanto para Ushuaia como para Río Grande, que implican en primer lugar la apertura de calles, loteo y tendido de servicios, y en una segunda etapa la construcción de viviendas, que se adjudicarán bajo la operatoria del IPV.
La primera etapa estaría concluida sobre fines del año próximo y no hay fecha de finalización de las viviendas, como tampoco definición del financiamiento de la segunda etapa, pero para la primera se destinarán fondos del producido de la colocación de bonos.

La mandataria acusó al intendente Gustavo Melella y los concejales de Río Grande de la demora en el inicio de obras del gobierno provincial y advirtió que, de repetirse el escenario, recurrirá a la justicia.

“Hemos tenido terribles dificultades para la autorización del gas en cinco barrios. Ya planteamos una judicialización para poder hacer la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y llegamos a una etapa de judicialización para poder darle este derecho a la gente. Con estos cinco barrios tuvimos una demora de aproximadamente nueve meses y tuvimos que recurrir a una instancia no judicial, pero sí al ENARGAS”, señaló en rueda de prensa.

La gobernadora Rosana Bertone anunció ayer planes de urbanizaciones tanto para Ushuaia como para Río Grande, que implican en primer lugar la apertura de calles, loteo y tendido de servicios, y en una segunda etapa la construcción de viviendas, que se adjudicarán bajo la operatoria del IPV.

“Sea cual sea el resultado de la elección, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar hasta el 17 de diciembre y, si se nos impide, vamos a hacer todas las acciones judiciales pertinentes para que los vecinos puedan tener acceso a la tierra”, sentenció.

Recordó que “la ex gobernadora Ríos cuando fue a la escuela 4 en plena etapa electoral a prometer servicios, que hoy es socia del señor Melella, prometió obras que no se hicieron y nosotros las planificamos y las terminamos haciendo, en algunos casos con financiamiento nacional y en otros con financiamiento propio, o con los bonos de la provincia”.

“Nuestra responsabilidad como gobernantes es seguir trabajando todos los días, más allá de la campaña electoral, y en un momento de crisis terrible como vive la Argentina, es importante llevar la solución que no es sólo habitacional sino que es mejorar el hábitat urbano. Esa es una obligación en la que me encuentro comprometida. Si nos ponen palos en la rueda o nos impiden como nos han impedido hasta ahora, seguiremos la mecánica de trabajo de judicializar en algunos casos, o ir a organismos superiores en otros. También haremos reuniones con los vecinos, porque a veces ante la presión de los vecinos las cosas salen”, manifestó.

También apuntó contra los concejales de Río Grande, que no han dado apoyo. “Hemos intentado en todo este último tiempo tener una relación madura y seria con los concejales de Río Grande, y articulábamos con el Dr. Von der Thusen a veces, otras con Alejandro Nogar, o con María Eugenia Duré, o bien con la Dra. Laura Colazo. En Ushuaia hemos contado para todo el proceso de urbanización con la asistencia del intendente Walter Vuoto, y en el Concejo con el presidente Juan Carlos Pino. En muchas ocasiones él fue el responsable de articular entre el municipio y la provincia. En Tolhuin articulamos con el intendente Claudio Queno y el Concejo Deliberante, y el IPV también tiene intervenciones. En Tolhuin tenemos una obra en proceso de rescisión y de nueva adjudicación. Nuestro objetivo como gobierno siempre es dar trabajo en primer lugar. Se habla muchísimo de que falta trabajo, pero resulta que los temas que serían beneficiosos para que haya más trabajo, vemos que se impiden muchas veces en la propia sociedad de Tierra del Fuego, como pocas veces”, criticó.

“Yo tengo veinte años de experiencia política y solamente vi un caso semejante de oposición que se le hizo al ex ingeniero Jorge Garramuño en Ushuaia. Con Juan Carlos Arcando entendíamos que esa oposición era irracional y desmedida, y tanto él desde el Concejo, como yo desde el espacio institucional que ocupaba, hicimos lo posible ante muchos adversarios que tenía el ingeniero Garramuño. Esto permitió que se llevaran adelante obras como la doble Maipú, el puerto y el aeropuerto. No recuerdo una oposición semejante a la que tenemos en esta instancia”, comparó.

“Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la adversidad, somos un conjunto de hombres y mujeres que nos ocupamos de la realidad de nuestra provincia y pensamos más allá de los resultados electorales, porque tenemos una verdadera vocación de servicio”, subrayó Bertone.

