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Bahntje pasó por la comisión de presupuesto y adelantó un déficit “de 2.200 millones”

Así lo aseguró el legislador Pablo Blanco, presidente de la comisión 2 de la Legislatura provincial, de acuerdo a la proyección realizada para 2020. De ese total, más de 500 millones deberían ser sostenidos por los municipios de Ushuaia y Río Grande, de aplicarse el artículo 23 de la ley 1070. El radical adelantó su negativa a avalar la prórroga de los descuentos a activos y pasivos para el fondo solidario, aunque se analiza que sigan aportando “los que ganan más que la gobernadora”. Respecto de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, confirmó que hubo un requerimiento de la jueza interviniente, que ya contestó, en el marco de la causa penal que lo tiene “denunciado e imputado”.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, se refirió a la reunión realizada ayer con el presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje, en la que se dio a conocer la situación crítica del organismo, con un déficit proyectado para 2020 de “2.200 millones”.

Por Radio Universidad 93.5, dio cuenta del cruce que se produjo entre miembros del Tribunal de Cuentas y el presidente de la caja, “por algunos inconvenientes que se están dando”, en particular demoras en la determinación del haber jubilatorio.

El legislador del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, se refirió a la reunión realizada ayer con el presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje, en la que se dio a conocer la situación crítica del organismo, con un déficit proyectado para 2020 de “2.200 millones”.

“Algunos asignaban la responsabilidad al Tribunal de Cuentas y por eso pedí que se aclare. Hay un tema fundamental que se planteó y no tiene que ver con el presupuesto. Es lo que viene sucediendo con aquellos que acceden a la jubilación. Hay demoras de más de un año y, antes de discutir el presupuesto hablamos de la determinación del haber definitivo, porque hay gente que está más de un año cobrando un porcentaje de su último sueldo, que no guarda realidad con la jubilación. El 60% del último sueldo es una reducción importante para los ingresos de cualquier jubilación. Si esto es por un plazo de 30 días, puede pasar porque la persona se recompone, pero cuando es un año o un año y medio se complica la situación. No es justo ni lógico que esto suceda”, sostuvo.

“Ahí se produjo la discusión sobre la manera de trabajar del Tribunal de Cuentas, y lo que quedó en claro es que no es responsable el organismo de control, sino que la demora es de la caja, y tendrá que buscar un mecanismo mucho más ágil. Según ellos ya se están poniendo al día y dicen que quedan muy pocos casos, pero hay muchas cosas para revisar y mucha gente en medio que se ha visto perjudicada por esto”, cuestionó.

Consultado sobre la cantidad de jubilados que habrá al cierre del ejercicio, dijo que “el 2017 cierra con alrededor de 6.500, pero hay algunas informaciones que me preocupan, porque en el transcurso de cuatro a cinco años, serían 12.000, por la proyección que se ha hecho”.

“El déficit del presupuesto trianual, de 2018-2019-2020, arroja una cifra de 2.200 millones. Arranca con un poco más de 400 millones en 2018, cerca de 700 millones en 2019 y mil cien millones en 2020”, detalló el legislador Blanco.

Cabe señalar que Bahntje advirtió que, de ese total, más de 500 millones corresponden a jubilados de las municipalidades de Ushuaia y Río Grande y, de no haber otra fuente de financiamiento, entraría a operar el artículo 23 de la ley 1070, que prevé que el déficit sea sostenido por los organismos que lo generan.

Blanco indicó que “el presupuesto está presentado sin tener en cuenta la emergencia previsional -ley 1068-. La ley prevé aportes de los jubilados, y se recibieron unos 104 millones; hay casi 150 millones de aportes de los activos y unos 42 millones de aportes de los que tenemos cargos políticos. Esto hace una suma de 340 ó 350 millones, producto del aporte solidario de activos y pasivos, y cargos políticos. Esto es lo que tenemos que reemplazar, y es la intención del bloque UCR-Cambiemos, porque nosotros no vamos a votar la continuidad del fondo solidario de activos y pasivos”, anticipó.

“Estamos analizando la posibilidad de que continúen haciendo aportes los que tienen sueldos superiores al de la gobernadora. De bruto son 108 mil pesos, y el neto debe estar en un poco más de 80 mil pesos”, precisó, en tanto un legislador “cobra 72 mil pesos y el desarraigo está alrededor de 30 mil pesos”, para los legisladores de Río Grande y Tolhuin.

Dado que en este caso los legisladores terminan cobrando más que la gobernadora, justificó el desarraigo porque “entre alquiler y expensas yo pago 27 mil un departamento, y son los precios de acá, y por cada viaje de ida y vuelta a Ushuaia son mil pesos de combustible. El sueldo de un legislador está entre 72 y 78 mil pesos, de acuerdo a la carga familiar”, señaló.

