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El MPF impulsa la suspensión por tres meses del paquete de leyes

El legislador Damián Löffler visitó los estudios de Radio Universidad durante el programa “Buscando el equilibrio” y anunció que hoy ingresará un proyecto que dispone la suspensión por 90 días del paquete de leyes aprobado en enero pasado. Prevé la conformación de una mesa de diálogo con todos los sectores, para consensuar las modificaciones y, de no llegarse a un acuerdo, quedarían derogadas cumplido ese plazo. “El gobierno no dimensionó este combo explosivo”, sostuvo el mopofista, que con esta alternativa busca descomprimir el conflicto estatal. Pedirá la convocatoria a una sesión especial.

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17-03-16 Río Grande.- El legislador Damián “Loli” Löffler visitó ayer los estudios de Radio Universidad 93.5, y anunció el ingreso hoy de un proyecto de ley que suspende por 90 días la aplicación del paquete de leyes aprobado en enero pasado.
En su quinto mandato como legislador, se mostró “preocupado por un escenario bastante complicado en Tierra del Fuego” y manifestó su “tristeza” por los sucesos de los últimos días, que mantienen en vilo a toda la población.
“Nos gusta que los docentes estén en las aulas, los médicos en el hospital y que el conjunto de la comunidad tenga los servicios que el Estado debe prestar. No nos gusta ver a los trabajadores en la calle, manifestándose, pero comprendemos las medidas que ha decidido tomar el conjunto de los dirigentes gremiales. El gobierno de la provincia ha tenido el gran mérito de juntar a todos los dirigentes sindicales, públicos y privados, y comprendemos el tenor de las medidas en función de la forma en que se tomaron las decisiones”, manifestó.
Cuestionó las “formas” del oficialismo, al aprobar el paquete de leyes “en el mes de enero, cuando la gente no estaba”, y observó que “muchos de los temas abordados en esa sesión no formaron parte de la plataforma electoral del gobierno que ganó las elecciones. Muchos de esos temas no estuvieron dispuestos a tratarlos en el período anterior los que integraban el bloque del FPV. Por eso, si bien no somos partícipes de que vayan a la casa de los legisladores, que se corten rutas o se moleste a la gente o al turista, entendemos la decisión de los dirigentes sindicales de haber endurecido el reclamo, porque la forma fue lo que más ha agravado la situación”, interpretó.
Consideró que cuando un candidato se postula a un cargo de la relevancia del gobernador, debería estar preparado para lo que va a encontrar. “Tienen que tener un conocimiento acabado del estado de situación, al momento de presentarse. Sobre esa base se desarrolla la plataforma electoral y se hacen las propuestas al ciudadano. Esto me parece fundamental”, sostuvo, sin embargo los candidatos del FPV “no dijeron nada de esto durante la campaña. Al contrario, dijeron que no iban a modificar el régimen previsional y durante los cuatro años de funcionamiento de la comisión 865 se negaron a cualquier tipo de modificación del régimen. Luego nos encontramos con que en enero, cuando la provincia casi está vacía, salió este paquete de leyes. Me parece inapropiado y la gente hoy está reclamando esto”, remarcó.
Agregó que “hay muchos dirigentes sindicales que presentaron proyectos y que van a comprender si se sientan a una mesa y se elaboran los proyectos de frente, de cara a la gente, como se venía trabajando en la comisión 865”.
Cargó contra varios puntos del paquete –que no votó en enero al igual que Boyadjián-, dado que “no se hizo diferencia entre el hombre y la mujer –respecto de la edad jubilatoria-, cuando la mujer se embaraza, es madre, tiene familia y se tiene que ocupar de muchas cosas de las que no nos ocupamos los hombres. Por lo menos debió haber una diferencia de cinco años”, dijo.
Luego marcó aspectos puntuales, “como el caso de los médicos. Sabemos que Tierra del Fuego ha dejado de ser una propuesta interesante para los especialistas. La guardia representa una parte importante del salario y le quitaron a los médicos la posibilidad de computar las guardias, por las que hacen aportes todos los meses. Con estas medidas estamos espantando la posibilidad de que vengan”, dijo.