“Con Martín Pérez no va a haber trabas”

Por su parte Gustavo Vázquez, presidente del IPV, estimó que la primera etapa de la urbanización podría estar finalizada “para agosto de 2020”, y luego se continuaría con la segunda etapa, con la construcción de las viviendas, sin fecha definida de finalización. Aclaró que “todavía se está trabajando en las herramientas de financiamiento” en este caso, pero confió en poder llevar adelante el proyecto, porque el diputado Martín Pérez “va a ganar” las elecciones municipales y será el nuevo intendente.

“La obra la tenemos planificada para arrancarla en septiembre de este año, ya se están preparando los pliegos y la parte burocrática del pliego de licitación. Es una obra que puede demorar un año, o un año y tres meses. Los beneficiarios van a ser las personas que estén inscriptas en el IPV. En la zona ya se ha hecho la primera parte del trabajo, con la apertura de calles. Son lotes con servicios, de 180 metros cuadrados, a un valor del metro cuadrado de 2.700 pesos aproximadamente”, por lo cual rondarían el medio millón de pesos para el caso de Río Grande, dado que en Ushuaia el costo es mayor.

“Para la primera etapa ya tenemos el financiamiento, que son 170 millones de pesos que aporta el gobierno provincial. La segunda etapa se va a realizar con el recupero de los lotes, más otras herramientas financieras que vayamos acomodando en el transcurso del tiempo”, dijo.

Afirmó que “el próximo intendente va a ser Martín Pérez y no creo que tengamos ninguna traba como hemos tenido desde el Municipio de Río Grande. Nosotros vamos a avanzar con la decisión política de solucionar el problema habitacional y no podemos estar esperando caprichos políticos o trabas burocráticas para la gente que está esperando una vivienda. Si Martín Pérez ocupa la intendencia, va a ser todo mucho más fácil”, garantizó.

Álvarez apuntó contra las trabas del Concejo

El ministro de Gobierno José Luís Álvarez también hizo referencia a las trabas burocráticas para avanzar con esta urbanización anunciada ayer, dado que la compra de las tierras se realizó a mediados de 2017.

“El crecimiento demográfico da la pauta de que deberíamos intervenir rápidamente, sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo viene planificando desde el inicio de la gestión en 2015, nos encontramos con la dificultad del Municipio de Río Grande”, dijo.

“Nosotros adquirimos el 30 de agosto de 2017 el fideicomiso Cabo de Mar –en Margen Sur-. En 2013, por resolución municipal, el intendente Gustavo Melella había declarado la emergencia habitacional y en 2014 el Concejo Deliberante autorizó el fideicomiso para la operatoria público-privada. Por ordenanza del 2014 se creó una zona residencial de interés público-privada, y en esta ordenanza se autorizó la construcción del Fideicomiso San Martín Norte, donde hubo mucho interés de ejecutarlo de parte del municipio; y también se autorizó el Fideicomiso Cabo de Mar. Se creó una comisión de aprobación de estos fideicomisos en el Concejo Deliberante. Por resolución, el intendente Melella y el entonces secretario de Gobierno Paulino Rossi, refrendaron el contrato de construcción de mejoras del fideicomiso Cabo de Mar, dieron el visado y la aprobación de la factibilidad de la obra en diciembre de 2014; pero el 30 de agosto de 2017 la provincia compra ese fideicomiso y, a partir de la compra, el trámite no tuvo más movimiento”, contrastó.

“Siempre se trabó en la comisión especial conformada por los concejales, y a partir de ahí se desconoció la existencia de la emergencia habitacional. La decisión del municipio ha sido poner todas las trabas burocráticas para evitar que la provincia pueda realizar el desarrollo. A pesar de eso estamos trabajando con el equipo técnico del IPV, entendiendo que se está desconociendo la emergencia habitacional y el crecimiento de Río Grande, para poder destrabarlo y continuar con la obra para que los lotes puedan ser entregados lo antes posible. Tenemos financiamiento por los fondos producidos por la colocación de bonos”, aseguró.

“Estamos en el mismo escenario que con la planta de líquidos cloacales y la apertura de la ruta 7, y la decisión es siempre mirar las cuestiones sectoriales o políticas, y no mirar que la gente necesita un hábitat digno. La provincia no va a cesar en su voluntad de avanzar, más allá de las trabas burocráticas que quieren poner”, concluyó.

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