“Por supuesto hay empleados de la Legislatura que ganan más, y a nuestro criterio hay una posibilidad de que el que gane más que el sueldo de la gobernadora siga haciendo el aporte solidario. Hay muchos más de lo que muchos se imaginan en esta franja”, aseguró, y agregó que “también estamos analizando dentro de las posibilidades, porque la situación de la caja lo amerita, que aquellos que se jubilaron por la ley 460 con muy poco aporte, sigan haciendo algún tipo de aporte. Hay algo que nunca se aplicó, porque la ley territorial 244 tenía previsto el aporte de los jubilados dentro del menú de recursos de la caja. Nunca se le puso número ni se necesitó recurrir al aporte de los jubilados, o sea que este aporte no es un invento de la ley de emergencia 1068. Estuvo siempre en las posibilidades de la caja para obtener recursos y nunca se aplicó”.

“El directorio era quien debía aplicarlo y nunca decidió un aporte de los jubilados, siendo una caja que nació con jubilados con dos años de aporte en los primeros años, reconociendo servicios a los que estaban en ANSES y dando un premio de entre 15 y 20 sueldos por jubilarse. Con ese premio se llevaban los aportes de toda la vida a la caja. Ya nació mal”, lamentó.

Lo cierto es que, hasta el momento, no hay definiciones sobre las herramientas de financiamiento para cubrir el déficit que se va a acrecentar sin el fondo solidario. El presidente de la caja aclaró en comisión que la proyección del déficit para los próximos 3 años contó “con la aprobación por unanimidad de todos los integrantes del Directorio”, por lo cual existe “un piso básico en la discusión, que es el de tener certeza de los recursos requeridos por el sistema.

De este monto, 532 millones corresponden a los municipios de Ushuaia y Río Grande y, si lo que se busca es disminuir los pagos que deberán afrontar los municipios, deberán crearse fuentes adicionales de financiamiento”, advirtió.

Compras secretas de la Secretaría de Seguridad

Por otra parte, se le consultó al legislador Pablo Blanco sobre el requerimiento judicial que le fue formulado como presidente de la comisión de presupuesto, que recibió en dos oportunidades al secretario de Seguridad Ezequiel Murray.

Confirmó que ese requerimiento “fue contestado” y aclaró que “no solamente tengo un requerimiento, sino que estoy denunciado e imputado, por alguno que tiene ganas de denunciar”.

“Yo estoy denunciado por haberle dicho al Secretario de Seguridad y la gente que vino -a la primera reunión- que ordenaran los papeles y vinieran a dar explicaciones de vuelta. Eso me sirvió para que me denuncien penalmente, pero allá ellos. El requerimiento de la jueza ya lo contesté. La jueza requería constancia de las actas de la reunión, si las hubiere, y grabaciones, si las hubiere”, indicó.

No obstante, en la respuesta no se brindó ninguna de las informaciones requeridas por la justicia penal: “En la reunión de la comisión de presupuesto se hace un acta general, son actas parciales que se van redactando por cada una de las reuniones y después se hace el acta definitiva que suscriben todos los legisladores, por lo cual yo no le podía acercar a la jueza un acta de esa reunión, tampoco hay versión taquigráfica y nosotros no grabamos”, argumentó Blanco.

Respecto de los videos que fueron difundidos, aclaró que no fueron grabados por la Legislatura. “Como las reuniones son libres, cada uno tiene el derecho de grabar. A mí no me molesta que me filmen, porque lo que digo en público lo digo en privado, y no me molestaría que se filmen todas las reuniones de comisión, así se puede saber todo lo que se discute. Yo no tengo problemas. El requerimiento lo contesté como corresponde y después no tuve más novedades. Seguramente la causa seguirá su curso”, estimó.

Finalmente se le pidió opinión sobre el informe del Tribunal de Cuentas, donde se cuestiona el carácter secreto de las compras, además de varias irregularidades en el procedimiento. “Yo no tengo ese informe y no hubo ninguna reunión del Tribunal de Cuentas referida a eso. Hubo una solicitud del bloque del MPF al Tribunal de Cuentas, que contestó, pero yo no tengo copia de esa contestación y estoy a la espera de que, una vez que estén en poder de la Secretaría de Seguridad los expedientes con las contestaciones al Tribunal de Cuentas, sean remitidos a la comisión de presupuesto, como oportunamente le solicitamos al secretario. Son algo más de 22 millones involucrados y todo esto surge de unas apreciaciones que hace un funcionario de segunda o tercera línea, que habla de fondos reservados, que no tiene nada que ver con lo que realmente es, porque no son fondos reservados. Producto de eso salió todo y se armó todo lo que se armó”, repasó.

“Ya está en manos de la justicia, que es la que debe investigar. A mí no me molesta y uno tiene que estar dispuesto a cualquier investigación de la justicia. Me llama la atención estar denunciado por decirle a un funcionario que los papeles no están bien y que traigan la documentación como corresponde”, reiteró.

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