La propuesta de suspensión

Con los chicos sin clases, los comercios afectados y el impuesto inmobiliario por venir, la tensión tiende a agravarse. “Están gravando actividades financieras, compañías de seguro, y eso es costo que se va a trasladar. Lo mismo pasa con el impuesto inmobiliario. La situación del país es compleja, con un proceso inflacionario impresionante, agravado por la salida del corralito, la devaluación. Hay pérdida de poder adquisitivo, de puestos de trabajo y, sumado a esto, meten un recorte al salario del empleado público, al jubilado, y generan aumento de impuestos. Realmente el combo es explosivo. El gobierno no dimensionó esto”, lamentó.
Recordó que “hubo ajustes en años anteriores cuando estábamos en el 1 a 1 y no había proceso inflacionario. El efecto ahora es doble, con casi un 40% de inflación en los últimos seis meses, y se suman las quitas de salarios, mientras no hay discusión de pauta salarial”.
Frente a este panorama, espera descomprimir con un proyecto de ley: “A partir de hoy, con la legisladora Cristina Boyadjián, vamos a presentar un proyecto de ley y vamos a invitar a sumarse a la firma a los legisladores del MPF y todos los legisladores. Vamos a solicitar una convocatoria a sesión especial, porque la situación es muy grave, los ánimos se están caldeando y el discurso de la gobernadora no ha caído bien. Se ha tirado más nafta al fuego y tenemos la responsabilidad de institucionalizar la provincia nuevamente”, planteó.
Detalló que el proyecto “suspende la aplicación de las leyes sancionadas en enero, por 90 días. El artículo segundo prevé una mesa de diálogo y, si no se llega a los consensos necesarios, al día 91 automáticamente quedan derogadas las leyes. Ponemos esta carga al gobierno de la provincia porque tiene ocho legisladores propios y aliados. Si no se consensúan los textos de leyes en una mesa de diálogo, el gobierno puede volver a imponer su mayoría y ponerlas en vigencia”, advirtió.
Respecto de la posibilidad de sumar a los privados a esa mesa de diálogo, dijo que “tiene que ser lo más abierta posible y nos interesa que participen todos los sectores, obviamente los dirigentes sindicales que están en conflicto sobre todo. A veces se trata de dividir entre privado y público, cuando el público trabaja y vive en Tierra del Fuego. Salario que dejan de percibir los estatales, dejan de gastarlo en el sector privado. Este es un círculo vicioso que va a generar que el privado facture menos, que necesite menos empleados y haya más gente desocupada”, subrayó.
“El asalariado provincial no se lleva la plata de la provincia y por eso no hay que dejarse engañar. De hecho hay una presentación hecha por el diputado Oscar Martínez en el Congreso, para que el trabajador privado tenga un régimen de jubilación diferencial, parecido al del trabajador activo del estado”, apuntó.
Aseguró que con su proyecto “no queremos hacer demagogia barata, queremos que se levante el conflicto. El objetivo es levantar el paro y sentar a la mesa de diálogo al gobierno, a todo el estado, justicia, legislatura, municipios, dirigentes gremiales, medios de comunicación, cámaras de comercio, de industria. Todos deben estar presentes y elaborarse las herramientas con los consensos necesarios”.
Asimismo, se posicionó a favor de algunas reformas al IPAUSS: “Sabemos que el sistema previsional necesita de mayores aportes para sostener las jubilaciones. Lo primero que hay que hacer, es que todos paguen, sentarse a legislar y que el goteo sea automático al IPAUSS. Aparte, Tierra del Fuego no reclamó el 15%, y en Córdoba hay legislación para copiar: ellos crearon un fondo y no necesitaron descontar a activos y pasivos para financiar el sistema previsional. Estas medidas se pueden llevar a la mesa de diálogo, para replicarlas en Tierra del Fuego”, propició.

Buscando adhesiones

Hoy dejarán el proyecto de ley en mesa de entradas junto a la convocatoria a sesión especial “para todos los legisladores que quieran adherir. Presentamos esto para poder descomprimir y quedará sujeto a las mejoras y propuestas de los distintos bloques. La idea no es un acto demagógico, pero sí sacar al trabajador de la calle y que vuelva a funcionar la provincia. Ese es el objetivo”, reiteró.

Rechazo de intendentes

Consultado sobre el rechazo de los municipios a las medidas del gobierno, tanto el cambio al impuesto inmobiliario como los descuentos salariales, destacó que en Río Grande “fue una iniciativa del Concejo Deliberante a través de una ordenanza, por la que decidieron no adherir y no descontar al personal. Creo que es una medida inteligente. El MPF con su mayoría en la convención del ’91 garantizó la autonomía municipal y obviamente estamos de acuerdo con lo sancionado por el Concejo. También vemos con buenos ojos que el intendente (Melella) haya decidido que sus funcionarios aporten voluntariamente al fondo”, dijo.
En cuanto al intendente de Ushuaia Walter Vuoto, señaló que es “sano que haya dirigentes políticos que reflexionen sobre lo que ocurrió y se den cuenta de que no es el camino. En el gobierno nacional las medidas se debaten –comparó-. Tiene minoría en ambas cámaras y han logrado avanzar en medidas como la posibilidad de reabrir el canje”.
Además calificó de “sana la actitud del legislador (Ricardo) Romano, que se arrepintió de su posición y de haber votado; y la posición de Walter Vuoto, que primero tenía una mirada y decidió cambiar de posición. Ojalá muchos legisladores se sumen a la propuesta que vamos a llevar”, deseó.
Se le consultó sobre la situación del bloque, dado que en enero hubo votaciones divididas con los dos referentes del sector de Garramuño. Si bien Löffler y Boyadjián optaron por la negativa en todo, aclaró que “en realidad Mónica Urquiza y Pablo Villegas no votaron el fondo solidario, ni votaron el descuento de salarios. Votaron la modificación del régimen previsional, pero no la tarifaria y fundamentó la negativa Pablo Villegas, a sacar la potestad al municipio de cobrar el impuesto inmobiliario”.
El mopofista confió en que tendrá eco su propuesta porque “tenemos diálogo permanente, con todos los sectores, aunque no sea una reunión formal o en un lugar público”.
No ocurre lo mismo con el gobierno. Para el caso de Bertone, dijo que “hace tiempo que no tengo posibilidad de hablar. La he visto en la apertura de sesiones el 1 de marzo y el día de su jura, pero no tuve posibilidad de hablar”.
Tampoco hubo otro interlocutor del gabinete: “El jefe de gabinete me llamó una sola vez y por una cuestión casi personal. No hablé de la situación que vive la provincia. De los legisladores, hablo habitualmente con Ricardo Furlan pero no tuve posibilidad con gente del gabinete”, insistió.
No obstante aseguró que si Bertone lo llama, “estoy a disposición de la gobernadora y lo que más nos interesa es que le vaya bien. Somos cinco hermanos y hemos decidido después de estudiar en Buenos Aires, volver a Tierra del Fuego y radicarnos acá. Todos echamos raíces en esta provincia y hemos formado acá nuestras familias. Lo que queremos es que a la provincia le vaya bien y por supuesto a la gobernadora Rosana Bertone”, afirmó.

Sin candidaturas

Finalmente se le preguntó sobre los rumores de su aspiración a la intendencia, pero respondió que “no es tiempo de pensar en candidaturas. Tierra del Fuego atraviesa una situación compleja y hay que ser serios, tratar de que las instituciones funcionen y los trabajadores ocupen su trabajo, para que el privado sienta que el estado no solamente les cobra sino que les da servicios”.
Puntualizó la preocupación en la falta de clases. “El docente tiene obligación de darle clases a los chicos de la mejor manera y sé que la mayoría de los docentes tiene estas ganas. Nos conocemos, somos criados acá y compartimos la vida. Puedo dar fe de que el docente de Tierra del Fuego tiene muchas ganas de hacer su trabajo como corresponde”, concluyó.

Consultado sobre el rechazo de los municipios a las medidas del gobierno, tanto el cambio al impuesto inmobiliario como los descuentos salariales, destacó que en Río Grande “fue una iniciativa del Concejo Deliberante a través de una ordenanza, por la que decidieron no adherir y no descontar al personal. Creo que es una medida inteligente”.

Consultado sobre el rechazo de los municipios a las medidas del gobierno, tanto el cambio al impuesto inmobiliario como los descuentos salariales, destacó que en Río Grande “fue una iniciativa del Concejo Deliberante a través de una ordenanza, por la que decidieron no adherir y no descontar al personal. Creo que es una medida inteligente”.

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